Opinion | 06 May Este miércoles una delegación de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) se reunirá con el presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, a efectos de plantearle una serie de puntos inherentes a la problemática del sector, en base a un documento que establece determinadas prioridades, de acuerdo a lo adelantado por el secretario general de esta organización nacional, Waldemar González.
Entre los aspectos mencionados por el dirigente de la gremial, figura el reclamo de la firma de un convenio por cinco años por aumento de la jubilación mínima en el mes de julio, por encima del aumento de enero, envío de un proyecto de creación y financiación de un aguinaldo para los pasivos, cumplir con la ley que autoriza el aumento del mínimo no imponible para el pago del Impuesto de Asistencia a la Seguridad social (IASS), y acordar reducciones en este tributo por cuotas de única vivienda, del alquiler y del monto pago por residencial de ancianos equivalente al alquiler, rebaja o eliminación de los copagos (tiques y órdenes) del sistema de salud, reducción en los tiempos de espera por atenciones médicas importantes, reducción del tiempo de espera por operaciones en el sistema nacional integrado de salud SNIS y en el Fondo Nacional de Recursos, y aumentar la nómina de las enfermedades crónicas acorde a la realidad sanitaria.
Difícilmente haya un ciudadano, del sector de actividad que sea, y mucho menos si se trata de un pasivo, que discrepe siquiera con un punto de las reivindicaciones a trasladar al mandatario, por cuanto estamos ante derechos de ciudadanos que han culminado su vida activa, y que llegan a esta etapa con prestaciones que muchas veces no cubren siquiera necesidades básicas, en el caso de los montos más sumergidos, y que a la vez, en el aquellos que perciben prestaciones más altas, ante un costo de vida que se ha incrementado sustancialmente, nada menos que en aspectos básicos como la alimentación y con altos precios en el sistema mutual a partir de tiques y aranceles que en esta etapa de la vida insumen altos porcentajes de jubilaciones y pensiones.
Pero también tenemos que para satisfacer estos justos reclamos se deben volcar más recursos, y que debe tenerse en cuenta que cuando se invoca la solidaridad, incluyendo la intergeneracional, refiere a que los activos de hoy paguen lo que perciben los jubilados actuales.
Y aquí vamos al meollo del tema: para tener un sistema de seguridad social saneado y que pueda cumplir con reclamos como los que se formulan se requieren más recursos, que solo pueden partir de los aportes de quienes participan en la generación de riqueza, porque de otra forma estarían otorgando recursos con que no se cuentan, lo que significa generar deudas que tarde o temprano deberá absorber el Estado.
Es decir que nuevamente nos encontramos ante la sábana corta, que no da para cubrir al mismo tiempo la cabeza y los pies, y que ante la escasez de recursos debe optarse por distribuirlos en base a prioridades, con criterio de justicia social, sí, pero también atendiendo las normas legales y el derecho de quienes han aportado durante toda su vida y con justa razón tienen derecho acceder a lo que les corresponde por el esfuerzo de destinar parte de sus ingresos a cubrir los aportes requeridos por el sistema.
No es fácil por lo tanto encontrar el justo equilibrio entre criterios justos y disponibilidad, sobre todo cuando estamos ante situaciones de desequilibrio que se arrastran desde hace muchos años, con necesidades diversas y derechos a respetar.
La salida por excelencia es ensanchar la base de percepción de recursos, por lo menos para atender las urgencias, pero para ello igualmente hay dificultades, y mucho más aún para hacer que el escenario sea sustentable, si evaluamos que todo indica que seguirán en aumento las expectativas de vida de la población, felizmente, pero lo que tiene como contrapartida el exigir más dinero para el sistema.
Estamos por lo tanto siempre ante la condicionante que imponen recursos insuficientes, porque además, como es natural, el BPS recibe aportes que responden a la vez a la realidad socioeconómica del país, en carácter procíclico, es decir con mayor recaudación a medida que aumenta la actividad.
En los últimos años el aumento de los puestos cotizantes a la seguridad social fue acompañado con una caída de la evasión laboral, pero a la vez a partir de este dato positivo, hay sectores donde todavía hay luces rojas y el informalismo es fuerte.
El punto es que se ha logrado pasar en pocos años de un 40 por ciento de informalismo a casi un 19 por ciento en la actualidad, pero cada vez con mayores dificultades porque se ha llegado prácticamente al “núcleo duro” del informalismo, de trabajos en negro y mal remunerados, de personas sin hábitos de trabajo y que viven de changas en la vía pública o en el ámbito de explotaciones familiares, en un mundo en que además hay escasa formación laboral y cultural, y por ende los recursos que en la teoría se mueven en estos sectores difícilmente pueda traducirse en aportes regulares al organismo previsional.
Es que hay determinados grupos que no encuentran interés en regularizar su situación, ante cargas sociales altas y para quien vive al día de lo que se trata, a su juicio, es de reducir sustancialmente sus ingresos actuales, en aras de un hipotético beneficio que percibe como abstracto y costoso.
Estamos pues ante un contencioso de derechos y reivindicaciones muy atendibles de los pasivos, indudablemente, que debe compatibilizarse con la realidad, y tener en cuenta que hay mucho por hacer todavía, por lo tanto, en materia de educación y controles, ante problemas culturales y estructurales que son de muy difícil resolución, y que no se arreglan con voluntarismos.