Locales | 31 May El fiscal de corte Jorge Díaz estuvo en Paysandú en el marco de una capacitación conjunta a policías y fiscales en el proceso preparatorio hacia la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal, oportunidad que fue propicia para visitar las instalaciones de EL TELEGRAFO.
Díaz definió el cambio que entrará en vigor en enero del año 2017 como el paso desde un proceso inquisitivo y escrito a un proceso acusatorio, oral y público, donde los fiscales van a tener que encargarse de la investigación, y además habrá un cambio hacia los juicios orales.
“Estamos trabajando sobre las técnicas de investigación. Dentro de ese proyecto contratamos a un instituto argentino que ha trabajado en casi todas las reformas de América, y ahora hay un grupo de fiscales de Rosario, Santa Fe, que están trabajando en eso en seminarios, en talleres, grupos. Se trabaja básicamente con algún caso que se expone y se plantean grupos de trabajo entre los fiscales y los policías. La idea es que vamos a trabajar juntos en la parte de investigación y estamos formando a la gente para que pueda afrontar después la responsabilidad”, explicó.
El fiscal destacó que en este proceso son varias las líneas de trabajo con el Ministerio del Interior. “Estamos elaborando protocolos para investigar delitos. Tenemos tres grupos de trabajo en este momento, integrados por fiscales y oficiales superiores de la Policía que están haciendo un protocolo de actuación en materia de delitos contra la propiedad: hurtos, rapiñas; delitos contra la persona: homicidios, lesiones y violencia de género. Ya están en la etapa de redacción y probablemente cuando terminemos con eso empecemos con droga y con seguridad rural”, detalló.
Simultáneamente se está trabajando con el Poder Judicial “en la parte de implementación. Tenemos dos años de mucho trabajo, y estamos trabajando con el Poder ejecutivo a ver si conseguimos los recursos necesarios, que es la otra pata”, en alusión a la elaboración del presupuesto quinquenal que está en pleno proceso.

PREVENTIVA
Díaz ha sido, durante la etapa de discusión y redacción, uno de los abanderados a favor del cambio de modelo, sobre todo exponiendo las debilidades del sistema regido por el código anterior. El fiscal de corte puso como ejemplo los cambios que se proponen en la prisión preventiva, de la cual a su juicio se hace abuso, ocasionando que más de la mitad de la población reclusa esté tras las rejas sin condena.
“El sistema nuestro está tan desnaturalizado de lo que debería ser que a veces confunde. En un proceso --cualquier proceso, un proceso civil--, la sentencia se dicta al final del juicio; en caso que yo gane el juicio estás condenado a pagarme una suma de dinero, pero vas a estar condenado y me la vas a pagar el día que termine el juicio, antes no. Puede pasar que antes o durante el juicio exista riesgo de que no me vayas a pagar el día que se dicta la sentencia o estés perdiendo solvencia, y ahí existen las medidas cautelares. O sea, la cautelar busca asegurar que al final del juicio la sentencia que se dicte se pueda cumplir”, explicó.
“En materia penal se pueden dictar muchas medidas cautelares, pero aunque estés procesado sos inocente, hasta que se dicte la sentencia de condena; el día que se dicte la sentencia de condena, cae la presunción de inocencia y ese día sos culpable de haber cometido el delito tal. Las medidas cautelares en lo penal buscan lo mismo que en lo civil: asegurar que la sentencia se pueda cumplir el día que se dicta. El día que termine el juicio y que te condenen a 10 años de penitenciaría, efectivamente vas preso”, agregó Díaz.
La intención de esta medida es “evitar una fuga o que en libertad frustres la prueba, amenaces a los testigos, rompas documentos, etcétera. La tercera finalidad, que es propia de la parte penal, es evitar la reiteración de la conducta. Esas son las tres finalidades que se busca asegurar con la prisión preventiva”, dijo.

