Opinion | 25 May A raíz de los elevados índices de contaminación del río Santa Lucía y la Laguna del Sauce, se instaló en diversos niveles --académicos, políticos y comunitarios-- la preocupación acerca de un tema que no se incluía en las discusiones. La potabilización del agua no era un asunto de excesiva polémica como para llevarlo al ámbito parlamentario, donde generó cruces de opiniones y la constatación de un problema no resuelto a causa de la falta de controles.
La permisividad con el uso de agroquímicos, la existencia de microcistina producida por floraciones algales --que en el río Uruguay existen desde hace al menos 30 años-- o la falta de saneamiento en las poblaciones costeras provocaron que los cursos de agua reciban un incremento de nitrógeno y fósforo mientras se transformaban en un producto de dudosa salubridad.
Este engranaje que se volvió complejo hizo saltar algunos fusibles. En los últimos días, el gerente general de OSE, Danilo Ríos, fue cesado de su cargo y el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, se apuró a aclarar que dicha salida no tuvo relación con la calidad del agua en Maldonado.
Sin embargo, hasta ahora se desconoce el papel ejecutivo de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), cuya ausencia solo se explica por su desintegración. Ha sido la entidad nacional con directa injerencia en el tema la que no se ha pronunciado respecto de una problemática que se observa a nivel nacional porque los académicos consultados reconocen que --en mayor o menor medida-- las tomas de agua superficiales están comprometidas.
En su página web, la Ursea asegura que se creó “con el fin de defender a los usuarios y contribuir al desarrollo del país, a través de la regulación, fiscalización y asesoramiento en los sectores de energía, combustible y agua. Nuestro principal objetivo es que cada uruguayo tenga acceso a todos los productos y servicios vinculados con la electricidad, combustible, gas y agua potable con la calidad, continuidad, seguridad y precio adecuado”.
Su tarea de regulación ha permanecido al margen, en tanto no se ha conformado la totalidad de su directorio. Desde marzo pasado tiene un único miembro y el Poder Ejecutivo no ha designado a los demás integrantes.
Igualmente se deberá recordar que dicho organismo no publica sus informes acerca de la potabilidad del agua en Uruguay desde 2004. Hace dos años, durante un taller para periodistas, el presidente de la Ursea, Daniel Grief, explicó que “el manejo de esos datos puede generar alarma”, en tanto “las normativas son muy conservadoras”. Incluso es importante destacar que el ente tiene la potestad de sancionar a las empresas que regula –por ejemplo OSE-- pero no lo ha hecho.
La omisión de a quienes corresponde conformar con rapidez el directorio de un organismo inherente a esta problemática es relevante. En su lugar, se escuchan explicaciones que enturbian aún más un problema de larga data.