Opinion | 28 Abr Se desarrolló este fin de semana en Termas de Almirón la 6ª Fiesta Nacional de la Semilla Criolla y la Agricultura Familiar, y en el 7º Encuentro Nacional de Productores de Semillas Criollas que reunió a productores vinculados a la Red de Semillas o a la Red de Agroecología, investigadores y ambientalistas.
Históricamente, mujeres y hombres de comunidades rurales de todas las regiones del mundo, han sido los encargados de recolectar y conservar las semillas para asegurar su reproducción y la calidad de los alimentos que consumían. En el mundo actual, globalizado e impactado por sistemas de producción intensiva y los cultivos transgénicos, existen aún familias y grupos de productores interesados en mantener la supervivencia de las semillas criollas, en su protección como forma de mantenimiento de diversidad y traspasando el conocimiento hacia las nuevas generaciones.
Es un tema vinculado con la protección de la biodiversidad y soberanía alimentaria, pero también vinculado a lo cultural no solo porque todo hacer humano forma parte de la cultura, sino porque además se vincula a las tradiciones productivas y alimenticias que hacen a la identidad de los pueblos.
Desde hace algunos años los productores trabajan por ganar mayor espacio en el marco de las políticas públicas de fomento, investigación y divulgación para los sistemas de producción sustentables. A ese trabajo se ha sumado el inicio de investigaciones académicas y acciones gubernamentales. A modo de ejemplo, cabe señalar el caso de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que a través de la División de Biodiversidad trabaja junto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en un estudio de base para el desarrollo de una estrategia nacional de conservación de semillas criollas en Uruguay con el objetivo de diseñar políticas de conservación y uso sustentable de las mismas.
Nuestro país también ha ratificado convenios internacionales sobre diversidad biológica promovidos por Naciones Unidas con la finalidad de regular el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, al tiempo de establecer derechos generales de participación en los beneficios derivados de su utilización.
En este sentido, es importante señalar el avance que representa que estos temas, históricamente impulsados con gran esfuerzo por colectivos formados en torno a la defensa de los bienes naturales como grupos ambientalistas y de productores, comiencen a ser incluidos en el ámbito jurídico y en las líneas de trabajo de los organismos públicos para que en el futuro próximo sean parte de nuestras políticas públicas, lo que representará contribución importante para el desarrollo sostenible.