Paysandú, Lunes 08 de Junio de 2015
Opinion | 03 Jun Los cambios de gobierno tras toda elección, sean éstas nacionales o departamentales, traen consigo en primer lugar una etapa de transición, es decir la instancia en las que las autoridades salientes brindan información a las entrantes respecto a la situación administrativa del gobierno que sea, los proyectos en marcha y en perspectiva, y rinden cuentas sobre próximos compromisos y deudas en el corto, mediano y largo plazo, de forma de que quienes asuman el gobierno se hagan una composición de lugar y sepan donde están parados en el inicio de su gestión.
Las transiciones se dan de todo tenor, porque están por un lado las “civilizadas”, en las que se brinda la información requerida al detalle y a la vez no surgen consecuencias traumáticas al no registrarse “sorpresas” sobre el estado de las cuentas, como así también se registran situaciones ríspidas, con intercambio de acusaciones, lo que suele acontecer tras una campaña preelectoral en la que han abundado las acusaciones y los reproches mutuos.
Es una etapa en la que al igual que en el caso de las campañas electorales, hay que saber separar la espuma de la sustancia, porque suele darse el denominado “pase de facturas”, cuando quien asume suele subrayar que encuentra que las cosas estaban peores de lo que pensaba, y el saliente a su vez sostiene que se está “inflando” la situación, y que las cuentas están en orden.
Esta dicotomía es aplicable por regla general cuando se trata de partidos diferentes, porque cada uno quiere salvar su imagen y cuota parte ante la opinión pública, pero en cambio cuando se suceden administraciones del mismo partido, generalmente se trata de no hacer olas a menos que la cosa sea realmente grave, para salvar responsabilidades sin que la sangre llegue al río.
Bueno, en el caso de los gobiernos departamentales en varias intendencias que han cambiado de partido se está dando el escenario a que hacemos referencia, y entre una gama de situaciones aparece la de Salto como la más comprometida, luego de una campaña electoral de fuertes acusaciones y denuncias.
Pero sin duda el reconocimiento por la propia administración saliente de que no cuenta con recursos para el pago de dos meses de salarios a sus funcionarios y del medio aguinaldo, indica que la administración de los recursos distó de ser criteriosa, y que en cambio había una “calesita” de imprevisible desenlace.
En fin, el tiempo dirá hasta donde llegan los compromisos incumplidos, las deudas y las posibilidades reales de los ajustes imprescindibles, porque como en toda economía, incluso en el hogar, si se gasta o se contraen deudas por encima de las posibilidades, siempre habrá un final traumático.
Y prima facie, sin intentar entrar en terreno desconocido en cuanto a la gestión, aparece como un posible detonante del déficit en Salto el funcionamiento del servicio de transporte urbano municipal de pasajeros, es decir el equivalente de Copay en Paysandú, donde se vende el boleto a seis pesos con el argumento de que no solo se presta un mejor servicio social, sino que se genera una mayor demanda que permitiría obtener mayores ingresos para solventar los costos. Casi como descubrir la pólvora, por cierto, porque con este criterio la empresa cooperativa sanducera lo hubiera puesto en marcha hace rato en nuestro medio, y sería el mismo caso de Cutcsa en Montevideo, que en cambio solo subsiste gracias a un fortísimo subsidio del Estado, aun cuando tiene un boleto caro.
A ello debe agregarse el costo de la gestión a través de un municipio, que siempre es más ineficiente que la actividad privada.
Y ya ingresando en el plano nacional, pese a que el cambio de gobierno es dentro de un mismo partido, el hecho de que se trata de sectores diferentes que incluso estuvieron enfrentados en sus concepciones durante el gobierno de José Mujica, ha traído aparejado confrontaciones porque se pretende deslindar responsabilidades sobre la “herencia” que ha dejado al presidente Tabaré Vázquez la administración precedente.
Según da cuenta El Observador, los señalamientos de actuales jerarcas del Poder Ejecutivo acerca de la existencia de un caos administrativo y falta de información en el Estado, tras la salida del gobierno anterior, generaron molestia y sorpresa entre integrantes del gabinete del expresidente José Mujica y dirigentes del MPP. Mientras el vazquismo se adjudica que en su vuelta al gobierno se destina tiempo a poner la casa en orden, exjerarcas y legisladores oficialistas del ala mujiquista defienden su gestión y advierten que durante la transición no se les notificó ningún inconveniente.
Pero según informó el semanario Búsqueda, el presidente Tabaré Vázquez se quejó ante funcionarios de su confianza por tener que dedicar tiempo de sus primeros meses de gestión a “arreglar” el “caos” dentro de algunas oficinas del Estado. Búsqueda agregó, en base a fuentes oficiales de primera línea, que incluso falta información en determinadas áreas, y que se arrastran problemas licitatorios y de planificación de gastos.
Fuentes del Frente Amplio (FA) vinculadas al vazquismo dijeron a El Observador que esa situación se comenta entre jerarcas desde el inicio del cambio de mandato. En el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, se reagruparon los programas existentes que pasaron de ser alrededor de 30 a quedar en el entorno de los 15.
Uno de los informantes dijo que el objetivo del reagrupamiento es hacer más efectiva la gestión, pero la información causó malestar entre dirigentes de la primera línea mujiquista y generó un nuevo cruce entre esa corriente y el gobierno de Vázquez.
Ahora, más allá de que el caos administrativo sea de mayor o menor magnitud, lo que se procesará en lo interno tras los reacomodos de todo nuevo gobierno, hay un aspecto clave, que es el déficit de las cuentas públicas, y el ajuste fiscal en marcha, que durante la campaña electoral se dijo que no se iba a hacer de ninguna manera porque no había necesidad.
Pero seguramente los destinos del gasto importante se dilucidarán en el Presupuesto Quinquenal, donde realmente se podrá aquilatar hasta donde llega la voluntad política de cortar por lo sano.
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