Opinion | 15 May El gobierno extenderá de seis a diez horas la restricción en la venta de bebidas con alcohol en aquellos lugares donde no se consuma en el mismo espacio en que se adquiere (bares, restaurantes, pubs y locales bailables).
La medida no merece objeción, desde que tiene por fin evitar el consumo en la calle de bebidas con alcohol. Hoy hay muchos lugares desperdigados por las ciudades del país que prácticamente solamente venden bebidas alcohólicas por las noches y hacen caso omiso a la actual prohibición de hacerlo entre las 0 y 6 horas.
Más allá de la intención de reunirse, se ha instalado como costumbre la “previa”, es decir una reunión antes de concurrir a lugares bailables donde se ingiere mucho alcohol y que muchas veces se hace en la calle o en el cantero. Uno de los motivos es que en los kioscos las bebidas alcohólicas son mucho más baratas que dentro del baile.
Esta es una de las medidas de la ofensiva del gobierno de Tabaré Vázquez contra el consumo de alcohol, como lo hiciera en su primer gobierno contra el tabaco. Otra idea es establecer la “tolerancia cero” para los conductores, y en tal caso ya está redactada la ley que legislará sobre el tema.
También se discute la venta de alcohol solamente en lugares que cuenten con licencias para hacerlo, como ocurre en muchos otros países, donde también rige un horario determinado para la venta. En general, estas licencias son pagas y los impuestos del comercio en sí mismo son mayores que los de otras áreas comerciales.
Todas estas son medidas bienvenidas porque apuntan a reducir los accidentes de tránsito por un lado, a desestimular la ingesta de alcohol de los adolescentes y a mejorar las propias ciudades, en la medida en que nada bueno es ver grupos bebiendo en plena calle.
Fumar es perjudicial para la salud, lo mismo que el consumo abusivo de alcohol. Corresponde al gobierno tomar cartas en el asunto, en tanto los costos de los cuidados de salud de los enfermos crónicos por esas prácticas recaen sobre la sociedad toda, entre otros problemas.
No obstante, el Estado uruguayo tiene dos problemas claves que entorpecerán su lucha contra las adicciones. Por un lado, la empresa estatal Ancap industrializa una extensa línea de bebidas alcohólicas a través de Caba S.A. Por tanto, tiene ingresos económicos --importantes-- por la venta de lo mismo que ahora, con buen tino, se propone combatir. Y por otro lado, se liberaliza el consumo de marihuana, claramente otra adicción para la cual no hay “campañas de concientización”--, aunque se siga discutiendo si es tan perjudicial como el tabaco o no. Por lo pronto, no caben dudas que es una droga --como el alcohol-- y además es psicoactiva.
Hay una doble lectura. Está bien que el gobierno luche contra las adicciones del tabaco y el consumo de alcohol en exceso, pero debería revisar con detenimiento su política industrial con relación a las bebidas alcohólicas y de su mirada benevolente con el consumo de marihuana.