CONDENADOS
Díaz agrega que también se falla cuando corresponde ejecutar las condenas. “Es tan absurdo nuestro sistema que estás procesado, sos inocente y estás preso, pero si durante el proceso obtenés la libertad y luego sale la sentencia ‘fulano de tal seis años de prisión’, no volvés a la cárcel, porque se te tramita automáticamente la libertad condicional ante la Corte, sin que hagas nada. El Estado de oficio tramita la libertad condicional y la Corte la concede, en el 90% de los casos. Si la Corte no llegara a concederte la libertad, tampoco vas preso, porque la ley 17.726 establece un procedimiento de liquidación de los días multa y no volvés más a la cárcel, salvo que hayas cometido un nuevo delito. Entonces la sinrazón del sistema es que al principio del proceso vas preso y después de ser condenado no vas preso. Salvo que estés preso todavía”, explicó.
Con el proceso nuevo se agilizan los juicios, Díaz considera que en el nuevo sistema la prisión preventiva dejará de ser la regla y será la excepción, pero no desaparecerá.
“Un rapiñero no va a estar suelto ni en el régimen este ni en el régimen futuro”, enfatizó. “Podrá haber un rapiñero en libertad en un caso excepcional, que se trate de un primario, con toda la contención familiar y que nunca haya tenido ningún problema y que un día cometió una estupidez, que también hay que preverlo. Eso puede pasar, pero la regla va a ser que la rapiña, por la pena grave que tiene, va a ser imputada y se va a pedir la preventiva”, indicó el fiscal de corte.
También se podrá aplicar prisión preventiva a los reiterantes y reincidentes. “Riesgo de fuga, riesgo de frustración de la prueba, pero nosotros queremos tener una salvaguarda más, que es por ejemplo el caso de los reiterantes y los reincidentes. Con esa modificación que incluyó la Fiscalía en la ley, del reiterante y el reincidente, tenemos los argumentos para meterlos presos”, aseguró.
La fiscalía, señaló Díaz, también propuso que el Estado deje de tramitar de oficio la libertad condicional “y que todo el costo lo pagara el contribuyente. Así que si mañana tenés una sentencia que te condena a la pena privativa de libertad, te sale la sentencia de condena, tenés que venir a pedirme; si a los 10 días no me pediste la libertad condicional, vas a cumplir la pena”.
Además de ello se establece una serie de razones por las cuales se puede conceder esa libertad condicional, que deberán ser debidamente documentadas. “Ahora, si resulta que en lugar de todo eso seguiste delinquiendo, cometiste otro delito o no tenés trabajo, ahí vas a tener que cumplir la pena, pero la pena que te tocó. Eso obviamente va a aumentar el número de personas privadas de libertad con sentencia”. Asimismo se prevé “para la flagrancia, que es cuando te agarran con las manos en la masa o casi, un procedimiento extraordinario que en 48 horas vas a estar penado. Vas a ir preso pero penado”, sostuvo Díaz.

FISCALES
En el nuevo esquema de funcionamiento, el trabajo de los fiscales se incrementará. El fiscal de corte explicó que en parte eso se verá compensado con un aumento en recursos humanos disponibles, ya que la cantidad de fiscales se incrementó casi un 50 %. “Pasamos de 200 a 300 fiscales en los últimos tres años, hicimos dos llamados de ingreso a la Fiscalía”, explicó. Paysandú pasará a contar en breve con diez fiscales. “Es de los lugares donde estamos bastante armados”, consideró el jerarca.
Otro cambio que propone la Fiscalía de Corte para optimizar el trabajo es que los fiscales dejen de intervenir en ciertos procesos civiles que hoy requieren su participación. “Que los fiscales sigan interviniendo en las sucesiones y en los divorcios hay que sacarlo. Si en Paysandú le estamos diciendo a los fiscales ‘hagan todo penal, penal juvenil, aduana’ y además destinar seis de los diez para trámites de divorcio, no me dan los recursos”, indicó.
Esta decisión dependerá de un trámite legislativo que los deslinde de esa función. “Yo puedo hacer una propuesta, pero es el Parlamento que lo define; tendrá que definir cómo utiliza los recursos que tiene”, puntualizó Díaz.