Rurales | 30 Abr La Comisión de Seguridad Rural de Paysandú recibió a los representantes del Poder Judicial, doctores Fernando Islas (juez) y Carlos Motta (fiscal), quienes explicaron detalles del nuevo Código de Proceso Penal e informaron de acciones con el Poder Judicial.
En el caso del delito de abigeato, indicaron que “el procesamiento depende de los antecedentes judiciales del implicado, de la cantidad de animales sustraídos y de la gravedad del hecho, de la alarma que cause y del perfil a reincidir que posea el infractor”, aclarando que en estos casos “la sentencia debe ser un mensaje claro al resto de la sociedad”. En cuanto al Código del Proceso Penal, de acuerdo con lo que sostiene la Comisión de Seguridad local a través de un comunicado remitido a EL TELEGRAFO, “el código actual es del año 80 y Uruguay se inscribe dentro de los países que están reformando los códigos procesales penales”. Precisan que el código actual “es inquisitorio, mientras que el nuevo será acusatorio. En la actualidad, el fiscal se incorpora tarde al proceso, en el nuevo, los procedimientos a adoptar deben implicar la presencia del fiscal desde el comienzo”.
En la “formalización” se reúnen elementos de prueba y el fiscal informa al juez. “Así se inicia la investigación judicial, con audiencia indagatoria. Luego hay una investigación penal del caso”. Agregan que el fiscal “luego acusa y solicita la condena. La defensa hace sus descargos, como el proceso civil actual y el implicado también”.
“Si hay controversión con el fiscal, el juez estudia el caso y, en un plazo determinado, realiza la condena o la absolución”, acotan desde la comisión local. Se aclara que la prisión preventiva, que se equivale al procesamiento de hoy, “será una medida cautelar, que puede no ser adoptada o puede ser revocada si no existen las causas que la justifiquen”. Esa medida será posible en dos ocasiones: “para verificar identidad y cuando es flagrante delito, dónde la estructura del proceso será en 48 horas”. Sostienen que “será un juicio oral y público, y el ciudadano puede controlar el proceso. La víctima tendrá una participación en dicho proceso”, advirtiéndose que “es posible que se pierda el factor sorpresa”. Por otra parte, desde la Comisión de Seguridad Rural de Paysandú se informa que “está coordinada la actividad a llevarse a cabo con el Poder Judicial, para realizar una sensibilización y capacitación sobre temas inherentes al abigeato”.

AUMENTO DE DENUNCIAS
El encargado de la Brigada Especial de Prevención y Represión al Abigeato (Bepra), Jony Paiva, informó en la reunión que “existe un aumento del número de denuncias”, que se incentiva por parte de esta Comisión “para focalizar el trabajo de la Policía”.
Precisó que “hay un aumento de hechos aclarados, tanto en abigeato como en faltantes de ganado. Los hechos se consideran aclarados cuando hay procesamientos o resarcimiento del daño”.
Paralelamente, se informa que “las seccionales 4ª y 6ª tienen el 66% de las denuncias por abigeato” que se realizan en el departamento. En cuanto a los faltantes, la distribución es distinta, “con mayor incidencia en la seccional 12ª”, reiterándose los casos en que “aparecen los animales faltantes y no se avisa a la Policía para darlos de baja”. En otro orden, se anunció el nombramiento de Caracé Rodríguez en la Dirección de Contralor de Semovientes (Dicose), con asiento en Tacuarembó, que estará presente también en Paysandú. “La idea en el futuro es proceder de otra forma con los animales en la calle”.

