VALORES POR ENCIMA DE LO PERMITIDO

Locales | 18 May El diputado de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio, presentó en la Media Hora Previa de la Cámara de Diputados, su preocupación por los alambrados instalados en la costa del río Uruguay, en el poblado de Casa Blanca, “impidiendo el acceso. ¡Costas del río alambradas en la zona lindera al frigorífico! Además, en otra zona cercana, en un centro turístico, está alambrado y cercado todo el territorio hasta la zona de inundación, es decir que cuando crece el río no hay forma de transitar por allí”, señaló el legislador.
Según Rubio, “lo que colmó mi capacidad de asombro es que cuando fui a la playa conocida como Casa Blanca, tradicional lugar de paseo de la gente, encontré que en Uruguay hay una playa privada. Al ingreso a la playa se encuentra una garita de vigilancia y en la zona también hay un contenedor con un cartel de un supuesto club de pesca. Supe que para acceder a la playa a pescar, a pasar el día o a bañarse hay que pagar $ 40 por día y por persona”. El diputado cuestionó si “¿las autoridades competentes conocen este hecho?” y añadió que solicitó el envío de la versión taquigráfica a la Intendencia de Paysandú, Prefectura Nacional Naval y Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente.

SUPERACIÓN DE LOS LÍMITES
Por otro lado, Rubio presentó un informe técnico del estado de situación del Frigorífico Casa Blanca, a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), donde señala que está “sujeto a control” ministerial, ante la generación de “efluentes industriales”. El documento precisó que el proyecto de ingeniería de su planta de tratamiento fue aprobado el 23 de marzo de 2009 y corresponde a “la Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial (SADI), para una primera etapa del sistema de tratamiento de efluentes en el marco de un plan de adecuación gradual de su vertido para dar cumplimiento a los estándares establecidos”, cuya “adecuación de la primera etapa culminó en marzo de 2012”.
Posteriormente, explicó que el 29 de abril de 2014 presentó “el Plan de Gestión de Residuos Industriales y Asimilables” y el 7 de mayo de ese mismo año solicitó “la Autorización Ambiental Especial”, que se encuentran en trámite.
El documento reconoció que según “los resultados presentados en los Informes Ambientales de Operación del año 2011, se observó superación en los límites establecidos” en la reglamentación vigente “para vertido a curso de agua”. Tras analizar “las bases de datos de fotografías satelitales se constató que la empresa había realizado obras de ampliación sin solicitar los permisos correspondientes ante Dinama”.
El organismo resolvió la aplicación de una multa de 400 UR “por ejecutar ampliaciones a su emprendimiento sin haber solicitado Autorización Ambiental Especial (AAE)”, “por verter sus efluentes incumpliendo los límites establecidos” y “por no presentar en los Informes Ambientales de Operación la totalidad de los parámetros solicitados como mínimo para el sector de la empresa”.
Finalmente, el documento señaló que el 11 de setiembre de 2014 y el 12 de marzo de 2015, personal de la Dinama realizó inspecciones en la empresa y detectó “situaciones que ameritan actuaciones referentes a los requerimientos ambientales exigibles a la empresa”.
La Dinama concluyó que los resultados realizados a las muestras en las inspecciones efectuadas del 12 de marzo al 27 de marzo de 2015, en la cámara de vertido “resultaron muy por encima de los límites establecidos” en el decreto vigente “para curso de agua”.
Según el organismo, “la empresa se encuentra comprometida en lo que respecta al cumplimiento del desempeño ambiental que se requiere para este tipo de emprendimientos, estando en trámite las actuaciones correspondientes”.