Opinion | 11 May Cuando todavía no se habían conocido los resultados de las elecciones departamentales de este domingo, el presidente Tabaré Vázquez manifestó su voluntad de impulsar una reforma electoral para modificar los tiempos de campaña que, a su entender, son demasiados largos. “Luego de que terminemos de preparar y enviemos el presupuesto quinquenal al Parlamento iniciaremos un camino para ver si podemos plantear una reforma electoral”, dijo el jefe de Estado.
Argumentó en apoyo a esta tesitura que “van dos años de campaña y cuando queramos acordar en tres años estamos en la misma. Tendríamos que buscar una reforma electoral que permitiera compactar o separar para que no exista esta aglomeración de actos eleccionarios”, permitiendo la mayor libertad para el elector.
El mandatario también informó que luego de que se forme el nuevo Congreso de Intendentes solicitará una entrevista con las autoridades municipales para tratar diferentes temas, y aseguró que “más allá de algunos chisporroteos” se vivió una “campaña muy ordenada y muy correcta”.
El anuncio de que se va a poner en marcha una línea de trabajo, una vez definida la instancia presupuestal, en procura de acordar los términos de una posible reforma a la Carta Magna, indica que se embarcará nuevamente al sistema político en una discusión y negociación en la que se plantearán seguramente una serie de ideas de posible instrumentación pero donde a la vez hay intereses político partidarios en juego, porque no hay un sistema político aséptico, sino que la experiencia indica que cada vez que se ha propuesto una iniciativa de esta naturaleza, aparecen las diferencias en algún tramo de la negociación.
Esta situación se dio precisamente cuando se instrumentó la reforma electoral vigente, que fue incluso acordada por los líderes frenteamplistas, caso concreto de Danilo Astori y Líber Seregni, pero que no fue apoyada a último momento por los parlamentarios de la coalición de izquierdas que no estaban de acuerdo con los términos que habían acordado sus propios referentes, sobre todo por la incorporación de la segunda vuelta o balotaje.
Quiere decir que una cosa es una expresión de voluntad por lo extenso de la campaña fundamentalmente, y otra muy distinta el acordar sobre puntos en los que de alguna manera quien más quien menos busca alguna ventaja para su partido o por lo menos pretende no ser perjudicado por el cambio.
Pero sin dudas lo que no debería modificarse es la libertad del elector en cuanto a poder elegir despojado de influencias centralistas la elección de los gobernantes departamentales, que ha sido precisamente el leit motiv de la separación de las elecciones departamentales de las nacionales, y que ha sido un factor fundamental para que el ciudadano del Interior pueda elegir al vecino que considera más capacitado para dirigir la Intendencia Departamental y las alcaldías, con menos influencia de las cúpulas partidarias.
Lamentablemente, como bien sostiene el dicho popular, es muy difícil tirarse al río y salir seco, y el incorporar cambios nunca va a dejar conformes a todos, en tanto ello puede significar tal vez dejar alguna prenda del apero por el camino para algún partido o sector, en cuanto a las opciones.
Hay quienes por ejemplo apuntan a incorporar el voto cruzado y hacer las elecciones simultáneamente, en una sola fecha, lo que por supuesto sería retroceder y en gran medida volver a la interferencia de lo nacional sobre lo departamental. En cambio, una posibilidad más adecuada al escenario sería separar más en el tiempo ambas votaciones, y hacerlo por lo pronto las departamentales a mitad del período, como se hace en muchos regímenes democráticos, lo que definitivamente le daría un carácter de mayor independencia.
También se manejan otros instrumentos posibles, como el incorporar el balotaje para el gobierno departamental, similar al caso de la elección nacional, y hacer que las juntas departamentales cuenten con representación proporcional en lugar de una mayoría automática para el partido ganador de la elección departamental.
Paralelamente, hay quienes señalan que las elecciones internas en alguna medida podrían plebiscitarse simultáneamente con la elección nacional, para no distraer esfuerzos en una elección interna previa a la nacional, lo que tiene sus pro y sus contras.
Como puede inferirse de este menú de opciones, --sin olvidar que hay quienes aspiran a incluir en esta reforma el voto consular o voto en el extranjero, sobre lo que asimismo hay opiniones encontradas y hasta un plebiscito adverso-- habría un proceso largo de negociación en nuestro sistema político, donde hay cierta unanimidad en cuanto a la necesidad de introducir cambios al régimen vigente, pero no en cuanto a la dirección a seguir.
Es decir, que corregir un proceso electoral en extremo extenso, sobre lo que hay consenso, es compartible, pero muchos caminos conducen a Roma, y en esta negociación no debe perderse de vista que como ciudadanos del Interior, el ideal sería que se potenciara el instrumento en beneficio de la autonomía de los gobiernos departamentales, para que sirvan lo mejor posible a su razón de ser.