Nacionales | 20 May El presidente Tabaré Vázquez mantuvo una reunión con las autoridades del Sindicato Médico del Uruguay en la que concluyeron en que no se debe interrumpir el tratamiento de un paciente por no acceder al pago de una orden o tique. “Vázquez acompaña la idea de eliminar gastos en forma paulatina y progresiva”, señaló el presidente del sindicato, Julio Trostchansky.
Sobre los elementos vinculados con el proceso asistencial, Trostchansky sostuvo que “no se puede interrumpir el tratamiento de un paciente porque no pueda acceder al pago de una orden o de tiques”. En tanto, informó que en la reunión el presidente avaló la idea de eliminar gastos en forma “paulatina, lenta y progresiva”.
Por otra parte, generar cambios en el ejercicio profesional y recuperar salarios del sector fueron otros planteos que el Sindicato Médico realizó a Vázquez. En ese sentido, Trostchansky informó que dialogaron sobre la creación de más cargos de alta especialización.
También trataron sobre posibles mejoras en infraestructura, generación de centros de referencias respecto a patologías que afectan a gran cantidad de personas y descentralización. Otro punto que se consideró en la reunión fue concebir herramientas que posibiliten la medición de resultados y que brinden información para elegir un servicio o médico de referencia, informó Presidencia.
El fortalecimiento del proyecto de refundación y reconversión del Hospital de Clínicas fue otro tema del encuentro. El mandatario transmitió el compromiso de continuar con la discusión del proyecto. Finalmente las autoridades informaron que Vázquez solicitó el compromiso y la ayuda del sindicato en la lucha contra el alcoholismo. “En la medida en que el gobierno entienda necesario que el sindicato tiene espacio para transmitir, educar y concientizar a la población en cuanto al uso inadecuado, nosotros comprometemos la participación como organización social”, señaló el titular del SMU.

EXPRESOS DE GUANTÁNAMO FIRMARON ACUERDO CON GOBIERNO
Cuatro de los seis refugiados y exreclusos de Guantánamo firmaron el acuerdo que el gobierno elaboró y que establece los compromisos que asumirán para poder comenzar con más formalidad su inserción en Uruguay. El expreso que inició la huelga de hambre fue el único que no firmó porque está en duda si se queda en Uruguay.
En la firma del acuerdo, los refugiados estuvieron acompañados de Mauricio Pígola, el abogado que asesora a cuatro de ellos, y Christian Mirza, el interlocutor del gobierno con ellos.
Los exreclusos levantaron la medida de acampar frente a la embajada de Estados Unidos, pese a que en el acuerdo no hubo cambios y que aún no lograron hablar con autoridades de la embajada de Estados Unidos, como reclamaban. Mirza señaló que no se cambió en nada la carta compromiso inicial y explicó que ahora los refugiados aceptaron el acuerdo, porque había habido problemas de “entendimiento” a raíz de que ellos no hablan español. Se mantiene la partida mensual que recibirán en 15.000 pesos, la cual variará cuando lleguen sus familias y el plazo del acuerdo, que es por un año con opción a dos.

REGULACIÓN DE ALCOHOL PRESERVARÁ DERECHO
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, dijo, en la conferencia denominada “Políticas de drogas y bienestar público, políticas de alcohol y regulación de mercado”, que para avanzar en la regulación del mercado de alcohol se debe aprender de otras experiencias, lo que no implica repetir modelos, sino recrearlos. Recordó que la política de Uruguay garantiza el goce y disfrute de los ciudadanos sin lesionar el bienestar social. En tanto, pidió a los adultos no estigmatizar a los jóvenes y asumir responsabilidades.
Romani recordó que las políticas de drogas en Uruguay ratifican el compromiso de garantizar los derechos. Aseguró que es un objetivo respetar el derecho a goce y placer, siempre que no se lesionen los derechos de otros. En cuanto a las fiscalizaciones, aclaró al portal de Presidencia que no pueden comprometer derechos inalienables ni lesionar el bienestar social.
El secretario de la JND específicamente se refirió a la protección de los derechos de niños y jóvenes y rechazó que se los estigmatice. Dijo que el problema es de los adultos y que los padres, madres, docentes, empresarios y publicistas, entre otros, deben asumir sus responsabilidades. “No traslademos nuestras responsabilidades a las conductas juveniles”, señaló.
Asimismo, afirmó que “el control social, cuando imponen cierto nivel de fiscalización, es mejor codiseñarlo y cogestionarlo con los involucrados, en este caso con los consumidores que tienen una enorme sabiduría, pese a tener problemas con las sustancias. Es un desafío mundial y existe una estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol”.
Por su parte, la ministra interina de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló que el tema drogas “nos atraviesa a todos” y es abordado con particular interés por el gobierno. Además, resaltó la importancia de la evidencia científica para diseñar políticas públicas, así como el intercambio con expertos internacionales.
En tanto, el representante en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Eduardo Levcovitz, valoró las políticas de Uruguay por la definición del tema como un problema de salud pública, y por la consonancia entre los mandatos universales y las políticas pautadas por el país.
Señaló que los diez años de políticas específicas generan una expresión internacional “de doble cara”, por un lado porque hay resultados concretos de la morbimortalidad, que demuestra efecto de las políticas, y por otro, por la dificultad de enfrentar los grandes intereses industriales --en alusión a la demanda de la empresa de tabaco Philip Morris--. Señaló que el interés mundial se centró en el debate sobre marihuana y ahora hay un reperfilamiento de la política en lo que refiere a alcohol.
Por otra parte, elogió la perspectiva psicosocial y sanitaria, y no el tratamiento como si el consumo fuera de por sí un delito. “Vender modelos es la peor cosa que le puede pasar al organismo y al país. No hay una receta única para todos, es fundamental buscar el camino propio y contar con la decisión política de hacer, sabiendo que las cosas no se logran de la noche a la mañana sino que se trata de un proceso en construcción”, aseguró.
Agregó que “es un desafío conjunto con las autoridades nacionales construir y fortalecer las instancias capaces de llevar adelante una política pública de regulación y control socio-sanitario de la gestión del alcohol y del tabaco”, sentenció.