CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES EN MONTEVIDEO

Locales | 30 Abr Decenas de miles de toneladas de azúcar ingresaron al país en los últimos dos años, además de las que importan tradicionalmente Azucarlito y ALUR, los dos ingenios azucareros de Uruguay, que traen el azúcar cruda desde Brasil y es industrializada en Paysandú y Bella Unión, e ingresan normalmente por el puerto de Paysandú y por la frontera en Bella Unión. Esta fuente de trabajo para unos 200 sanduceros (y un número mayor de artiguenses) puede “complicarse”, reconoció Miguel Fraschini, director gerente de Azucarlito a EL TELEGRAFO. Dijo que de mantenerse esta situación de mercado, donde se redujo la venta de azúcar procesada en Uruguay por la refinada importada, puede llegarse al extremo no deseado de que la industria sanducera “tendrá que buscar alguna forma de reconversión o que pase a ser meramente importadora de azúcar ya refinada para el mercado interno”, al no poder mantener los costos de tener un ingenio azucarero funcionando.
Es que en los últimos años ha ingresado azúcar refinado que pasó por la frontera en Fray Bentos, Rivera, Aceguá, Chuy y Río Branco con destino a importadores tanto para la industria como para el consumo, según se desprende del Documento Único Aduanero (DUA) que declara cada empresa que importa productos a Uruguay.
En el caso del azúcar, las principales empresas importadoras son F. Pache Industrial y Comercial S.A., Inancor S.A., Mimfer S.A, Montevideo Refrescos y hasta el Frigorífico Tacuarembó. En estos tres últimos casos el azúcar declarada es para la industria, mientras que las dos primeras empresas han importado tanto para industria como para consumo, según pudo confirmar EL TELEGRAFO en la documentación de la Dirección Nacional de Aduanas. Uruguay consume unas 110.000 toneladas de azúcar cada año.

AZÚCAR Y PETRÓLEO
El azúcar que importan las dos industrias uruguayas que refinan y venden para el consumo familiar, llega exenta del arancel (recargo) del 35% que rige por ley desde 2000 y que se creó para proteger la industria nacional. También están exentos del arancel quienes importan azúcar para la industria, que comprende por ejemplo a las embotelladoras de refrescos y otras industrias cuya base es ese producto. Pero quien quiera importar azúcar para su venta al público, como azúcar de consumo, debe pagar el arancel del 35% y además cumplir con los estándares de calidad que ya están establecidos a nivel internacional, y que en nuestro país es controlado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
La coyuntura internacional de los precios del azúcar --vinculados también a la baja del precio del petróleo-- hacen que la tonelada de azúcar refinado, incluso no necesariamente en los estándares exigidos para el consumo en Uruguay, tengan precios que --aun considerando el arancel del 35%-- compiten directamente con el azúcar refinado por las dos industrias nacionales.
“El azúcar importado para consumo llega a un valor muy competitivo”, reconoció el director gerente de Azucarlito, especificando que “hay que ver si la calidad del azúcar es como para el consumo, porque la venta de azúcar en Uruguay está pautada por especificaciones de un estándar mundial, y en Uruguay la bromatología la hace el LATU”, y entiende que “con esos precios de costo, es difícil que la calidad sea la exigida”. Dijo que muchas veces los canales de venta son los comercios periféricos o incluso no registrados e informales, donde aun se vende azúcar fraccionada, por lo que los clientes no saben qué producto están comprando ni qué origen tiene. “No se ve azúcar refinada importada en los supermercados o los comercios formales”, comentó. Además, los importadores “traen el azúcar de donde más le convenga, tanto de Argentina como de Brasil”, por lo que ni siquiera tiene una calidad estándar, sino que depende de cómo es refinada.
Por otra parte, las importaciones, sean de azúcar refinado para industria como para la venta al público, las hace un importador con un trámite de necesidad que se gestiona en el Ministerio de Industria, pero en definitiva el depósito donde se guarda es el mismo. “Es como si fuera una zona franca”, ejemplificó Fraschini, ya que se acumula todo el azúcar.
Además de la calidad a la que se llega según el proceso que se hace en la fábrica, otro de los problemas es que el azúcar que se importa “viene en bolsas de 50 kilos, cuando la legislación uruguaya establece que el máximo que se puede envasar para no afectar la salud de los trabajadores, son bolsas de 25 kilos”, lo que claramente no se cumple al llegar a los depósitos uruguayos con el doble de peso.

“SITUACIÓN COMPLICADA”
“Estamos en una situación complicada”, dijo Fraschini, “y hablamos de cuidar la fuente de trabajo”. Estos temas fueron planteados ya varias veces por los dos ingenios azucareros (uno de ellos además propiedad del Estado) y se trató específicamente en una reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo con dos representantes de la empresa sanducera, Miguel Fraschini y Raúl Cancelo, representantes de la directiva del sindicato de trabajadores de Azucarlito (Aeyoria) y dos representantes del ministerio.
Allí se analizó la situación y se consideró que si bien ese ministerio no puede aportar soluciones directas ya que no se trata de un diferendo entre los trabajadores y la empresa, puede ser un elemento clave a la hora de exigir al gobierno el cumplimiento de otras leyes de protección a los trabajadores, como es el hecho del manejo de la bolsa de 50 kilos. El tema también fue planteado por los empresarios a la Dirección Nacional de Industrias del ministerio homónimo, reclamando esa irregularidad en el embolsado, así como también se planteó la inquietud en cuanto a los estándares de calidad del azúcar importada, y saber si --como se les exige a las dos empresas nacionales-- el grado de refinación es el mismo que cumplen las marcas Azucarlito y Bella Unión.
Si bien la legislación es clara sobre cómo debe comercializarse el azúcar en el mercado interno y para el consumo de la población, la norma exige por ejemplo la calidad mínima, pero si no se cumple no hay una pena especificada en la normativa, por lo que los incumplimientos pueden quedar en no más allá que una amonestación sin penalización.