Opinion | 04 Jun Con la afectación del 8,2% de su Producto Bruto Interno (PBI) al gasto público jubilatorio, Uruguay destina en pensiones más del doble que el promedio regional en relación a su PBI y duplica el porcentaje regional de población mayor a 65 años en relación con las personas en edad laboral, según el informe “Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que implica una cifra considerable si se evalúa aisladamente, pero que debe ser analizada en un contexto que tiene varias puntas.
En números, el citado porcentaje significa unos U$S 4.500 millones, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe es 3,1% del PBI, en tanto detrás de Uruguay vienen Brasil --que destina 6,8% de su PBI al gasto en pensiones-- y Argentina (6,4%). Completan los cinco primeros, Honduras (5,1%) y Panamá (4,9%).
Por otro lado, destaca el estudio que los uruguayos mayores de 65 años representan el 25% de la población en edad laboral, mientras que en la región esa relación en promedio es de 12,3%.
No es un secreto para nadie que desde hace varios años --y se viene acentuando-- nuestro país tiene una población envejecida, mientras detrás de Uruguay viene Argentina con personas de más de 65 años que representan 19,2% de la población en edad laboral. Barbados es el tercero con 16,7% para esa relación, Chile el cuarto con 16% y Jamaica el quinto con 14,5%.
Y como decíamos, ese escenario debe ser evaluado desde diversos ángulos, porque tener un alto porcentaje de personas mayores de 65 años, es decir en edad jubilatoria, indica que el país ha avanzado en la expectativa de vida de su población.
El BID apunta que “el envejecimiento de la población es uno de los motores de cambio de la ola de reformas pensionales alrededor del mundo en los años recientes”, y acota que “la tasa de dependencia es un indicador importante de la presión que ejercen las cuestiones demográficas sobre los sistemas pensionales; mide el número de personas en edad productiva (entre 20 y 64 años) en relación con el número de personas en edad de jubilación (mayores de 65 años). En el momento, existen en promedio casi un poco más de ocho personas en edad productiva por cada jubilado”, agregó.
“El país más viejo de América Latina y el Caribe a nivel demográfico es Uruguay, con una tasa de dependencia de solamente 4. Argentina es el siguiente con 5,3, seguido por Barbados con 6,1, y Chile y Jamaica como los únicos otros países por debajo de 7”, remarca el organismo.
El estudio señala que “sin tener en cuenta las características socioeconómicas, el principal determinante de la cobertura pensional es el tipo de empleo. En promedio, mientras que 64 de cada 100 trabajadores asalariados contribuyen a un esquema pensional en los países de América Latina y el Caribe, solamente lo hacen 17 de cada 100 trabajadores independientes”.
“Entre los países de América Latina y el Caribe, solamente Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay parecen estar obteniendo ahorros pensionales significativos por parte de los (trabajadores) independientes”, añade.
“La explicación para esta desafiante situación está en algunos casos en la afiliación voluntaria, en otros en la falta de rigor en la aplicación de la afiliación obligatoria, y en los factores usuales relacionados con los bajos ahorros pensionales (los ingresos bajos e irregulares, la miopía y la procrastinación)”, explica el reporte. Según el BID, “el tamaño de la empresa también desempeña un papel importante en las contribuciones de los trabajadores asalariados. Cuanto más grande es la empresa, mayor es el número de empleados que tienden a cotizar, independientemente de sus niveles salariales”.
Debe tenerse presente que a partir de la reforma de 1996 en Uruguay el sistema de pensiones se basa en un sistema mixto que recibe contribuciones y otorga beneficios de forma combinada, según los diferentes rangos de ingreso. Por una parte, existe un sistema de retiro de solidaridad intergeneracional y, por otra parte, hay un sistema obligatorio de ahorros pensionales a través de las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP) que por primera vez en nuestro país determina que el propio trabajador vuelque aportes en una cuenta propia para generar rentabilidad que le permitan contar con un dinero seguro cuando su retiro, en lugar de tener que apelar a la solidaridad intergeneracional.
Esta solidaridad implica que existe un fuerte desfasaje generacional en la afectación de recursos al organismo previsional, por cuanto los trabajadores de hoy están pagando las pasividades actuales, y los beneficiarios contemporáneos del sistema a su vez estuvieron pagando durante su vida activa las prestaciones de quienes se habían acogido antes a la pasividad.
Quiere decir que la buena nueva de una mayor expectativa de vida y el alto porcentaje de pasivos tiene la contrapartida de una mayor exigencia de aportes a los sectores activos, y precisamente esta relación en Uruguay dista de ser la mejor, por cuanto porcentualmente hay un menor número de personas en los estratos activos que en otros países de la región, y ello condiciona para el futuro la estructura financiera del Banco de Previsión Social (BPS), contrariamente a lo que ocurre con organismos como las AFAP, en los que la cuenta bancaria es de cada uno y existe el estímulo de aportar lo más posible para el momento del retiro.
Y a la vez esta relación, está sujeta a los ciclos de la economía, es decir los momentos de bonanzas, las crisis y los intermedios, que a la vez se traduce directamente en los aportes al BPS, lo que indica que lejos de ser autocomplacientes con lo que se ha logrado, corresponde asumir el reto de pensar en reformas que permitan desde ya evitar que las variables negativas lleguen a una masa crítica en un futuro más cercano que lo que pueda pensarse.