Opinion | 02 May En las últimas horas la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Marie Harf, afirmó en conferencia de prensa que su país no tiene “ninguna obligación” bajo la ley de guerra estadounidense, de pagar “una compensación económica” a ninguno de los seis exprisioneros de Guantánamo que fueron trasladados a Uruguay en diciembre y acampan desde hace varios días frente a la Embajada de ese país en Montevideo.
Harf respondió a las preguntas de la prensa de su país acerca de la situación de los seis expresos de Guantánamo trasladados a Uruguay, en particular de los cuatro que están acampados para pedir ayuda económica. No hizo más comentarios al respecto ni descartó que Estados Unidos pueda decidir darle a Uruguay alguna clase de ayuda económica para facilitar la adaptación de los exreclusos.
Debe tenerse presente que los sirios Ali Shabaan, Faraj y Ahmed y el tunecino Abdul se hallan desde hace una semana frente a la Embajada de Estados Unidos para reclamar más dinero, una vivienda propia y traer a sus familias, tras haber estado 13 años presos sin cargos y reivindicar mejoras en su situación económica.
Asimismo, tanto ellos como el sirio Jihad Ahmad Diyab decidieron no firmar un documento que les entregó el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (Sedhu), que representa en este caso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), aduciendo que contiene cosas “que no están claras”.
El punto es que la venida de los exprisioneros de Guantánamo respondió a una improvisación, como tantas decisiones adoptadas durante el gobierno de José Mujica, y hoy incluso no se sabe en que figura jurídica real encuadran los refugiados. Simplemente vinieron porque el exmandatario lo consultó solo con la almohada, no tuvo en cuenta a su fuerza política ni a la oposición y tampoco pasó el tema por el Parlamento, para darle alguna formalidad.
Y peor aún, tampoco dejó las cosas bien en claro con Estados Unidos ni con los organismos de asistencia humanitaria, al parecer, porque son todas idas y venidas respecto a quién debe hacerse cargo de sostener a los sirios, y todos los trabajadores uruguayos con sus aportes al Pit Cnt están solventando por tiempo indeterminado la vivienda, la alimentación, los teléfonos y hasta el pago de un salario mensual para los “refugiados”, que ni siquiera quieren estar acá.
En suma, Mujica nos metió en un entuerto de proyección internacional, porque todo indica asimismo que los sirios que han llegado no son particularmente afectos al trabajo y consideran que tienen deudas para cobrar a Estados Unidos, apuntando en gran medida a poder vivir de la indemnización y con poco o nulo interés de integrarse como fuerza laboral en nuestro país.
Y en medio quedamos los uruguayos, con un problema ajeno incorporado, como si tuviéramos pocos, y con la sensación de que por motivos ideológicos, otra vez nos han pasado gato por liebre.