Opinion | 13 May Transcurrida ya la última instancia de la maratón electoral que se extiende por más de un año y medio, de la que los comicios departamentales son el último eslabón, ha quedado definido el mapa político del país por los próximos cinco años, y llega a la vez la hora de superar las diferencias que puedan haber quedado expuestas en la campaña para que el sistema político se dedique “a las cosas” --como dijera José Ortega y Gasset-- que importan a todos los uruguayos, y que deben dilucidarse a través del difícil y agridulce arte de gobernar.
Y entre los temas vitales a dilucidar en lo inmediato figura la elaboración del Presupuesto Quinquenal de Gastos e Inversiones, un proyecto de ley “ómnibus” que debe remitir el Poder Ejecutivo el Parlamento pero que requiere una fina estructura tras una ronda de contactos, consultas, requerimientos, planteos y determinación de prioridades en base a la propuesta electoral, pero conjugada con la realidad, que en este caso se traduce sobre todo con distribuir recursos criteriosamente, sobre todo en un escenario que aparece ya como más comprometido que el de la última década.
El ministro de Economía y Finanzas, economista Danilo Astori, al evaluar el panorama de cara a la instancia presupuestal, dijo que no está en condiciones todavía de dar cifras aunque sí aventura que en la segunda mitad del actual período de gobierno “habrá márgenes de maniobra más amplios”. El criterio de austeridad se aplicará también al manejo de los ingresos a la plantilla del Estado, adelantó. Se trabajará sobre el gasto público y sobre los ingresos, procurando que, en la medida de lo posible, estos aumenten por la mejoría de la economía y “no necesariamente” por alzas en las tarifas.
En cuanto al gasto, Astori insiste en que se buscará mejorar su calidad porque ello tendría una influencia positiva sobre el conjunto de la economía, pero no aportó ninguna cifra con el argumento de que se está en una fase “conceptual” y no “numérica”. En varias oportunidades ha dicho que la meta de déficit será lo último que se divulgará. El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 31 de agosto para presentar el proyecto al Poder Legislativo, de acuerdo con lo que establece el artículo 214 de la Constitución.
Es decir que sin hablar de números, el conductor del equipo económico desgranó aspectos conceptuales que regirán los elementos a reunirse en esta ley madre, y en lo que respecta a la inflación, el ministro de Economía reconoció que el alza del dólar puede estar incidiendo en la aceleración inflacionaria que se constató en abril. “Evidentemente el repunte del dólar en una economía abierta como la uruguaya tiene que tener un efecto, sin duda. Pero no hay una relación lineal entre una cosa y la otra. En los últimos 18 meses subió 30% el tipo de cambio. A todas luces está claro que no tuvimos un impacto inflacionario proporcional a la suba del tipo de cambio”, comentó. “En determinadas circunstancias tiene (el dólar) un impacto significativo y en otras no tiene por qué haberlo. Es una correlación a la que hay que poner atención”, agregó el ministro.
También minimizó la caída de las exportaciones, que para la Unión de Exportadores ya configura una tendencia negativa pero que él entiende es moderada, y es así que la declinación de 4,4% en los primeros cuatro meses del año de las ventas al exterior respecto al mismo lapso de 2014 para Astori es “leve” y se materializa después de un largo período de crecimiento del país.
Estimó asimismo respecto al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), que será superior al de los países de la región y que continuará en este año, a la vez de reafirmar que Uruguay ha construido en los últimos años fortalezas que le permitirán enfrentar la coyuntura regional delicada.
Hasta ahí a grandes rasgos los lineamientos que presidirán según el secretario de Estado la forma de delinear la estructura de la ley presupuestal para todo el período de gobierno, y que en globalidad constituye una expresión de la filosofía de gobierno.
Pero una cosa es lo que se pretende hacer y otra cuando el gobierno de turno debe afrontar en esta instancia de elaboración todo tipo de planteos y reclamos de grupos de presión, de las corporaciones que pugnan por llevarse una porción lo más grande posible de la torta, y lo que es peor, sin comprometer contrapartida de su parte.
En esta “lucha” varios gremios suelen reclamar más y más recursos para satisfacer necesidades sectoriales, que a menudo se disfrazan de una reivindicación de interés general. En estos casos ejercen una capacidad de presión muy eficaz, pese a que se genera con posterioridad a los tiempos electorales. El punto es que en toda coyuntura, pero sobre todo cuando estamos ante una desaceleración de la economía, los recursos de todos los uruguayos no deben distribuirse como bienes de difunto, sino que en toda gestión criteriosa debe trabajarse en base a resultados, condicionando por lo tanto el dinero a la evaluación de cómo se ha utilizado.
Se trata indudablemente no solo de ser austeros, sino que la buena gestión de los dineros públicos tiene que ver con la calidad del gasto, lo que permite lograr los mismos objetivos con menos recursos, como se hace en toda empresa privada para subsistir y competir; contrariamente a lo que ocurre en el Estado, donde los números en rojo solo significa que los uruguayos tengamos que poner más plata para sostener lo que se gestiona mal, sin que nadie sea llamado a responsabilidad por uso indebido de dinero que no le pertenece.