Opinion | 09 May En pocas horas los uruguayos concurriremos una vez más a las urnas en el corto período de un año, en esta oportunidad para definir las administraciones departamentales, es decir lo que es considerado como un segundo escalón de gobierno, tras definirse la titularidad del Poder Ejecutivo y la integración del Parlamento en las elecciones nacionales.
Ocurre que en los últimos años fundamentalmente estamos asistiendo a una revaloración de los gobiernos departamentales, y no solo en Uruguay, aunque en nuestro país ha cobrado más énfasis a partir de 1997, con la instrumentación de la reforma constitucional que incorporó el nuevo sistema electoral, que comprende cambios fundamentales como elecciones internas en los partidos para elegir un candidato único a la Presidencia, la incorporación del balotaje en los casos en que el candidato ganador no obtenga por lo menos el 50 por ciento más uno de los votos, a lo que se han agregado convenciones nacionales y departamentales en cada partido para decidir las candidaturas, además de la separación en el tiempo de las elecciones nacionales y departamentales, entre otros aspectos.
Este domingo precisamente en los 19 departamentos se definirá quienes ocuparán las jefaturas departamentales, tanto en lo que refiere al ejecutivo comunal como a las juntas.
Asimismo se elegirán alcaldes en los municipios, que es considerados como un tercer círculo de gobierno, pero sin autonomía financiera, lo que los hace muy dependientes del ejecutivo departamental. El proceso electoral vigente tiene aspectos positivos y negativos, y entre estos últimos seguramente figura su extensión, que hace que durante más de un año el país se encuentre en campaña electoral. Esto genera una distorsión para la gestión de gobierno tanto nacional como departamental, y a la vez aparece como una especie de maratón que puede llegar a cansar al ciudadano ante tres o cuatro --cuando hay balotaje-- convocatorias a las urnas.
Pero sin dudas, más allá del instrumento positivo del balotaje, que permite que el ciudadano elija a quien prefiere como presidente y al mismo tiempo descartar a quien no cuenta con sus preferencias para ese cargo, --lo que es mucho mejor que el sistema de elegir un mandatario con mayorías relativas en cada partido, que rigió hasta 1996, y que hizo que se terminara votando muchas veces en forma ciega contra las propias convicciones del elector--, la separación entre elecciones nacionales y departamentales ha sido un gran logro, que debe ser preservado.
Precisamente, durante décadas, los uruguayos elegimos gobernantes en un único “paquete” electoral, indivisible y rígido, en el que debían volcarse al mismo tiempo listas a presidente, diputados, senadores, intendente, ediles y Junta Electoral, todos de un mismo partido, que desvirtuó la esencia de las convocatorias departamentales por el fenómeno de arrastre del candidato nacional, sin que el elector siquiera tuviera la posibilidad de cruzar el voto para votar al gobernante departamental sin la influencia nacional, y a lo sumo podía dejar sin colocar una de las dos boletas en la urna para hacer valer una de sus preferencias.
A todas luces la separación de elecciones en el tiempo ha permitido revalorizar la decisión de los ciudadanos en base a los actores locales, lejos del arrastre de los candidatos nacionales, para poner los ojos en el vecino y el equipo de la comarca más apto para ejercer el gobierno departamental, desprovisto de las ideologías y eslóganes tan comunes en las elecciones a la Presidencia, para situarnos en la problemática departamental, analizar instrumentos y ejecutores de programas a la medida de cada realidad departamental.
Es que para el ciudadano del Interior el intendente es el gobernante más cercano, al que se puede encontrar en la esquina, como así también a sus más cercanos colaboradores, y a quien se recurre en urgencias o problemas acuciantes que las más de las veces responden a organismos nacionales, pero que tienen una gran burocracia, están altamente centralizados y revelan escaso interés por atender problemáticas departamentales.
En suma, las intendencias deben responder muchas veces con recursos propios para atender problemáticas que corresponden al gobierno nacional, y a la vez a menudo colaborar en solucionar legítimos reclamos de la población porque los organismos competentes no tienen posibilidades materiales de solucionarlos con sus propios recursos humanos y materiales en el lugar, y si no, lo hacen tarde y mal.
Por lo tanto el gobernante local ha ganado en importancia y proyección en la vida de la comunidad, lo que explica a la vez que el votante revalore su forma de encarar el gobierno priorizando los valores de su departamento por encima de las exigencias del centralismo y alineamientos con la dirigencia nacional, aunque tales decisiones vayan contra los intereses locales, como se ha dado en alguna oportunidad en nuestro departamento.
Independencia de criterios, énfasis en la gestión y en la administración de los recursos de y para la comunidad antes que posturas ideológicas que nada tienen que ver con la tarea municipal, son un factor diferencial que ha sido rescatado a través de las elecciones departamentales, que incluso podrían ser más separadas de las nacionales en el tiempo, por ejemplo a mitad de período, y así seguir inyectando aire fresco para un Interior que por lo menos ha encontrado en este instrumento una posibilidad de respuesta que antes se le había negado por el régimen electoral procentralista.