Opinion | 30 May Desde el vamos --en realidad desde antes de las elecciones de octubre y noviembre, solo que no se decía-- la administración del doctor Tabaré Vázquez ha dado señales inequívocas respecto a la incidencia de factores combinados en la economía que comprometen el equilibrio de las cuentas del Estado, y éstos aparecen por el lado de un exceso del gasto respecto a los ingresos, y la desaceleración de la economía al cambiar las condiciones internacionales.
Estos elementos deben tenerse en cuenta ante el tenor del análisis que tuvo lugar en las últimas horas en Consejo de Ministros, más precisamente este jueves en que se realizó la cuarta reunión especial del Consejo de Ministros para la elaboración del presupuesto quinquenal. A la salida de la sesión el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, aseguró que “aun cuando tenemos restricciones, el país va a poder tener un presupuesto acorde con el cumplimiento de las obligaciones programáticas y sin alterar los equilibrios macroeconómicos”.
Pero por otro lado en la oportunidad se aprobó que “no se va a seguir practicando sistemas de jubilación anticipada (en organismos del Estado) porque hasta ahora han tenido un impacto fiscal importante para el país que no queremos seguir teniendo en el futuro; se aprobó que no haya prórroga de los programas existentes ni haya nuevos programas de jubilaciones o retiros anticipados”, de acuerdo a lo manifestado por Astori.
“Esta estrategia fiscal que empezará prudente al principio y luego irá acelerándose hacia la segunda parte del período supone tener en cuenta las limitaciones que tenemos del gasto público, que el 70% es endógeno, ya está prácticamente comprometido y, por otro lado, en materia del ingreso público tendremos que adoptar metas muy cuidadosas. Estamos esperando un crecimiento de la producción anual de entre 2,5% y 2,8% para 2015, 2016, 2017 y un crecimiento de 3% anual para 2018 y 2019”, agregó el ministro.
Con relación a las empresas públicas, el secretario de Estado afirmó que el gobierno espera “que crezcan sus aportes de 2,3 puntos porcentuales (del PBI) a 3,3 puntos porcentuales para 2019, hasta llegar a U$S 600 millones”, y sostuvo que se espera llegar al año 2019 con un déficit fiscal del 2,5% del PBI.
Paralelamente se analizó la posibilidad de reasignar gastos y realizar ahorros en el Estado, para cuyo objetivo el Consejo de Ministros aprobó “un conjunto de lineamientos para la elaboración presupuestal que pone acento en reasignar gastos: limita llenado de vacantes, gastos de publicidad y limitación de horas extra”.
Ocurre que el sistema de prejubilación que se podía sostener con una economía con viento a favor desde el exterior, hoy resulta en extremo oneroso, y a ello debe agregarse que en la última década han ingresado miles de funcionarios al Estado, muchos de ellos con elevados salarios en contratos y con cargo de “asesor” en una diversidad de áreas, como los propios ministerios, que han inflado sustancialmente el gasto.
Con un déficit fiscal del 3,5 % del Producto Bruto Interno (PBI), no puede ocultarse que se han tirado por la ventana cuantiosos recursos provenientes de una bonanza como nunca se había dado antes, y que cuando la situación internacional ha cambiado, todo aquello que parecía una gran conquista tenía mucho más espuma que sustancia.
De esta forma Vázquez recibió el gobierno de su mismo partido, de la anterior administración orientada por José Mujica, y aunque no alude a la tradicional “herencia maldita”, sí existe notorio malestar por cómo se han recibido las cuentas y el descalabro de la administración gubernamental desde el gobierno precedente.
Así, según da cuenta el semanario “Búsqueda” en base a fuentes oficiales, el gobierno de Tabaré Vázquez atraviesa un momento de “malestar” como consecuencia del esfuerzo y tiempo que debe dedicar a “arreglar” el “caos” que dejó la administración de José Mujica.
De acuerdo con la publicación, el propio Vázquez emitió quejas ante funcionarios de su mayor confianza por los problemas que encontró al asumir el mando. Jerarcas de su gobierno también manifestaron su preocupación ante actores del sector privado. “Búsqueda” sostiene que uno de los informantes señaló que “los gobernantes anteriores, en cinco años, desordenaron casi todo”. Además, remarcó que la situación es peor a la que recibió Vázquez luego del gobierno de Jorge Batlle, a pesar de la crisis económica que había vivido el país. Las fuentes describieron la situación de la administración central y demás áreas del Estado como “totalmente desordenada. Es como Berlín después de la guerra”. También indicaron que se registra un “caos” en distintas oficinas y en algunos casos “falta información” para llevar adelante una buena gestión.
Y pese a que, como es sabido, la conducción económica de la anterior administración estaba a cargo de técnicos del equipo de Danilo Astori, hubo una seria pugna con técnicos del MPP de Mujica en una serie de áreas --había en realidad dos políticas económicas en contradicción-- y este “desorden” procedería de ese origen improvisado, que era la impronta de trabajo de Mujica.
Y más allá del pase de facturas más o menos disimulado o al descubierto, es imposible disfrazar la realidad: el gasto estatal excesivo y rígido, la economía en desaceleración y el déficit fiscal son un cóctel indeseable, sobre todo después de diez años en que “llovieron divisas” en Uruguay.
Es de esperar que se haya aprendido la lección y que los voluntarismos fallidos den paso a una visión realista para que los reacomodos que se puedan lograr nos den un piso firme, de forma de iniciar esta vez un crecimiento con desarrollo y no solo una fachada para encubrir las deficiencias estructurales de siempre.