Opinion | 25 Abr En febrero último, desde esta página editorial, advertíamos que el nuevo gobierno habría de asumir el 1º de marzo con una serie de condicionamientos en materia económica y financiera, uno de cuyos principales componentes sin dudas es la estructura del gasto rígido del Estado, es decir de necesidades impostergables de contar con dinero en determinado plazo para hacer frente a compromisos ineludibles, como es el caso de los salarios y las pasividades, con el agregado de que los egresos corrientes aumentan a un ritmo mayor al crecimiento de largo plazo de la economía.
Los economistas Horacio Baffico y Gustavo Michelin advertían entonces por su lado que las cuentas del sector público arrojaron un déficit equivalente al 3,5% del PBI al cabo del año 2014, lo que equivale a un aumento de más de un punto porcentual respecto al año anterior y constituye el negativo más abultado desde el año 2002, en plena crisis.
Evaluaban asimismo los economistas citados que los egresos corrientes aumentan a un ritmo mayor al crecimiento de largo plazo de la economía, lo que impone restricción al nuevo gobierno.
Bueno, estos elementos han sido precisamente tema de exhaustivo análisis desde la asunción el 1º de marzo por el nuevo equipo económico de gobierno, que encabeza el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, porque evidentemente el legado de la anterior administración --durante la cual el economista ocupaba la vicepresidencia de la República--, de abultado déficit fiscal y gasto rígido, debe solventarse a través de una recaudación complicada porque la economía no está funcionando de la misma manera. Las condiciones internacionales han cambiado, sobre todo la cotización de los commodities, y por ejemplo, con una soja que llegó a estar a 500 dólares la tonelada y hoy apenas alcanza a 350.
En la evaluación anterior al 1º de marzo los reputados analistas indicaban que si bien en el corto plazo la situación es manejable, no es sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta que la estructura de vencimientos por el pago de obligaciones no es apremiante, el acceso al financiamiento sigue siendo fluido gracias al grado inversor recuperado, y se cuenta con un nivel de reservas que llegado el caso permitiría hacer frente a compromisos de corto plazo.
Pero este panorama puede cambiar rápidamente y de no implementar correctivos y seguir el déficit en niveles elevados, el gobierno deberá recurrir a un incremento del endeudamiento, lo que puede afectar negativamente la percepción de las calificadoras sobre la sostenibilidad futura de esa deuda, por ende la calificación actual.
Como es sabido, se avecina para el nuevo gobierno el tratamiento del Presupuesto Quinquenal de Gastos e Inversiones, que pautan la impronta de la gestión de la Administración Vázquez, y por lo tanto la estructura que se dará a esta ley madre debe tener en cuenta este escenario y compatibilizar la disponibilidad con los requerimientos, sobre todo de funcionarios públicos cuyos gremios tradicionalmente se vienen encima por estas fechas con reclamos acompañados de medidas de fuerza, para obtener la mayor tajada posible del presupuesto.
Sobre el fin de la Administración de José Mujica, aumentaron los gastos primarios corrientes, es decir salarios, pasividades, gastos no personales y transferencias. En su conjunto, estas partidas se incrementaron en 2,5 puntos del PBI respecto al último año de la administración anterior y 0,4 puntos en el último año. Por sus propias características, se trata de rubros muy rígidos que restan margen de maniobra al manejo del gasto.
Ahora claro, cuando se elabora un nuevo presupuesto, no es de esperar que el ministro de Economía muestre todas sus cartas, y sobre todo dirá solo lo que le interesa decir, en cuanto a generar expectativas que no resulten desalentadoras para los inversores y los agentes económicos, y en este sentido es compartible el mensaje de austeridad que ha tratado de enviar a los sindicatos y hacia adentro de la fuerza de gobierno, aunque los resultados de sus apelaciones no sean en principio positivos, de acuerdo a lo que ha trascendido desde la dirigencia sindical, que ya está presionando por reivindicaciones en el presupuesto.
Astori igualmente sigue sin dar pistas respecto a cuál es la meta de déficit para las cuentas públicas que el gobierno establecerá y deja entrever que objetivos como el 6% del Producto Bruto Interno para la educación --en el que hacen hincapié los gremios del sector-- no están totalmente garantizados.
El miércoles el presidente Tabaré Vázquez reunió durante seis horas a su gabinete en la residencia de Suárez y Reyes y Astori les transmitió a sus colegas “insistentemente” que el ancla del programa económico es el programa fiscal. Se cuidó de enfatizar que el gobierno tiene la voluntad de cumplir sus promesas electorales pero advirtió que “nuestro programa indica que tenemos que ir tendiendo a ese porcentaje del producto (para la educación), eso es lo que vamos a hacer, tender en este presupuesto”. Y agregó que “si llegamos o no al final del período lo veremos, haremos todo lo posible”.
El ministro señaló que “vamos a tener que definir prioridades” y que el programa frenteamplista marca que entre éstas figuran la educación, el Sistema Nacional de Cuidados, la seguridad pública y la salud.
El jefe del equipo económico va a tener que hilar muy fino para lidiar con los voluntarismos y los reclamos airados, ante necesidades insatisfechas que han quedado pendientes pese a que durante diez años el Uruguay gozó de uno de los períodos más favorables de que se tenga memoria en el escenario internacional, y solo comprometer lo que se pueda otorgar en el marco de la rigidez del gasto e ingresos muy condicionados.
Tendrá que ser austero --cosa que no fueron los dos gobiernos anteriores-- y a la vez sujetar el gasto a resultados, para no seguir arrojando dinero a un barril sin fondo.