Locales | 04 Jun La Unión Ferroviaria se declaró en conflicto y asamblea permanente, con la realización de paros zonales, en tanto se opone a que los trabajadores de AFE pasen a desempeñarse en la operadora de carga denominada Servicios Logísticos Ferroviarios, bajo el derecho privado.
El secretario general del gremio, Ricardo Cajigas, recordó a EL TELEGRAFO que antes de las elecciones nacionales solicitaron entrevistas con los candidatos “y el único que contestó fue Tabaré Vázquez, que designó a Víctor Rossi como su interlocutor”. Previamente a su asunción como secretario de Estado, el sindicato ferroviario mantuvo tres encuentros y “en la última reunión en presencia del subsecretario Jorge Setelich, se manifestaron de acuerdo en que comenzara a funcionar la operadora Servicios Logísticos”. Al sindicato “no le gustó la idea, pero para seguir con el trabajo pasamos a funcionar con nuestros derechos de trabajadores públicos --incluso de funcionario de AFE-- y la operadora podía tomar personal bajo el derecho privado”, añadió.
Según Cajigas, “no existe reglamentación opuesta para que convivan trabajadores pertenecientes al derecho público y derecho privado. Las autoridades quedaron de acuerdo y cada uno por su lado se comprometió a buscar soluciones jurídicas”.
La Unión Ferroviaria consultó a diversos constitucionalistas y textos sobre el funcionamiento de las paraestatales. “El presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, dijo que nos contestaba en una semana. En ese plazo nos respondió que ninguna de esas negociaciones se llevaría adelante y que debíamos pasar a Servicios Logísticos Ferroviarios, renunciando a nuestro derecho de trabajador público y el que no lo hiciera quedaría excedente”, relató.
El sindicato rompió el relacionamiento con el gobierno y argumenta “una negociación de mala fe, que además está expresamente prohibido en la ley de negociación colectiva”, y solicitó una entrevista con el ministro Rossi. Tras el encuentro, las autoridades que conforman el directorio “repitieron lo mismo, por lo tanto, se desató este conflicto. De hecho, el gobierno sabe que las asambleas generales votaron por unanimidad la negativa de pasar a la operadora de carga si eso significa el pasaje al derecho privado”.
Las asambleas efectuadas con la presencia de la totalidad de los maquinistas, enmarcadas en paros de 24 horas, se opusieron por unanimidad a la medida adoptada por el gobierno. “No queremos quedar excedentes, sino trabajar en el ferrocarril y si no lo hacemos en estas condiciones, entonces el gobierno tampoco podrá trabajar con Servicios Logísticos Ferroviarios”, precisó Cajigas.
El dirigente recordó que “en Uruguay, ni en UTU ni en la Facultad de Ingeniería existe la carrera de técnico ferroviario, por lo tanto, los maquinistas se forman en AFE. Esa formación junto al técnico de tráfico o controlero, lleva entre dos y cuatro años. Si esa empresa no se realiza en acuerdo con los trabajadores, es inviable y lo dijimos hace tres años”.

“UNA MENTIRA”
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó un préstamo de U$S 45 millones a Servicios Logísticos Ferroviarios, cuya responsabilidad será la ejecución de un proyecto enfocado a la recuperación del ferrocarril para el transporte de carga. La operadora deberá invertir en la compra de material rodante y un plan de rehabilitación de locomotoras y vagones, incorporación de tecnologías para planificación y control. Como contrapartida, Uruguay deberá invertir 11,5 millones de dólares adicionales.
Cajigas dijo que “es una mentira del ministro Rossi, quien nos aseguró que la CAF no le otorgaba el préstamo a Servicios Logísticos Ferroviarios si los funcionarios no renunciaban a sus derechos. Según el Ministerio de Economía, el préstamo no se otorga si la operadora no tiene personal, pero no obliga a que pertenezca al derecho privado”. Recordó que la presidenta de la entidad crediticia, Gladys Genua, “mantuvo su voluntad de firmar el préstamo hace unos meses atrás y el Ministerio de Economía se negó hasta que los trabajadores no renunciaran al ente”.
Actualmente AFE tiene alrededor de 800 funcionarios y la operadora necesita unos 300, al tiempo que parte de la plantilla se acogió a retiros incentivados. El 11 de junio se realizará en Montevideo una asamblea con la participación de los funcionarios del ente, con ómnibus disponibles desde diversos puntos del país, al tiempo que previamente asistirán a las movilizaciones organizadas por el Pit Cnt.
En la víspera se realizó un paro de 7 a 9, con asamblea en los Talleres de la Estación Paysandú y continuó en Salto, Algorta, eje de la Ruta 5, Río Branco, Minas y Nico Pérez.

