Nacionales | 27 Abr El Banco de Seguros del Estado (BSE) detectó una sobrevaluación en las tasaciones de los vehículos siniestrados y separó del cargo y sumarió a todos los peritos, incluido el jefe del área. El directorio evaluará enviar el caso a la Justicia una vez que finalicen los sumarios.
La maniobra, que causa revuelo en la institución desde hace un tiempo y que podría revelar una trama de corrupción en la institución, fue detectada por un aumento del costo siniestral, un indicador que el BSE mide periódicamente y que si se distorsiona, es porque hay irregularidades.
El directorio decidió, en consecuencia, iniciar una investigación, primero interna y después externa, que reveló que había presupuestos que estaban inflados entre 100% y hasta 200%. Si bien no es lo mismo realizar una tasación a través de fotos, como lo hicieron las empresas externas contratadas, que en vivo, donde se ve bien el daño de cada pieza del vehículo, el desfasaje entre los presupuestos podría ser, a lo sumo, del 20%.
Peritos consultados por El País opinaron que un desfasaje del 100% y hasta 200% podría tener “otros condimentos”. “Hay que tener en cuenta que es una tarea artesanal y que siempre hay variaciones en las tasaciones. Si bien hay un guarismo de horas, la realidad es que siempre varían. Por eso si la diferencia es de 10%, 20% o hasta 30% se puede discutir, pero no cuando la diferencia es tan grande”, explicó la fuente.
Mientras transcurre el sumario, que le dará la oportunidad a los siete funcionarios de defenderse y explicar lo ocurrido, el directorio del BSE decidió separarlos del cargo, lo que trajo aparejado que la tarea quedara descubierta y que varios socios se vieran afectados por la falta de peritos.
De hecho, hay personas que esperan desde hace más de un mes que le coticen el arreglo de su coche para comenzar con la reparación. El cuello de botella comenzó a solucionarse lentamente después de que el directorio del banco votara por mayoría --el único en contra fue el representante de la oposición Alberto Martín Iglesias-- contratar a la empresa ADA (Apoyo al Departamento de Automóviles) para que se haga cargo de las tasaciones.
ADA brinda, desde hace 18 años, el servicio de recepción de denuncias de siniestros en exclusiva al BSE y es la que llega al lugar de los hechos para hacer el parte. De hecho, surgió luego de que un grupo de firmas dedicadas al área de seguridad ganara la licitación para hacer los partes de la aseguradora estatal.
Según dijo una fuente jerárquica del BSE, la firma, que no tenía experiencia en tasaciones y que debió prepararse para ello, ha tenido “un buen desempeño” y el directorio decidió contratar el servicio hasta que termine el sumario a los peritos.

FONDES APOYÓ 28 PROYECTOS CON U$S 70 MILLONES
El Fondo de Desarrollo (Fondes), la creación del expresidente José Mujica dirigida desde la Torre Ejecutiva para apoyar con dinero público a empresas cooperativas, comprometió entre 2011 y el 28 de febrero de 2014 un total de U$S 70.286.367 en 28 proyectos con 2.218 empleados.
Si se calcula el préstamo a las empresas por cada trabajador, el ranking lo encabeza Envidrio (ex Cristalerías) con U$S 117.347 per cápita (recibió U$S 11.500.000 y tenía 98 empleados).
Funsacoop (ex Funsa) recibió del Fondes U$S 6.046.500, hoy factura más de U$S 10.000.000 y es tal vez el ejemplo más exitoso de empresa recuperada, aunque tiene una fuerte dependencia de Venezuela, hacia donde exporta el 85% de su producción. También de ese mercado depende Urutransfor, empresa recuperada que recibió U$S 3.000.000 del Fondes.
El fracaso más notorio es la imprenta Pressur, en Nueva Helvecia, donde el Estado prestó y perdió un total de U$S 6.000.000. El Fondes apoyó 28 de 52 proyectos que recibió. De ellos, dos fueron declarados inviables, otros dos cesaron actividades luego de recibir el préstamo (un total de U$S 7.000.000) y el resto pelea su sobrevivencia día tras día, aunque nueve cooperativas han incrementado su plantilla de trabajadores.
Al menos siete de las 28 empresas que tienen préstamos del Fondes lograron exportar sus productos en 2014, según datos de Aduanas a los que accedió El País. Estas son: Envidrio (U$S 1.726.149), Textil Puerto Sauce (ex Agolan, por U$S 110.051), Cotrapay (ex Paylana, por U$S 1.069.343), Contraydi (U$S 8.383), CTC (ex Metzen y Sena, por U$S 701.974), Funsacoop (U$S 8.089.030) y Urutransfor (U$S 3.450.872).
Según El País, la mayoría de los mercados compradores son países de la región. Solamente Cotrapay logró colocar mercadería más allá de América Latina (en China, Lituania, Hong Kong, Francia y Estados Unidos) y CTC vendió a Estados Unidos, aunque poca producción.

