Opinion | 28 Abr Pese al marco de austeridad que pretende darle a su gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, el titular de esta cartera, Cr. Danilo Astori, y tras anunciar que uno de los proyectos que se podría revisar a efectos de manejar criteriosamente recursos del Estado, es el emblemático y cuestionado Antel Arena, a construirse en el predio del ex Cilindro Municipal de Montevideo, todo indica que la marcha atrás es más una expresión de deseos que un hecho.
Es que según da cuenta el semanario Búsqueda, lejos de acusar recibo de esta postura, Antel ha dispuesto seguir el cronograma de la construcción del faraónico proyecto, que responde a decisión de la expresidenta del organismo, Carolina Cosse, quien es hoy ministra de Industria, Energía y Minería, y por lo tanto trabaja en el equipo de gobierno en estrecha relación y coordinación con el ministerio madre, al fin de cuentas, que es el Economía y Finanzas, y naturalmente, a tono con las decisiones del presidente Tabaré Vázquez.
Debe tenerse presente que ya desde antes de asumir, Astori ha insistido en la necesidad de revisar inversiones y ser austero en el Presupuesto. Durante una reunión del Consejo de Ministros, el secretario de Estado anunció que habrá un mayor control de los viajes oficiales, y durante la transición había llamado la atención la cantidad de misiones al exterior que hubo en el anterior gobierno, algunas sin mayor justificación.
Astori puso sobre el tapete la discusión sobre si es oportuno construir el megaestadio Antel Arena (cuyo costo inicial calculado por el gobierno era U$S 40 millones). “No descarto la posibilidad de que haya un nuevo análisis, no me puedo negar a eso”, dijo el ministro de Economía.
La dimensión del gasto estatal parece una preocupación legítima de Astori, quien señaló que “una situación fiscal desequilibrada no solo puede neutralizar los objetivos que se plantearon para este período, sino que puede arruinar los avances realizados”. Y comentó que el gasto no podrá subir más de lo que lo haga el Producto Bruto Interno, que este año subiría 3%.
Empero, la empresa estatal sigue adelante como si nada con el emprendimiento, ya ha construido los cimientos, y existe en ejecución un cronograma de los trabajos, según indicaron fuentes de Antel al semanario Búsqueda, por lo que en el gobierno una mano parece no saber lo que hace la otra, o no quiere saber, hay descoordinación y confusión de objetivos, o en su defecto, no se está siendo sinceros con los uruguayos.
Esto es, diciendo por un lado lo que la ciudadanía quiere oír, pero contrariamente a lo que se manifiesta públicamente se siguen satisfaciendo determinados objetivos políticos, que nada tienen que ver con la austeridad.
Pero lo peor de todo es que además de un proyecto centralista por excelencia, es ilegal, inconstitucional y tiene varias observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, y a nadie en el gobierno frenteamplista se le mueve un pelo por ello.
En efecto, en agosto de 2013 el Tribunal de Cuentas dictaminó que el gobierno viola la Constitución, dos leyes, una ordenanza y una resolución del propio tribunal, ya que las empresas públicas tienen prohibido realizar actividades ajenas a su rubro, pero igualmente Antel siguió adelante con esta iniciativa para acometer un emprendimiento netamente municipal, sustituyendo por lo tanto con el dinero de todos los uruguayos una obra que solo deberían financiar los contribuyentes de la comuna capitalina.
Estamos, como suele ocurrir, a proyectos que responden a decisiones políticas y que en este caso hacen caso omiso al dictamen de un organismo de control como el Tribunal de Cuentas de la República, el mismo organismo al que suele recurrirse e invocarse cuando se cuestionan acciones o decisiones de autoridades que responden a otro partido.
A la vez, cuando se hacen oídos sordos a los organismos de control se corre el riesgo, como en este episodio, de anteponer a la legalidad hechos consumados. Todo emprendimiento debe desenvolverse con un mínimo de seguridad jurídica, y no es buena cosa que se firmen contratos, gaste dinero en proyectos y pago a empresas para concretar lo que ya nació bajo serios cuestionamientos legales. Ello implica además que se exponga al Estado a juicios por indemnizaciones a empresas privadas que resulten perjudicadas por estas marchas y contramarchas, y que el costo de estos entuertos deba correr por cuenta de todos los ciudadanos que aportamos al Estado.
Por si estos elementos fueran insuficientes --que creemos que no lo son-- en el caso del proyecto del Antel Arena se trata de una iniciativa sin ninguna razón de ser desde el punto de vista racional, porque no corresponde que un ente del Estado haga obras que nada tienen que ver con su función, y menos con fines políticos.
Ahora, estos elementos no son desconocidos para nadie que más o menos tenga una idea de como son las cosas en nuestro país, solo que hay intereses que pueden más que el interés general, porque os políticos siempre son permeables a presiones internas y externas de su partido, y hay riesgos que no se quieren afrontar para no remar contra la corriente.
Por lo pronto, en este caso estamos ante una obra faraónica con todas las letras, ilegal e inconstitucional, observada por el TCR, todo lo que para el partido de gobierno son malas palabras, pero el capricho de la expresidenta de Antel y actual ministra de Industrias sigue contra viento y marea. El doble criterio salta a la vista, para perjuicio --millonario en dólares-- de todos los uruguayos, en beneficio de Montevideo.