Locales | 03 Jun La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) mantuvo en la víspera una reunión con los intendentes electos de Paysandú, Salto y Río Negro y sus asesores, para “tener una instancia de discusión de la cartera común que tenemos, entre FDI (Fondo de Desarrollo del Interior), PDGS (Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional), caminería rural, caminería forestal, en fin, una enorme cartera que implica transferencias del gobierno nacional a las intendencias del orden de los 500 millones de pesos al año a los gobiernos departamentales”. Así lo indicó Pedro Apezteguía, director del Área de Políticas Territoriales de la OPP. Con él y asesores del organismo se reunieron el sanducero Guillermo Caraballo, el salteño Andrés Lima y el también sanducero pero electo por Río Negro, Oscar Terzaghi.
En la reunión realizada en el Gran Hotel Paysandú, Apezteguía aseguró que la OPP “puede establecer convenios de mejora de gestión para la instrumentación y administración de recursos” mencionando entre estos “la forma de cálculo de las tasas, de las distintas recaudaciones”, y puso como ejemplo “el cobro de la patente de rodados, que fue una forma que tuvo el gobierno nacional de apoyar a las finanzas de los gobiernos departamentales”.
Otro ejemplo, entre aquellas tasas que deberían ser sometidas a revisión, fue el de “la tasa bromatológica” porque actualmente “una empresa para vender en los 19 departamentos, en un país tan chiquito como el nuestro, tiene que hacer 19 registros. Debemos lograr un registro único, independientemente de quien cobre la tasa. Eso facilitará el crecimiento de las pequeñas empresas, que podrán tener actividad en todos los departamentos y competir en mejores condiciones”.
En cuanto a las alertas de algunos intendentes electos ante finanzas agotadas en algunas administraciones, Apezteguía concedió que “supongo que este proceso de transición siempre se ha vivido así. He estado en algunos, más cerca o más lejos y es normal que los intendentes electos se muestren preocupados por la forma en que van a recibir las finanzas de las intendencias. Es normal también que eso se agrave luego de un año electoral que implica mayores inversiones que has habituales, esa es la situación”.
Soluciones parciales como dejar de pagar las cuentas de las empresas públicas, como se ha planteado, “es difícil de concretar, porque eso parte de un convenio nacional. Entonces dejar de pagar UTE por ejemplo, es incumplir la ley que establece que para recibir los subsidios nacionales tienen que estar al día con las empresas públicas. Además el gobierno nacional tiene la posibilidad de retener parte de las partidas destinadas a ese fin, en hasta un 11% en los primeros meses del año. Luego se verifica si los gobiernos departamentales han pagado el resto”.
Apezteguía subrayó que “esa no es la manera de salir de los problemas, porque aquí el problema es la responsabilidad fiscal y presupuestal, es ajustar las obras y las promesas a lo que efectivamente los vecinos pueden pagar”.
En cuanto a la relación de la OPP con la nueva confirmación del Congreso de Intendentes recordó que “siempre ha sido fluida” y que “en julio se viene una discusión bien importante, que es la vinculada al porcentaje de recursos nacionales que le corresponden a las intendencias y a su vez cuáles son los compromisos de los gobiernos departamentales para recibir esos recursos”.