Opinion | 09 May Tras una serie de denuncias de corrupción que la han marcado a fuego ya pocos meses después de asumir, la presidenta chilena Michelle Bachelet decidió renovar su gabinete ministerial, lo que da la pauta de un escenario muy delicado en el país trasandino, que en los últimos años ha sido poco menos que un modelo de estabilidad para el subcontinente.
El académico Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, dijo que “decir que se va a revisar todo el gabinete es coherente con la percepción de una crisis política significativa que tenemos en el país y, por lo tanto, el anuncio es bastante coherente con la coyuntura”.
Bachelet sorprendió la noche del miércoles al anunciar en una entrevista con el animador Mario Kreutberger, “Don Francisco”, en un canal local de televisión, que había pedido la renuncia a todos sus ministros y que en un plazo de 72 horas decidiría los cambios, lo que indica que pretende dar un golpe de timón en medio de la peor crisis de su mandato y formará nuevo gobierno.
La crisis tiene su origen en actos de corrupción enmarcados en la financiación ilegal de campañas políticas que son investigados por la Justicia, al punto que las imputaciones terminaron por contaminar el círculo más cercano a Bachelet, incluido su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que no ha logrado aclarar la recepción de honorarios desde empresas vinculadas a los casos en plena campaña electoral en 2013.
La propia mandataria ha sido afectada, con su hijo Sebastián Dávalos involucrado en un negocio inmobiliario que le reportó millonarias ganancias, que es investigado por eventual tráfico de influencias y uso de información privilegiada en provecho propio. Bachelet admitió en la entrevista haber cometido errores en la forma en que encaró este caso, que le ha significado una drástica caída de popularidad, pese a que anunció un paquete de medidas a favor de la transparencia, propuestas por una comisión especial que estudió los casos de corrupción.
El gobierno socialista que sucede al catalogado como neoliberal de Sebastián Piñera ha quedado atrapado así en su propia maraña de eslóganes de corte populista, porque en su campaña se basó en encarar una gestión transparente y honesta, y ha saltado a la luz que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, sobre todo cuando se hace gala de ser gobernante impoluto.
Es que no hay ideología ni gobierno que esté vacunada contra la corrupción, y es así que regímenes populistas son incluso los más vulnerables a que se incorporen oportunistas para sacar tajada, con los mismos vicios que atribuían a los gobiernos “derechistas” que pretendían desalojar.
Está cercana la crisis en Brasil, que afecta al gobierno de Dilma Rousseff, la incalificable gestión de Cristina Fernández en la vecina orilla --con un vicepresidente que tiene varios procesos judiciales abiertos--, sin olvidar asimismo los casos de Pluna, de ASSE, del Hospital Maciel, los Casinos, entre otros, en nuestro país; y la monstruosa corrupción en Venezuela para asumir que los regímenes de izquierda han sido de los más corruptos en el continente, y a ello se agrega que en la mayoría de los casos no han dado las respuestas que habían prometido.