ANCAP PAGÓ 5.000 DÓLARES A RADIO COMUNITARIA

Locales | 07 May El diputado nacionalista Nicolás Olivera, junto a los ediles del Partido Nacional, en base a “una serie de averiguaciones que se vienen haciendo desde hace un tiempo”, se refirió a lo que definió como “una situación realmente grave” y acusó al gobierno nacional de “estar financiando en forma irregular determinados actores vinculados a la campaña electoral o al Frente Amplio”.
Luego se refirió “a una situación generada” con Enrique Correa, un candidato a alcalde de Quebracho por el Frente Amplio, quien según Olivera “en abril de 2014 como responsable de la radio comunitaria ‘La propia’ 88.9 solicita a Ancap una esponsorización 5.000 dólares pagaderos en cuotas para un plan publicitario que se iba a desarrollar desde mayo a octubre de 2014”. En mayo Ancap aprobó el plan publicitario y comenzó a abonar las cuotas, culminadas en enero de 2015. Para el diputado, “resulta asombroso y creo que demuestra una irregularidad seria” que “dicha radio recién empieza a funcionar la semana pasada en Quebracho en señal de prueba”, y que “ya había cobrado todo el plan a Ancap”.
Esto “se da a conocer hoy en función de una información que se nos hizo llegar hoy, esto comenzó a instancias de advertencias de vecinos de la localidad y habla de una situación que para nosotros es grave porque es una radio que nunca emitió y ahora está al aire en señal de prueba”, dijo.
El caso de giles
Se refirió luego a otro caso “también de un candidato a alcalde de la ciudad de Quebracho”, el funcionario de UTE Gastón Giles por hechos que despiertan lo que calificó de “algunas suspicacias” y que “no es de lo más correcto”. Señaló que Giles es “supervisor de lectura de la Oficina Comercial de Paysandú”.
“Esta persona tiene residencia en Quebracho, porque así la tiene que tener, porque si no no podría ser candidato a alcalde de esa localidad”, y que “lo que nos genera dudas es que desde el 2 de febrero y hasta el 18 de abril pasado, fue trasladado a la localidad de Quebracho, pagándosele viáticos para cumplir la actividad en su pueblo, donde él vive”.
“Más allá de lo que entienda el ente, consideramos que no se lo mandó a Guichón ni a Cañada de Pueblo o a otra localidad, se lo mandó al lugar donde él es candidato a alcalde, y con un beneficio económico. Entendemos que no es ético y contraviene lo que pueden ser las normas de buena conducta que cualquier funcionario o jerarca de un organismo público debe de llevar adelante”, añadió.
Afirmó que cuenta con los documentos que respaldan lo que afirmó y que “evidentemente cala hondo al momento de hablar de transparencia, de probidad, de un manejo correcto de los recursos de todos los uruguayos, y creo que esto es prueba cabal de que las cosas no se están haciendo bien en algunos lados”.
“Desde el punto de vista parlamentario, vamos a denunciar la situación y esperemos que se tomen cartas en el asunto”, concluyó.