Opinion | 26 Abr A raíz de las denuncias públicas efectuadas en marzo de 2013 ante el mal olor y sabor del agua proveniente del río Santa Lucía, se abrió un abanico de polémicas que aún no cerró con resultados positivos. Sin embargo, los residentes de la zona debieron transitar por la habitual etapa de relativización y confrontación posterior con las autoridades de turno (OSE y Ministerio de Medio Ambiente), que finalizó en un reconocimiento de la existencia de contaminantes en el agua y en la falta de controles.
Cuando pasaron más de dos años de aquella denuncia, el jueves pasado una delegación de técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) recorrió 23 fábricas que vierten sus líquidos al Santa Lucía, para comprobar el cumplimiento de las medidas impuestas por el gobierno al vertido de efluentes, fundamentalmente nitrógeno y fósforo.
Las empresas sostienen cronogramas de obras que varían entre mayo y diciembre, no obstante al finalizar ese período, el ministerio se comprometió a aplicar multas.
Desde aquella frase del presidente de OSE, Milton Machado, quien sostuvo con seguridad que el agua afectada “no causa problemas a la salud”, pasando por la explicaciones del servicio de atención a cargo de las operadoras que recibían los llamados de los usuarios y argumentaban “problemas en la usina” mientras “trabajaban para solucionarlo”, hasta la última interpelación a la nueva titular ministerial, Eneida de León, ha corrido agua con efluentes sin tratamiento alguno debajo de ese puente.
Lo cierto es que la contaminación en su entorno se había vuelto un asunto de difícil resolución para una zona casi “intocable”. Ocurre que ese río asiste al 65% de la población total del país y desde su cuenca parte --al menos-- el 40% de las exportaciones. Significa también que una cuenca que contiene un alto porcentaje de la riqueza del país, no podía --no debía-- permanecer bajo entredichos políticos. No obstante, los habitantes del lugar saben con certeza las dificultades existentes para potabilizar un fluido que cada vez se vuelve más espeso.
El exceso de fósforo y nitrógeno que viene desde domicilios y diversos emprendimientos, tales como frigoríficos, tambos o agricultura altamente tecnificada, conspiró con los resultados que se vieron a trasluz en un vaso de agua.
Por otro lado, grupos de ambientalistas de la región y ciudadanos comunes se movilizaron ayer en Tacuarembó contra la megaminería a cielo abierto, la fractura hidráulica y en defensa del agua. Las comunidades pequeñas salen a las calles a favor de sus entornos y dejan al desnudo la preocupación civil que revela una cadena de omisiones durante largo tiempo.
Confirma además que mientras el Estado se asocie a privados y no ejerza controles, demostrará que Uruguay seguirá transitando por el camino opuesto al que recurren otros países que aplican restricciones y lo enmarcan en el derecho ambiental.
El resultado es que hoy, en nuestro país, no hay un solo curso de agua que permanezca libre de contaminación.