Opinion | 16 May A la luz del déficit que han arrojado empresas públicas durante la administración de José Mujica, y el consecuente arrastre hacia el actual gobierno, con un panorama externo complicado, una de las inquietudes centrales que han puesto de manifiesto el presidente Tabaré Vázquez con su equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Danilo Astori, ha sido no solo dar una impronta de austeridad a la gestión del gobierno y el Estado en general, sino con especial énfasis en la gestión de estas empresas, la mayoría de las cuales se basa en su naturaleza monopólica para subsistir sin competencia, pese a su ineficiencia crónica.
Es que las empresas públicas se han transformado en una de las mayores preocupaciones para el presidente Tabaré Vázquez desde que asumió el 1º de marzo, porque hay complicaciones financieras en Antel y Ancap, a la vez de disponer cambios gerenciales de UTE y el gobierno necesita a la vez recaudar más ante un contexto de desaceleración de la economía.
Precisamente, durante los sucesivos gobiernos, se ha hecho caja a través de los entes para reducir el déficit fiscal, y en esta línea el nuevo mandatario convocó en las últimas horas a los directores de cada empresa para avisarles que estará encima de su gestión.
Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a El Observador que durante el encuentro Vázquez le transmitió a los presidentes de Antel, Ancap, UTE, OSE y la Administración Nacional de Puertos (ANP), que seguirá de cerca los resultados de sus gestiones y que pretende establecer un control directo de esos entes durante la administración, más allá de las atribuciones de los ministerios relacionados.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) buscarán reducir el gasto de esas empresas a través de determinados instrumentos de control y se apunta a volver a instalar la denominada Mesa de Entes como una instancia de coordinación entre Presidencia, Economía, y los presidentes de empresas públicas.
Pero en este país cada empresa es un mundo, con problemáticas y realidades diferentes, y sobre todo, compromisos diferentes en base a lo que se ha hecho y comprometido en los últimos años. Además, está manejada por políticos que no responden por sus acciones, como es el caso de la expresidenta de Antel, Carolina Cosse, que a una empresa ya deficitaria en más de 160 millones de dólares le comprometió la construcción de un estadio en Montevideo, que nada tiene que ver con las telecomunicaciones, donde va a enterrar otros 60 millones de dólares; y como premio, la exjerarca fue designada por el flamante presidente de la República, Tabaré Vázquez, ministra de Industria y Energía.
Volviendo a la reunión de Vázquez con los actuales titulares de las empresas públicas, el presidente, el ministro de Economía, Danilo Astori, y el director de la OPP, Álvaro García, pusieron sobre la mesa estrictas reglas de juego a cumplir por las empresas públicas, y en este contexto Astori sostuvo que se espera que éstas aporten durante el quinquenio al menos U$S 600 millones más a la caja del Estado, lo que equivale a un punto del Producto Bruto Interno (PBI). Naturalmente, el planteo de aumentar los aportes de los entes a Rentas Generales persigue el objetivo de reducir el déficit fiscal, que el año pasado cerró en el equivalente al 3,5% del PBI, lo que constituye el peor nivel desde el cierre de 2002, y esta situación se plantea luego que previamente a la campaña electoral, voceros del anterior gobierno y los del actual en plena campaña desestimaron toda observación respecto a la magnitud del déficit fiscal y de que se avecinaba un ajuste tarifario por vía directa como indirecta.
Pero este ajuste incluso se dio antes de asumir la Administración Vázquez, por cuanto el gobierno anterior, para no trasladar demasiados costos políticos al sucesor, dispuso que pese a que cayó a la mitad el precio internacional del petróleo, solo se rebajaran las naftas y el gasoil entre un 3 y un 5 por ciento, a la vez que pese a que jerarcas de UTE señalaban que el ente estaba en condiciones hasta de bajar las tarifas, se dispuso un incremento significativo, y lo mismo ocurrió con OSE. Aun así, en conjunto, los entes gastaron 0,4% del PBI por encima de sus ingresos en 2014, incluyendo gastos e inversiones.
Por todo lo mencionado, es preciso trazar lineamientos concretos en cuanto a metas y consecuencias de los incumplimientos. Ha trascendido en este sentido que más allá del control directo que Vázquez pretende instrumentar sobre los entes, el equipo económico promoverá recortes en las erogaciones y mejoras en la eficiencia. Para eso el Ministerio de Economía y la OPP coordinarán los gastos de los entes, exigirán que presenten balances en tiempo y forma, establecerán un protocolo de actuación a través de un instructivo y atarán su presupuesto a resultados a través de compromisos de gestión preestablecidos.
Astori expuso que el objetivo de la reunión fue “comenzar un proceso de coordinación en la acción de las empresas públicas en el plano de las inversiones y en el plano del funcionamiento operativo. Me refiero a la gestión que origina por un lado a través de las tarifas y por otro lado egresos”, en tanto García informó que la OPP prepara un instructivo de acción para los entes y precisó que “resulta muy importante el establecimiento con los directorios de compromisos de gestión que estén atados a la aprobación de los presupuestos para cada uno de los años que se viene”.
Y pese a que se descartó un “tarifazo” como tal, Astori transmitió al Consejo de Ministros que se apuntará a duplicar el aporte de las empresas públicas a Rentas Generales, lo que indica que hay muy estrecho margen de maniobra, ante los altos costos fijos, y que solo podrá mejorarse la performance en rendimiento de los recursos a través de la eficiencia.
Y la eficiencia, al igual que la productividad, como todos sabemos, es mala palabra en el ámbito del Estado. Es, por lo tanto, un criterio de recibo el que han expuesto el mandatario y el equipo económico, respecto a lo deseamos le vaya muy bien, porque de ello depende en mucho la calidad de vida que podamos tener los uruguayos de ahora en adelante.