HAY 140 ACCIDENTES LABORALES POR DÍA
Según un informe del Ministerio de Trabajo, basado en cifras del Banco de Seguros del Estado (BSE), en 2014 los accidentes laborales volvieron a descender, aunque en menor cantidad que la registrada entre 2012 y 2013; en total hubo 544 casos menos.
Los registros de los últimos años muestran que en 2011 hubo un total de 54.000 accidentes laborales en todo el país, en 2012 la cifra se ubicó en 53.000, en 2013 bajó a 51.730 y en el último año totalizó 51.186 accidentes. El estudio marca, como complemento, que si se analiza la relación entre accidentalidad total y la cantidad de trabajadores ocupados, también se observa un descenso, algo que viene ocurriendo desde 2011.
Los registros de la cartera de Trabajo y Seguridad Social marcan que en 2014, el 47,5% de los accidentes ocurrió en Montevideo, y el resto en el Interior, siendo Canelones, Maldonado y Colonia los departamentos que siguieron a la capital en cuanto a cantidad de siniestros ocurridos. Al analizar la distribución de accidentes según grupos de actividad, se aprecia que el 15,1% del total se produjo en el ramo “comercio en general”, seguido por el 14,3% ocurrido en la industria de la construcción y actividades complementarias, y luego los servicios profesionales, técnicos y especializados, con 9%. Ganadería, agricultura y actividades conexas sumaron el 7,6% y servicios de salud y anexos el 6,5%.
En las empresas públicas hubo 893 accidentes laborales, que implicó un 2% del total y en “servicios de enseñanza” se contabilizaron 462 casos, que corresponden a un 1%, mientras que el resto de las áreas se dividió en porcentajes menores. En tanto, al cierre de 2014 el Sunca había informado que en el correr del año habían fallecido 12 trabajadores de la construcción en accidentes laborales.

EXONERACIÓN EN MALDONADO IMPACTARÁ EN OSE
El directorio de la empresa pública comunicó al sindicato la semana pasada que es probable que la decisión del Poder Ejecutivo de exonerar a los usuarios de Maldonado de la tarifa hasta que se resuelvan los problemas de calidad repercutirá en las finanzas del ente. Carlos Sosa, presidente del sindicato de OSE, confirmó la información a El País y dijo que el directorio decidió eliminar el piso de $21.364 que tenían las remuneraciones de los trabajadores tercerizados, que son alrededor de 1.000. Ahora ese piso ya no existirá, lo que parece evidenciar la voluntad de OSE de controlar sus erogaciones.
El sindicato rechazó un planteo del directorio que apuntaba a introducir como criterio para establecer remuneraciones variables la calidad del agua. Sosa explicó que el sindicato entiende que los trabajadores no son responsables de las fuentes de agua que OSE selecciona.
El expresidente de OSE, Daoiz Uriarte, agregó que la empresa pública cuenta con reservas y acceso a créditos y que tiene la capacidad financiera para absorber exoneraciones tarifarias, como la que se concedió a Maldonado, siempre que sean por un margen acotado de tiempo, como ocurrió cuando en 2007 la ciudad de Durazno sufrió graves inundaciones. Una forma de mejorar las cuentas de OSE sería reducir la cantidad de agua producida y no facturada que hoy está en el 49,5% cuando el porcentaje aceptado en los países desarrollados es del 23%. Sin embargo, Uriarte cree que sería un proceso lento y caro.
Sosa, en tanto, advierte que “hace tiempo que avisamos que había que cuidar el agua y que había costos que se iban a trasladar a las tarifas".
"Esto va a repercutir en la economía de la gente, que deberá comprar filtros y agua embotellada. Se deberían haber tomado recaudos y no se tomaron”, dijo el sindicalista.