NI UN SOLO ROLO
Entre el material rodante, el ente autónomo cuenta con unas 20 máquinas, las cuales no se utilizan en forma simultánea. Cajigas reconoció que en litoral del país “prácticamente lo único que se transporta es caliza, hay poco servicios de contenedores que fundamentalmente vienen de Rivera, arroz desde Río Branco, combustible de Ancap, clinker para la elaboración de cemento y algo de soja”.
El secretario general de la Unión Ferroviaria reconoció que el transporte de rolos se realiza en camiones en su totalidad. “No se puede hacer por AFE porque dejaron caer las vías. No tenemos vías entre Algorta y Fray Bentos por falta de mantenimiento y desde hace tres años se hace solo por camiones”, subrayó. Las vías en los ingresos a Nueva Palmira “no cuenta con una habilitación. Allí existe una vía cerca que se podría hacer si tuvieran la voluntad política para eso”.
En la actualidad AFE tiene habilitado el ramal que se extiende hacia Salto y lleva la remesa. “A partir de allí va hasta el puente y hace la conexión con Argentina. En su paso por Paysandú va hasta Algorta, Tres Árboles y en ese triángulo se accede a Rivera o Montevideo y si la vía estuviera en condiciones, se podría ir a Fray Bentos”, enumeró.

INVERSIONES “MAL HECHAS”
Según Cajigas, “inversiones serias en este organismo no se hacen desde la época de la dictadura, pero además, lo que se ha concretado hasta ahora se hace sin un programa. Se atiende lo que se va rompiendo y si se puede. Incluso algunas inversiones están mal hechas”.
El dirigente recordó que tardaron cuatro años para resolver la conformación de una sociedad, donde ofrecían el 51% de las acciones de AFE a privados y el 49% se quedaba el Estado uruguayo, “a empresas interesadas en reconstruir una vía y tener la concesión de los fletes. El sindicato argumentó la inviabilidad del proyecto y la ausencia de privados”.
Explicó que “cuando el Estado mueve un tren, beneficia al medio ambiente, ahorra en importación de combustibles y accidentalidad, además de permitir el desplazamiento de camiones de menor porte en las rutas. Esos beneficios se denominan externalidades y los empresarios privados no hacen favores al país con una inversión muy cara. Si los inversores invierten en arreglar las vías --que es lo más costoso-- se lo tienen que cobrar en un canon al flete que pase por encima y tardarán más de 30 años en recuperar el dinero. No lo hacen porque vienen a obtener una ganancia”, añadió. En este marco, el gobierno plantea reconstruir “tramos de vías a través de la participación público privada (PPP), cuyas licitaciones se encuentran abiertas y una de las primeras corresponde al tramo Fray Bentos-Algorta (unos 30 kilómetros). Por otro lado, nuestras cuadrillas arreglaron el puente sobre el Tacuarí que fue cortado porque no podía sostener el paso de los trenes y no se llegaba a Río Branco”.
En el 40% de los tramos de las vías ubicadas en esa ciudad del Este del país, “hay que andar a diez kilómetros por hora y no se puede acelerar porque los trenes descarrilan”, y en el caso de Paysandú “para transportar la caliza se debe transitar a 15 kilómetros por hora”, destacó. Según la Unión Ferroviaria, en AFE se han nombrado “durante mucho tiempo a jerarcas incompetentes que no tenían ni idea de lo que es un tren”.

SERVICIOS LOGÍSTICOS FERROVIARIOS
La operadora de carga se conforma por el 51% de las acciones de AFE, “es decir que el dueño es el Ministerio de Transporte y 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), o sea que el otro dueño es el Ministerio de Economía”, informó Cajigas. La empresa es de propiedad pública y el gobierno presiona para su funcionamiento bajo el derecho privado. “De esta forma se evitan todo tipo de controles (parlamentarios, presupuestarios y de inversiones, entre otros)”, precisó. Su directorio está compuesto por tres miembros, dos de los cuales corresponden al presidente y vicepresidente de AFE y el restante, perteneciente a la CND.