ONG PROPONE ROTACIÓN DE PROFESIONALES COMO ALTERNATIVA

Locales | 27 Abr La organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) presentó en Paysandú un informe referido a la Salud Sexual y Reproductiva y servicios de Aborto en Uruguay, enfocado en la realidad de Paysandú, Soriano y Río Negro.
Su principal referente y directora, Lilián Abracinskas, indicó a EL TELEGRAFO que MYSU lleva adelante desde el año 2007 un observatorio nacional en género y salud sexual y reproductiva que permite monitorear las políticas púbicas en la materia.
“Desde el año 2010 tanto en efectores públicos como mutuales tienen que estar incorporados la anticoncepción, el control de embarazo, las infecciones de transmisión sexual, la prevención de la violencia contra las mujeres, el aborto desde el 2012 y ahora la infertilidad, desde que fue aprobada la ley y reglamentada en febrero de 2015”, señaló.
En el año 2013 se realizó un estudio en Salto “y ahora queríamos terminar con el litoral, entonces cubrimos Paysandú, Río Negro y Soriano, con dos dispositivos. Uno de ellos fue un formulario de solicitud de información a las instituciones sobre las prestaciones en salud sexual y reproductiva, cómo estaban compuestos los equipos, si tenían todos los profesionales asignados. A su vez, la otra parte fue investigar si había una conexión entre las necesidades de las personas y los servicios que estaban disponibles”.
Los resultados de este estudio, así como las preocupaciones que se plantea MYSU a partir de ellos, fueron tratados en una serie de reuniones que se mantuvieron con diferentes actores de la salud, como “representantes de Comepa, de la red de atención primaria de ASSE, con la Dirección Departamental de Salud, así como con gente de la Intendencia de Paysandú”, detalló. Uno de los aspectos sobre los que se planteó la necesidad de actuar es la difusión de la disponibilidad de estos servicios. “Las autoridades sanitarias deberían poner mucho mayor énfasis en difundir que estas prestaciones están para que la gente que lo necesita recurra a ellas”, dijo Abracinskas.
Otro asunto que apareció durante el trabajo fue que “hay que trabajar mucho más en garantizar la confidencialidad de las consultas, porque hay una percepción, que no se puede corroborar --es una percepción de las mujeres encuestadas-- de que no están muy seguras de que si van a un servicio no se sepa la razón por la cual están consultando”, lo que, explicó, constituye un obstáculo para el acceso.

OBJECIONES
Sin embargo, el asunto más preocupante que señalaron es el elevado porcentaje de profesionales ginecólogos objetores de conciencia en el departamento.
“Supera largamente lo que es el promedio nacional, el Ministerio de Salud Pública ha hablado que hay un 30% de objetores de conciencia ginecólogos, pero el departamento de Paysandú tiene más del 80%. Solo tienen dos profesionales de la ginecología para todo el departamento dispuestos a hacer interrupciones voluntarias del embarazo”, dijo Abracinskas.
Para la organización, esta realidad constituye un problema en la medida que se desgastan los equipos que lo están haciendo. En segundo lugar, porque se sostiene el estigma sobre la práctica y tercero porque el sistema puede llegar a colapsar en la medida que más personas requieran de los servicios.
Abracinskas señaló que estos obstáculos “contribuyen a que pueda haber una práctica clandestina del aborto. Cuando hay práctica clandestina de una prestación de salud, el riesgo que esas personas conllevan es enorme. Nos parece que hay una serie de reflexiones y de modificaciones que habrá que hacer para que estos equipos, que son nuevos, sean fortalecidos, mejorados, más difundidos y usados”.

PLANTEOS
La directora de MYSU planteó a los actores de la salud que “hay que revisar y reorganizar las prestaciones, hay que difundirlas más, hay que promover que haya un mayor vínculo entre oferta y demanda, hay que trabajar mucho en la reflexión con los profesionales para hacer entender que el derecho a la objeción de conciencia es sin dudas un derecho, pero que esto no puede ir en detrimento del derecho a la salud de las personas”.
Abracinskas señaló que una forma de actuar frente a esta situación sería “buscar un justo equilibrio o redistribuir profesionales en el país o buscar la manera, porque de lo contrario habrá personas que quedarán por fuera de la ley, por fuera de un derecho consagrado y por lo tanto en riesgo de no tener una vida sexual protegida y sin consecuencias negativas, y el riesgo de salud que muchas veces tiene que ver con las prácticas inseguras”.
Agregó que en principio los 8.500 abortos legales del año pasado “están todavía lejos de las cifras estimadas en el 2003 de 33.000 abortos anuales, y la percepción de mucha gente es que el aborto clandestino sigue existiendo”.

OBJETORES
En el departamento de Paysandú hay 16 profesionales de ginecología, de los cuales 14 figuran como objetores de conciencia, lo que constituye un 87,3% de los recursos profesionales habilitados por ley para proveer el servicio.
En Río Negro hay siete profesionales de la ginecología, de los cuales 3 son objetores de conciencia, lo que constituye un 42,9%.