Opinion | 31 May Las perspectivas de que 50.000 hogares uruguayos puedan utilizar energía fotovoltaica, de acuerdo a lo indicado a EL TELEGRAFO por la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, es un buen indicativo en lo que refiere al proceso de reconversión de la matriz energética de nuestro país, y sobre todo a partir de los conceptos de la secretaría de Estado en el sentido de que se impulsarán instalaciones que se sumarán a las que existen en Paysandú, donde como es sabido se están desarrollando grandes superficies con paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica y su venta a UTE.
Cosse habló de un período de cinco años para incorporar el impulsor en los 50.000 hogares en todo el país, pero a la vez ha sido más optimista al considerar que Uruguay puede estar en condiciones de exportar energía eléctrica “con holgura”.
Esta afirmación debe evaluarse en un contexto del pasado reciente, por cuanto como es sabido hasta no hace muchos años el Uruguay vivía penurias para satisfacer su demanda eléctrica, sobre todo en los períodos críticos del invierno, en épocas de sequía, y había necesidad de importar energía eléctrica desde Brasil o Argentina, con un costo adicional para las arcas de UTE.
Corresponde tener presente, asimismo, en este proceso de reconversión que resulta muy saludable para el país, que las empresas hacen cada vez más uso de la ley de Promoción de Inversiones para incorporar energías renovables, con una amortización de los costos de entre tres y cinco años.
La perspectiva de librarse del costo mensual de energía y hasta de recibir pagos de UTE, ha comenzado a seducir a las pequeñas y medianas empresas (PYME), que apuestan a la electricidad generada a partir del sol, el viento y los desechos industriales.
Según evalúan los expertos, la clave ha sido un marco legal que favorece ese tipo de inversiones a través de beneficios fiscales, y una reducción en los costos de la tecnología necesaria.
Este proceso, según consideran, se ha acelerado a partir de 2010, cuando el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Nº 173/010 (microgeneración), autorizó a los suscriptores conectados a la red de baja tensión de UTE a generar energía eléctrica de origen renovable --eólica, solar, biomasa o minihidráulica-- con una potencia no mayor a los 150 KW, con la posibilidad de venderle al ente la energía excedente. Hasta el momento, los privados que querían producir energía eléctrica debían hacerlo en gran escala, como Montes del Plata, UPM, o los parques eólicos.
Es impensable que el proceso se diera en forma explosiva, y es así que en el año que se aprobó el decreto de microgeneración solo una empresa comenzó a generar energía propia, produciendo 0,1 MWh, sin excedentes. Pero ya cuatro años después, durante 2014, 96 compañías generaron 2.419 MWh, de los cuales volcaron a la red 1.335 MWh, según cifras aportadas por UTE.
Estas empresas tienen una potencia instalada total de casi 2,7 MW, pero para la gerente técnica comercial de UTE, Marta Alvarez, la respuesta a este decreto “fue muy buena”, pese a ser una reglamentación “nueva” que apunta a pequeñas o medianas empresas, y hogares.
Entre 2012 y 2013 se dio el crecimiento más pronunciado de la generación de energía eléctrica por las PYME, cuando se pasó de 18 compañías a 43, en coincidencia con la reglamentación del Decreto 02/2012, que modificó la Ley de Promoción de Inversiones, y que estableció que si un proyecto incluye entre las inversiones por lo menos 5% del monto total en energías renovables, entonces suma puntos para la exoneración de Impuesto de la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) sobre el monto de la inversión total, a través del indicador Producción más Limpia (P+L).
De acuerdo a la evaluación de técnicos en esta área, ello derivó en que muchas empresas se inclinaran por sumar energías renovables a sus proyectos. De esta forma, según datos de la Comisión para la Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), entre 2013 y 2014 se presentaron 84 proyectos de inversión por más de U$S 441 millones que incluían el ítem P+L, sin incluir los parques eólicos destinados a la venta de energía a la red.
Quiere decir que a partir de la modificación de la Ley de Inversiones, quienes llevaban a cabo este tipo de emprendimientos no tenían mayor atractivo para hacerlo y lo hacían de motu propio, desde que no era redituable en lo económico. Pero de acuerdo a las estimaciones, si se encara una instalación de paneles fotovoltaicos del orden de los 150 KW, cuyo valor ronda los U$S 360 mil, y se logra sumarlo a un proyecto de mayor porte, la deducción que resulta del total de esa inversión puede pagar los paneles o reducir ampliamente su amortización.
El presidente de la Cámara Solar, Eliseo Cabrera, indicó que un proyecto de energía solar, asociado a otra inversión, se puede amortizar en dos años o dos años y medio (lo que en condiciones normales insumiría entre siete y diez años) y si se toma en cuenta que esa tecnología tiene una vida útil superior a los 25 años, resulta conveniente para las empresas.
Ello ha tenido como consecuencia además que se abrieran mercados y empresas especializadas en el suministro e instalación de complejos de energía fotovoltaica, como es el caso de Renovables, que surgió como una empresa enfocada a la microgeneración en hogares, ahora ocupa el 90% de su facturación en el área industrial y comercial, además de Tecnogroup, que se dedica al desarrollo de proyectos de energías renovables, la creación de plantas de macrogeneración para la venta a UTE y, próximamente, a la producción de paneles solares. A ellas se suma la firma Ingeniero Tugentman, que ingresó al mercado de los paneles solares hace dos años.
Es decir que estamos ante un panorama mucho más auspicioso que el que se tenía antes de la citada ley, con inversiones en marcha y un proceso alentador para el recambio de matriz, con llegada no solo desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente y de reducción de la dependencia de generadores tradicionales y fósiles.