Opinion | 22 May En las últimas horas, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reafirmó que no está dispuesto a dar información sobre casos policiales aun cuando estén en primera línea de atención de la opinión pública, porque se están investigando. “Se está investigando y mientras se está investigando, no voy a hacer declaraciones. Todo hecho violento preocupa, pero veremos cómo evoluciona. No voy a decir cómo se está trabajando”, dijo Bonomi.
Así como lo expresa el secretario de Estado (y solo así), no hay mayores objeciones, en la medida en que resulta lógico que la sociedad permita que la Policía investigue con tranquilidad y secreto para llegar a mejores resultados.
No obstante, la decisión del Ministerio del Interior es mucho más amplia, en la medida en que es cada vez más escasa la información que se brinda a la prensa, en todo el país, pero de manera muy especial en el Interior.
La no difusión de hechos policiales no genera que estos no existan o siquiera se reduzcan. No saber que en la vecindad se han producido hurtos en los últimos días, lejos de ayudar a la seguridad pública, alimenta la inseguridad. La prevención necesariamente necesita de la información, por lo que la decisión de retacear la difusión de las actuaciones policiales es totalmente equivocada.
En la era de la información, que un ministerio tan importante como el que contribuye a gestionar la seguridad pública tome la decisión de retacear las noticias es un hecho ciertamente preocupante. Está bien lo que dice Bonomi, si están en plena investigación, no se espera que se den los detalles de investigación. Pero eso no le quita la obligación de mantener informada a la población.
En primer lugar, si hubo un homicidio --como ocurrió en Paysandú en estos días, donde perdió la vida un joven de 21 años-- se debe informar sobre el hecho y otros detalles que se puedan dar a conocer. No si en la escena del crimen se encontró --grosero ejemplo-- el documento de identidad del criminal y se va camino a su casa. Pero sí, otros detalles.
No informar nada pone en duda la efectividad de la propia Policía. Porque si nada dicen, ¿cómo saber que están haciendo algo? Además, alimenta los “trascendidos” y rumores, que hacen más daño aún. Es un error suponer que si los medios de prensa informan sobre la actualidad, pueden “frustrar” el éxito de la labor de los uniformados. Y también lo es dar por “verdad” que los medios son tan poco responsables como para revelar datos que podrían beneficiar a los delincuentes.
El caso que cita el ministro, de un frustrado operativo en el estadio Centenario es precisamente un buen ejemplo. Si los medios hubieran estado enterados del procedimiento en curso, no hubieran informado. Simple y contundente. No dar información no es, ciertamente, la mejor decisión del ministerio. La población tiene derecho a esa información. Y el Estado no tiene derecho a quitárselo.