JORGE LEDESMA

Locales | 29 Abr La bancarización del sistema a través de la denominada Ley de Inclusión Financiera es una iniciativa positiva, que tiende a combatir la evasión fiscal y apunta a la formalización, pero todavía no hay una incorporación masiva de los pequeños empresarios, según evaluó el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP), Jorge Ledesma. Además, acotó que se debe hacer un seguimiento y buscar que los emisores de tarjetas no favorezcan al comercio grande en desmedro del más pequeño a través de las promociones y los aranceles.
Ledesma sostuvo que “se trata de un instrumento nuevo, tanto para el usuario como para el empresario que no lo tenía incorporado, y sin dudas que éste es un poco reticente.
No obstante, se viene dando un aumento gradual del uso de esos instrumentos, que en definitiva está dado por la deducción de IVA. Probablemente se extenderán los plazos, y eso hará que la gente de a poco le vaya perdiendo el miedo, tanto usuarios como empresarios. Son instrumentos que se van a terminar incorporando porque es una decisión que ya está adoptada e instrumentada, aunque aún haya algún cuestionamiento”, señaló.
Indicó que el instrumento es cuestionado por la Cámara Nacional de Comercio, “que tiene una postura bastante contraria a la ley, y mantiene esa posición por más que se está aplicando y los comercios adheridos a la Cámara lo trabajan”.
Acotó que “entendemos que el instrumento permite al comercio minorista estar actualizado para estar a tono, para desarrollarse. No vemos tan negativa la parte operativa, más allá de que hay algunas cosas que conviene analizar en profundidad, lo que todavía no hemos evaluado, en la medida en que no se han dado casos muy específicos”.

FORMALIZACIÓN COMO OBJETIVO
“Pero en la operativa, entendemos que es un instrumento bueno y que puede ayudar al desarrollo de las empresas”, aunque reconoció que, sin dudas, el objetivo de la ley es reducir la evasión. En todos los países la evasión es un aspecto complejo, que atenta contra las finanzas públicas y contra todos, porque no permite recaudar para la redistribución”, consideró.
Reafirmó que “apunta a tener blanqueado todo el sistema. No sé si se va a lograr en su totalidad, pero apunta a eso”, y destacó que el uso de tarjetas en todas las operaciones, incluyendo la de débito, “se empieza ya a percibir como algo más cómodo. Claro, es un cambio bastante importante, porque para el que manejó siempre efectivo, cambiar de un día para otro a la tarjeta significa un cambio, pero el efectivo no va a desaparecer”.
“Nosotros no defendemos empresas que no se atengan a las normas legales, a las leyes hay que cumplirlas y aquella empresa que no lo hace, sabe a qué se expone”, puntualizó.
A la vez, indicó que las organizaciones empresariales y el Centro Comercial, en particular, tienen reparos en lo que refiere a las exenciones y descuentos que otorgan las tarjetas a las grandes corporaciones.

SEGUIMIENTO
“Dijimos, en su momento, que es un instrumento beneficioso, pero hay que hacerle un buen seguimiento porque las tarjetas ahora pasan a tener toda la información. No nos queda cómodo que las grandes empresas que venden con tarjeta hoy sean las que mejor negocian descuentos y promociones con las emisoras de las tarjetas. En la legislatura anterior, habíamos presentado un proyecto de ley para regular ese tipo de situaciones, que quedó solo con media sanción y no pudo avanzar más”, explicó.
Acotó que se hicieron gestiones “para que no se archivara, que era lo que iba a ocurrir si no se aprobaba antes del 15 de febrero. Hay un plazo, que ya está para terminar, para ver si se puede desarchivar, para ser tratado como prioritario. Hicimos algunos contactos, pero eso no está dentro de las prioridades que esta legislatura quiere promover, y por tanto vamos a tener que estar atentos a lo que es la Ley de Competitividad, para ver si podemos incorporar a esa ley aquel proyecto que habíamos presentado”.
Subrayó que los descuentos y condiciones especiales que ofrecen las tarjetas a los grandes emprendimientos dejan en inferioridad de condiciones a los comercios más pequeños, “y además están los aranceles que les otorgan las emisoras a las grandes empresas, que son diferentes a los del pequeño comercio. Siempre se está utilizando al pequeño para que subsidie al grande”.
“Mediante esta ley promovíamos que los aranceles sean similares, que no hubiera una diferencia mayor a un uno por ciento entre el grande y el chico. Hoy la diferencia está mucho más marcada, porque hay comercios que trabajan con aranceles muy bajos y otros con aranceles muy altos. Hay una brecha de un siete o un ocho por ciento entre unos y otros, y no podemos dejar que se de ese tipo de desventajas. Por eso tenemos que estar atentos a cómo se viene desarrollando, hacer un seguimiento y seguir trabajando en la propuesta de este proyecto de ley”, explicó.