Opinion | 27 Abr Pese a que está ausente en los planteos de la dirigencia sindical, y desde el gobierno no se han enviado todavía señales serias en cuanto a abordar el tema en toda su entidad, es a todas luces una necesidad que Uruguay aumente la productividad, como una forma genuina de reducir costos, incidiendo positivamente en la competitividad de los productos de exportación y contribuyendo a contener la inflación, nada menos.
No hace mucho dábamos cuenta de que un estudio del Banco Mundial indica que la contribución del capital humano al crecimiento que ha tenido Uruguay, sobre todo en la última década, ha sido muy baja, según la evaluación que formuló a la revista Búsqueda el director regional del organismo, Jesko Hentschel, al analizar el panorama que se abre en nuestro país para el nuevo gobierno.
Y no se trata solo de la asunción de las nuevas autoridades, por supuesto, sino de los retos que se abren por temas pendientes y los que surgen a partir de un escenario internacional que tiende a cambiar, con precios de commodities estancados o en baja, con los competidores pugnando por desalojarnos de los mercados y sin que tengamos tratados preferenciales para compensar este desfasaje.
El director del BM sostuvo que si bien Uruguay es hoy un país mucho más moderno y fuerte, con logros económicos y sociales en años recientes, hay desafíos que es preciso abordar. Y señaló que en un período en que no hay tanto viento de cola, “el empuje por la productividad y el crecimiento en el futuro es aún más grande”.
Destacó que se haya cambiado el eje de la discusión desde su anterior visita, pues en aquella oportunidad se estaban discutiendo políticas sociales, pero ahora la discusión pasa por otros parámetros, como la universalización del sistema de salud, en tanto se ha puesto de manifiesto una dinámica económica que ha sido acompañada de la diversificación de las exportaciones y un aumento de la productividad del sector agrícola.
Sin embargo, hay aspectos que no han acompañado estos cambios positivos, empezando por el escenario internacional, a lo que se agregan planteos difíciles en lo interno, como es el caso de la situación demográfica, y en el plano de la educación, la gran deserción y la movilidad educativa. Estos aspectos son perdidos de vista ante las urgencias, los cortoplacismos y los tironeos sectoriales por contar con más recursos, como acontece cada vez que surge una instancia presupuestal como la que se aproxima, en el caso de los gremios del Estado.
Por lo tanto, bien cabe la reflexión del jerarca del Banco Mundial, quien dijo que “otro desafío es elevar la competencia y la competitividad. Si comparamos la contribución de la productividad total al crecimiento en Uruguay con otros países, esta no es alta. Es necesario empujar la innovación a través de una mayor competencia, lo que tiene mucho que ver con las regulaciones anticompetencia y fomentar la competencia público y privada.
El punto es continuar aumentando la eficiencia, también en las empresas públicas, mejorando las reglas y la institucionalidad”.
Estas apreciaciones están en sintonía con argumentos que hemos expuesto reiteradamente en esta página editorial, que conllevan una puesta al día respecto a cambios en el escenario que se ha dado en el país en los últimos años, donde se han registrado fuertes transferencias entre sectores, y no necesariamente para favorecer a los que realmente contribuyen a dinamizar la economía, si se tiene en cuenta que desde actividades de riesgo en el sector privado se han fortalecido remuneraciones en la burocracia del Estado, y no se han volcado recursos suficientes para apuntalar infraestructura.
El reacomodamiento ha disimulado desigualdades en redistribución por las exportaciones de productos primarios, pero al cesar o atenuarse el viento a favor en las condiciones internacionales, ya no se pueden seguir disfrazando los altos costos internos, empezando por los salarios que se han incrementado sustancialmente en dólares, conjugados con la fuerte carga tributaria y los altos costos de insumos y energía, entre otros aspectos.
Ello indica que se ha constreñido el margen de maniobra para abaratar costos de producción, mientras por el lado de la inflación se reduce sustancialmente el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, los más afectados por el aumento en los precios de los alimentos. Y tal como están planteados los esquemas estructurales no es fácil reducir el costo país para las empresas mediante rebaja de cargas e impuestos con los gastos rígidos que han incorporado los dos últimos gobiernos.
Desarrollar una gestión del Estado por un gobierno austero que reduzca el gasto público es ya una condición sine qua non, porque es impensable seguir aumentado impuestos, y lo que queda pendiente es apuntar seriamente a la productividad, que es un parámetro en el que se podría trabajar con muy buenas posibilidades, si no fuera porque los sindicatos están decididamente en contra de hacerlo.
Por el contrario, planteos ya recurrentes del Pit Cnt se han centrado en reducir la jornada laboral, lo que es precisamente lo contrario a lo que requiere el país: producir más bienes a menores costos para mejorar la competitividad de exportación y al mismo tiempo competir con los productos similares que ingresan desde el exterior. Mientras, desde los gremios de funcionarios del Estado se pugna por incluir en el próximo presupuesto más beneficios, siempre a costa del sector privado.
La productividad significa tecnología actualizada en los centros de producción de bienes y servicios, mano de obra capacitada, coordinación, mejor gestión, logística a tono con los requerimientos y una escala de volumen suficiente para abaratar la cadena de producción cuando salga el producto terminado, con el funcionamiento de un esquema armonioso capital-trabajo, que a la vez permita potenciar ventajas comparativas y minimizar aspectos negativos, lo que se traduciría en contar con precios de bienes y servicios más accesibles, entre otros insumos, lo que indica la necesidad de poner cuanto antes manos a la obra en esta dirección.