Opinion | 30 May Debido al voto negativo de legisladores de la coalición de izquierdas se cerró la posibilidad de nombrar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre la gestión del Fondo para el Desarrollo (Fondes), con la argumentación oficialista de que no había elementos para generar una investigación parlamentaria a propósito del tema.
El Frente Amplio rechazó habilitar esta comisión investigadora que había planteado el diputado blanco Rodrigo Goñi, y el argumento de los dos diputados de la coalición de izquierdas que integraron la preinvestigadora --Alfredo Asti y Cecilia Bottino-- fue de oportunidad y falta de documentación, según da cuenta El País.
El miércoles la preinvestigadora precisamente recibió a Goñi, instancia en la que el diputado denunciante dijo que pidió la comisión con “dos objetivos igualmente importantes”: investigar hechos irregulares o ilícitos, y reunir datos para una nueva ley del Fondes. Enumeró lo que a su entender configuran indicios de irregularidades o ilícitos cometidos en el otorgamiento de dinero del Fondes: el cierre de tres empresas que habían sido asistidas; los resultados negativos de otros emprendimientos; empresas que presentan excesiva dependencia con mercados u organismos estatales, en particular de Venezuela; violaciones de las normas medioambientales; y la asistencia de U$S 6 millones a una empresa que a los pocos meses cerró, caso que está hoy bajo investigación de la Justicia.
“Por los hechos que se conocen entendemos que ha habido un abuso, una desviación y un exceso de poder por parte de la administración del Fondes”, afirmó Goñi, según las actas de la comisión a las que tuvo acceso El País. Y agregó que existió una directiva del expresidente José Mujica en cuanto a que el Fondes debía servir a intereses ideológicos. En ese sentido, recordó la frase de Mujica de que el Fondes “debía servir para mantener una vela prendida al socialismo”.
El punto es que quiérase o no, debe apostarse siempre a la transparencia cuando se trata del manejo de fondos públicos, y mucho más aún en un organismo a través del cual se han volcado millones de dólares en apoyo a emprendimientos de dudosa sustentabilidad o futuro.
Además, debe recordarse que desde el oficialismo también se dijo que no había lugar a ninguna sospecha fundada cuando se pidió comisiones investigadoras en el caso Pluna, como así también en ASSE o el Hospital Maciel, donde luego a través de la Justicia se comprobaron estafas y maniobras fraudulentas. Con todo esto, no es descabellado pensar que este podría ser un caso similar.
Por lo tanto, no es de recibo que se diga que se quiere hacer un “circo mediático” para no habilitar una investigación, porque la explosión mediática, y muy justificada, viene después, cuando salen a luz las irregularidades y se hacen piruetas dialécticas para tratar de justificar lo injustificable.