Opinion | 18 May Finalizado el extenso proceso electoral en Uruguay, emergen los problemas acallados durante los últimos meses, como la problemática que atraviesa la atención a la salud mental desde hace años, pero agravándose ante la complejidad de los casos con el consumo de sustancias que en otras décadas no ostentó el protagonismo actual.
Los funcionarios del Hospital Vilardebó finalizaron una semana de trabajo “en piquete” ante la fuga de dos pacientes a punta de corte. Uno de ellos regresó pocas horas después y el restante lo hizo el viernes pasado, tras herir y rapiñar a un chofer de ómnibus.
En el Vilardebó, la sala 11 se destina a los hombres y la 16 a las mujeres. Es un sector que cuenta con medidas de seguridad, donde los enfermeros pasan la medicación a través de las rejas y no ingresan sin vigilantes. Allí residen personas con cuadros psicóticos complejos, agravados por el consumo de sustancias.
Los funcionarios se negaron a bajar a la sala al heridor, sin embargo, la jueza a cargo de su causa amenazó con emplazar a un trabajador si no se cumplía la medida. Reunidos en una asamblea, resolvieron conformar grupos de cinco o seis personas –o piquete-- para realizar las tareas y así sentirse más seguros.
A la sala 11 llegan pacientes imputables e inimputables, lo que complica el accionar ante una capacidad casi colmada, mientras que aumentan las derivaciones judiciales que ocupan más de la mitad de las camas del nosocomio y en su mayoría son hombres de 20 a 44 años.
No es un dato menor el sostenido aumento en la demanda de asistencia en salud mental y la necesidad de psiquiatras. El estado de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi demuestran la calamidad y el olvido de los planes de salud. Si la concreción de un Sistema Nacional de Cuidados será el buque insignia del gobierno de Vázquez, bien vale preguntarnos si se destinará alguna medida específica que alivie la vida de la mayoría de los internos que no deberían estar allí o si se aterrizará aquí, en algún momento, el reiterado discurso de la inclusión social.
Una reforma que se precie de tal audita a sus instituciones públicas y privadas y evalúa sus resultados de manera que la población se mantenga informada hasta el detalle de sus funcionamientos, ventajas y necesidades para demostrar una verdadera calidad en la atención.
Hasta ahora, la Salud Mental es una materia pendiente, con una legislación de la década de l 40 y si se evaluara su atención, se confirmaría una continua violación a los Derechos Humanos. Pero hasta el momento no ha sido observado desde este punto de vista por las actuales administraciones, en tanto este asunto es privativo de la historia reciente.