Opinion | 10 May En Uruguay, uno de cada diez embarazos es de una adolescente y si se lo compara con el continente, las cifras nacionales resultan más alentadoras, en tanto hay países donde la ecuación se reduce a uno de cada cinco.
Sin embargo, dadas las características de su densidad poblacional, emerge un dato que posiciona el problema en los titulares de los medios de comunicación. Los aspectos culturales no resueltos, en tanto aún buscamos cómo definir algunos asuntos para no revictimizar ni vulnerar a determinados entornos, nos lleva a desconocer la manera de encarar como sociedad una temática que no es nueva.
Hace dos años, el informe denominado “La reproducción en la adolescencia y sus desigualdades en América Latina” realizado por la Cepal señaló que América Latina es el segundo continente donde menos disminuyó la maternidad infantil en los últimos veinte años si se toma en cuenta su bajo nivel de fecundidad y sus mejoras en educación y salud. Un ejemplo que bien puede citarse en el caso de Uruguay.
El estudio especificó que se “evidencia la necesidad de que la educación sexual y los servicios de salud reproductiva sean una prioridad para las políticas públicas”.
El último caso de la niña de 12 años que lleva adelante un embarazo de 16 semanas fruto de una violación corresponde a una situación con determinadas particularidades por su entorno, pero demostró la escasa preparación del sistema para presentar el tema ante la ciudadanía. La presidenta del directorio de ASSE, Susana Muñiz, aseguró que “nosotros no somos quienes tenemos las potestades para decidir sobre la niña, por lo tanto hay un juez que será quien tome la decisión”, en referencia a la posibilidad de un aborto.
Por su parte, la jueza Raquel Gini resolvió que no le corresponde decidir la progresión o interrupción del embarazo, sino que los médicos tratantes deben “adoptar la decisión pertinente en concurrencia con la madre de la niña en atención de la edad” y decidió que INAU se haga cargo.
La niña quiere tener el bebé, pero su madre sostuvo ante la Justicia que no está en condiciones de llevarlo adelante ni tampoco de hacerse cargo del cuidado y atención de su hija, por lo que entendió necesaria la internación de la menor en INAU.
La presidenta del directorio del INAU, Marisa Lindner, reconoció que “estos temas son de larguísima data”, sin embargo, “hay una necesidad de revisar las prácticas y políticas que nos corresponden a los distintos organismos” porque “muchas veces, las prácticas no dan los resultados esperados”.
Entonces, si hablamos de una situación de planteo histórico en la sociedad uruguaya, ya deberían estar claramente definidos los roles institucionales para que las respuestas no aparenten una carrera de relevos, donde cada uno se pasa la posta y la entrega al siguiente. En este --como en otros temas-- el Estado no adopta medidas contra la naturalización de un problema, sino que las comunidades van internalizando sus propios asuntos. El punto es que algunas enfoques no ayudan demasiado.