Locales | 29 May El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) avanza en sus gestiones ante las autoridades del Hospital Policial y ministerio del Interior vinculado a la situación laboral y sanitaria de los efectivos que se encuentran bajo las juntas médicas.
El vicepresidente del sindicato a nivel nacional, Alejandro Álvarez, dijo a EL TELEGRAFO que “si bien están amparados en la Ley 18.405, algunos casos son bastante críticos y se han logrado solucionar a raíz de la aplicación de la ley y el seguimiento de la patología de los involucrados. De hecho, lo menciona el artículo 10 de esa ley que establece el amparo en un beneficio transitorio durante tres años y su reinserción en un ámbito idéntico. Esto no se cumple en su totalidad y generó diversos encuentros con las direcciones del centro hospitalario y la Caja Policial, además de la oficina de Asuntos Internos”.
En el caso de Paysandú, “hay varios efectivos que debieron dedicarse a otras tareas. Por ejemplo, un funcionario local hace tres años que no percibe su salario ante un error administrativo –de acuerdo a nuestra interpretación-- porque quedó amparado en la órbita de Sanidad Policial a disposición de la junta médica en 2011. Luego de realizarse las evaluaciones correspondientes en la Junta Nacional de Aptitud, este trabajador quedaba a disposición. Sin embargo, por algún atraso administrativo no se informó a la Jefatura, se labró un sumario administrativo por faltar al servicio con la suspensión del salario, con énfasis en una orden interna del ministerio. Esto derivó en un complejo problema económico y familiar del afectado”.
Posteriormente, según Álvarez, “ese mismo año vino la resolución de las juntas médicas donde indicó que sus funcionarios debían ampararse en el artículo 7 de la Ley 18.405, donde establece su pase a retiro si tiene causal. Ese expediente no fue informado al funcionario a tiempo y permaneció más de un año sin ubicarse. Finalmente logramos que los expedientes paralelos se juntaran y se realizara una investigación interna en Montevideo. Esto llevó diez meses de gestiones”, resumió.
El lunes pasado, el SUPU se reunió con la dirección de la Caja Policial y la comisión de Asuntos Laborales de la oficina de Asuntos Internos del ministerio, donde se plantearon los atrasos del reintegro. Ante el caso específico del funcionario con más de tres años de afectación, “las autoridades se comprometieron a otorgar una solución en base a las ayudas económicas que brinda la Tutela Policial”, señaló.
El próximo mes se realizarán nuevas reuniones “para seguir de cerca diversos casos de similares características, algunos con la orden de reintegro desde marzo pasado y sin efectivizar”, dijo Álvarez.

LEY DE NOCTURNIDAD
Y AUMENTOS
La Policía no está incluida en la nueva Ley de Nocturnidad, destinada a los trabajadores que desempeñan su jornada laboral entre las 22 y las 6 horas, “porque no cuenta con un ámbito de negociación colectiva, más allá de que los convenios internacionales y disposiciones nacionales establezcan que los efectivos cumplen tareas especiales. Sin embargo, los legisladores no reglamentaron una norma que estipule este aspecto”, agregó el dirigente.
Hoy concurrirán a Montevideo para participar en las negociaciones por aumento salarial “con la propuesta de instalar una bipartita a solicitud de los sindicatos Afumi (Funcionarios del ministerio del Interior), ABU (Bomberos) y SUPU que conforman la mesa policial”. Álvarez recordó que el ministro de Economía, Danilo Astori, estableció que “la salud, educación y seguridad serán prioritarios. Con respecto a la seguridad queremos ver el alcance presupuestario del ministerio del Interior, en tanto un porcentaje se destinará a salarios».
« El sindicato reclama un salario base de $ 35.000 e incluiría el compromiso de gestión. En la actualidad un agente de segunda percibe $ 26.000”, consignó.