Opinion | 27 May La problemática que afecta a cientos de familias en Paysandú por las dificultades en los tiempos de concreción del armado de casas prefabricadas en el marco de del programa de cooperativas sindicales, para lo que se cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Vivienda, y la demora en la regularización de viviendas también de interés social, como las de los complejos IC, que data desde hace varias décadas, es apenas la punta de un iceberg que involucra a un universo de no menos de 100.000 familias en todo el país, si tenemos en cuenta el déficit habitacional estimado.
No se trata de cargar las tintas en tal o cual programa o siquiera gobiernos, porque en mayor o menor medida en cada período, del partido que sea, se han ensayado respuestas, con resultados disímiles --y muchas frustraciones--, para posibilitar el acceso a la vivienda propia mediante apoyo financiero subsidiados desde el Estado, lo que incluso se hizo durante la dictadura.
Pero la realidad manda, y evidentemente lo que se ha hecho ha sido insuficiente porque de otra manera se hubiera logrado por lo menos reducir la brecha entre la oferta y la demanda de viviendas de interés social; no ha habido continuidad en programas, mucho menos en la fluidez de los recursos, sin una suficiente disponibilidad de tierras, como regla general, y es evidente que los políticas de Estado han estado ausentes, más allá de las intenciones.
No puede ignorarse que el gran problema radica en el desfasaje entre el poder adquisitivo de una familia promedio en el Uruguay y el costo de una unidad habitacional, lo que a la vez se traduce en el alto costo de los alquileres en segmentos medio y medio bajo, porque es un problema de oferta y demanda pero también porque el mercado inmobiliario es uno de los sectores a los que se vuelca la inversión para preservar capitales o patrimonio, en aras de determinada rentabilidad.
El punto es que pasan los sucesivos gobiernos y nuestro país sigue exhibiendo un déficit manifiesto en materia de disponibilidad de viviendas para los sectores de menores ingresos, por más programas y buenas intenciones que se pongan en marcha.
Y muchos programas se han puesto en marcha, a veces por cuenta solo del Estado, a veces por acción mixta, otra por contratos con privados y en buena medida también con el aporte en trabajo de los propios beneficiarios en mano de obra, como es el caso de las cooperativas y sistemas más recientes por autoconstrucción, con el común denominador de ir ofreciendo alternativas para sectores de la población con posibilidades distintas, con respuestas posibles en determinado tiempo.
Asimismo, se incorpora el ingrediente adicional de un encarecimiento de la industria de la construcción por encima del aumento global de salarios y pasividades, lo que aleja el acceso a la solución habitacional.
Últimamente, a través del Ministerio de Vivienda en programas llevados adelante solo por esta secretaría de Estado, y en otros por convenio con intendencias departamentales y otras instituciones públicas y privadas, se vienen instrumentando líneas que han sido soluciones aún parciales, incluyendo financiaciones bancarias a promotores privados, con beneficios especiales, para la construcción de viviendas de interés social, pero naturalmente, ante el costo de las unidades habitacionales, están dirigidas a núcleos familiares con ingresos medios, medio altos y altos, con entrega llave en mano y plazos de amortización de mediano y largo plazo.
Igualmente, como no hay milagros en economía, sobre todo ante los elevados costos que pesan en el Uruguay, se ha percibido por potenciales beneficiarios y el propio gobierno que muchas veces la oferta de vivienda construida bajo este régimen exorbita las posibilidades del núcleo familiar destinatario, y que era preciso topear el precio de la oferta de unidades habitacionales.
Pero los topes fijados por el gobierno a los precios de las viviendas de interés social hacen que los proyectos de construcción resulten menos atractivos, porque una ecuación consta por lo menos de dos partes, y en este caso lo primero que se ha logrado es desestimular a los inversores a emprender en la construcción de nuevos edificios.
Así lo advierte precisamente un informe realizado por el equipo técnico de Sures Bienes Raíces, el que aclara que en junio de 2014 un decreto del gobierno puso tope a los precios del 25% de los inmuebles de cada proyecto realizado bajo los beneficios del régimen de Vivienda de Interés Social en Montevideo y el Interior, porque entendió que en algunos emprendimientos los valores se habían excedido. Pero no es por esta vía que se habrá de llegar a las soluciones requeridas, sino que es preciso seguir sumando instrumentos y potenciar y perfeccionar aquellos con los que se cuenta, buscando nuevas formas de financiación, tanto para la recuperación como para la construcción de vivienda nueva, con la contrapartida de contar con cartera de tierras, y en lo posible hacer participar a los propios beneficiarios en el proceso de construcción, porque es el esfuerzo y no el regalo el que ayuda a valorar aquello que se logra al cabo de un largo proceso.