Opinion | 28 May Una dura respuesta del secretario general de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), José Olivera, a expresiones de la directora de Secundaria, Celsa Puente, marca el tono con que se ha rodeado el paro de 24 horas realizado ayer por gremios de la enseñanza. El dirigente gremial sostuvo que a la jerarca le falta capacidad para gestionar y no tiene autoridad para calificar las acciones del sindicato.
Puente había expresado que el paro de los sindicatos de la educación “tiene cierta precocidad” porque el presupuesto recién se está construyendo y todavía no hay detalles, en tanto Olivera subrayó que las autoridades desconocen las normas constitucionales vigentes y no han dado ningún mensaje sobre la construcción del presupuesto, y además que no se conocen lineamientos sobre la educación para los próximos cinco años. En tanto, Puente dijo que se está trabajando en el tema y que cree que se puede llegar a un 6% para la educación en este quinquenio.
Mediante esta medida de fuerza, los sindicatos reclaman respeto a la “autonomía y cogobierno de la educación”, que se concrete un presupuesto “de un piso mínimo de 6% del PBI para la ANEP y la UdelaR”, y por la “defensa de la negociación colectiva y freno al posible avasallamiento de los derechos conquistados”.
También el paro fue en contra de “cualquier propuesta que pretenda mercantilizar o privatizar la educación”. En este sentido, en entrevista con El País, el secretario general de la Fenapes, José Olivera, advirtió que hay un “plan encubierto” para privatizar la educación en Uruguay, y dijo que prueba de esto eran los liceos públicos de gestión privada como el Jubilar y como el que pretende hacer el sindicato de la bebida.
La “precocidad” que señala la directora de secundaria sin dudas refiere a que los sindicatos de la enseñanza estatal apuntan a “ganar el plante” al gobierno de Tabaré Vázquez a propósito de la instancia presupuestal, es decir la etapa inicial en todo gobierno en la que se elabora una ley madre para la distribución de recursos, y un instrumento que los gremios consideran vital para lograr el reclamado seis por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación.
Y de paso, la dirigencia sindical denuncia el “plan encubierto” para la privatización de la enseñanza en el Uruguay, asumiendo como tal acciones que se han desarrollado en institutos específicos como el “Jubilar”, que son públicos con gestión privada, y que apuntan solo a generar un plus en beneficio del estudiante, en aras de su contención y motivación. Esto se traduce en un mejor rendimiento en el estudio del joven y en el área pedagógica, y por lo tanto hace las veces de un paliativo muy encomiable ante los graves problemas de nuestra enseñanza.
Lamentablemente, en este paro, con el sesgo ideológico de siempre --hasta hubo un rechazo a las negociaciones por el Acuerdo Global de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés)--, se pone de relieve que lejos de contribuir a generar las soluciones, los gremios de la enseñanza no han asumido que son parte del problema, porque son arte y parte en la problemática, apuntan a lograr cada vez más cuotas de poder que ya les fueron entregadas en buena medida a partir de la Ley de Educación aprobada durante la anterior Administración Vázquez y pretenden mantenerse al margen de toda evaluación de calidad y resultados de su tarea.
Es así que entre sus reivindicaciones han incorporado su rechazo a la “injerencia” del gobierno y el sistema político en la enseñanza, reivindicando la independencia de los organismos rectores para elaborar programas y autoregirse, por lo que el papel del gobierno y del sistema político en general debería limitarse a dar la aquiescencia para volcar los recursos que pide el sector, situado en el seis por ciento del PBI en toda circunstancia. En resumen, exigen plata, recursos, autonomía e independencia, para pasar por encima de todo el sistema democrático cuando no representan a nadie.
Por supuesto, mantenerse al margen de la evaluación y de correctivos que no surjan desde adentro mismo de los organismos de la enseñanza forma parte de la preservación de “guetos” en ciertos organismos del Estado, que a la vez son parte de corporativismos que pretenden conservar sus cuotas de poder.
Paros como el que mencionábamos son parte indisoluble de un esquema perverso en el que se apunta a mantener un statu quo en el que lo que menos importa es la calidad de la enseñanza y la formación del estudiante. Se forma así un centro de discusión ideológica que anatemiza todo lo que provenga del sector privado e idealiza lo que esté en manos del Estado, porque una vez logrado el objetivo, el poder ni siquiera queda en manos de los representantes del pueblo --o sea quienes tienen el respaldo del voto popular--, sino de un minúsculo grupo de sindicalistas “iluminados”.
Mientras tanto, se supo en las últimas horas que la ANEP (Administración de la Enseñanza Pública) dio de baja a Andrés Peri, uno de los integrantes de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), por entenderse que su permanencia implicaba un “conflicto de intereses”. Según reconocieron fuentes de la ANEP a El País, la salida de Peri fue votada por unanimidad en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP a propuesta de su presidente, Wilson Netto.
Según las fuentes, Netto dijo que se debía “trabajar de otra forma” y que “no puede ser que quien va a nutrir la evaluación de la ANEP le dé insumos al instituto de evaluación, porque no puede ser juez y parte”. La idea sería poner a personas que no tengan cargos de dirección.
El punto es que más allá de quien integre estos organismos, nunca debe perderse de vista la importancia de una evaluación externa a la enseñanza, para superar la autocomplacencia crónica que ha sido determinante --junto con las trabas de los corporativismos-- para que hoy siga en deterioro. De la misma forma es preciso considerar los paros “por si las dudas”, para presionar desde el vamos a quienes pretendan hacer algo para cambiar la pisada en políticas educativas que siguen sumidas en un rotundo fracaso, con excepciones y la buena voluntad que confirman la regla.