SIN RECURSOS
El jefe de Policía, insp. Ppal. (R) Alberto González Ríos participó por primera vez de la reunión de comisión local. Allí manifestó en cuanto al planteo de los destacamentos de campaña que “no existen recursos humanos para cubrirlos”. En ese sentido la Bepra estará destinada al patrullaje de las zonas rurales, “por lo que está previsto agregar dos efectivos adicionales a esa brigada”. Incluso se indicó que “se ofrece el apoyo de productores para la reactivación de algún destacamento que se considere estratégico para prevención y vigilancia. Queda pendiente la forma de implementar esta idea”, acota el comunicado.
“La estrategia actual será cubrir las necesidades administrativas en forma ajustada y luego hacer énfasis en el patrullaje como acción preventiva del delito”, dijo. En la oportunidad, expresó que “hay 30 vacantes y que en 4 o 5 meses estarán ingresando policías para cubrirlas”, al tiempo que sostuvo que en 2016 se contará con una nueva Ley Orgánica Policial que implicará reformas”. Por último, el jefe de Policía informó que se cuenta con un sistema departamental de videovigilancia que “está operativo y ha permitido esclarecer algún caso”.

GUICHÓN
El presidente de la Liga del Trabajo de Guichón, ingeniero agrónomo Fernando Lasaga, manifestó que en la zona hay “mucha preocupación por los reiterados casos de abigeatos y faena clandestina” y relató los hechos principales ocurridos en la zona de influencia de Guichón y que “preocupan a las autoridades y a la población en general”.
En su alocución se refirió a la “invasión y destrucción de propiedad privada; perros y jaurías sin tenencia responsable; la venta de carne clandestina en comercios urbanos y rurales; faltantes de vacunos, ovinos y equinos sin saber destino; vacunos sin la trazabilidad obligatoria; animales sueltos en ciudad, caminería rural y vías férreas; falta de control sanitario de animales en los caminos; tránsito de personas dentro de nuestros campos sin permiso alguno y falta de agentes policiales en la ciudad y campaña”.
Lasaga presentó una estimación del consumo de carne de la población, encontrando un desfasaje entre las reses faenadas y la cantidad de carne que se estima que la población consume.

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD
Rodolfo Beasley y Federico Iummati se refirieron a la tecnología para la seguridad rural a través de cámaras de vigilancia.
Comentaron las características de la empresa UPM, con 300.000 hectáreas forestadas en 13 departamentos y 98.000 hectáreas en Paysandú. Se mostraron “muy interesados en este tema porque ocurren varios problemas de seguridad, debido al trasiego permanente de gente por las plantaciones, y lo difícil de controlar un área tan extendida”.
“Se realizó una consulta interna en la empresa y existe la figura legal para la ubicación de cámaras de vigilancia en un lugar privado y con acceso de la policía”.
“Se planteará en el ámbito de la Sociedad de Productores Forestales. La idea es realizar algún plan piloto en una zona a definir por la empresa”, agrega el comunicado, estableciendo que, por otro lado, “se comenta la existencia de tecnología diversa en el tema de cámaras de vigilancia, y que ya están funcionando sistemas con buen éxito. Se entiende que actúan como elementos disuasivos”.

SENSIBILIZACIÓN
El director de contralor del mercado interno del Instituto Nacional de la Carne (INAC), Daniel Cazet, se refirió en la reunión a la campaña de sensibilización realizada en todo el país para incentivar al consumo de carne proveniente de carnicerías habilitadas. Explicó que “se entregaron folletos alusivos al tema para distribuir en los principales centros públicos”, considerando que tuvo “buen éxito”.

SANIDAD
En la reunión se declara, una vez más, la situación de vecinos con problemas de sanidad en sus animales (piojo, sarna, garrapata y brucelosis) “que no proceden a sanear y son una fuente permanente de contagio”.
Por parte de Sanidad Animal “se recurre a la dialéctica con esos productores, y se esgrime que muchas veces no tienen recursos para sanear sus animales”. Los productores presentes discreparon en que “las autoridades sanitarias tendrían que proceder de otra manera”, enfatizando que “existen normas y hay que hacerlas cumplir”, recordándose que en otras oportunidades, en casos como los descritos, se han multado como forma de corregir esa conducta indiferente, “por la que se perjudica inevitablemente a los vecinos”.