CÁMARA INMOBILIARIA DEL URUGUAY SE REUNIÓ EN PAYSANDÚ

Locales | 06 Jun La Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU) realizó en Paysandú una reunión de directiva y un congreso de entidades asociadas, instancias en las que se trabajó sobre dos temas en particular. Por un lado, en la actualización de la ley de alquileres y, por otra parte, en la formulación de un planteo al Poder Judicial con respecto a los plazos de los trámites vinculados a la recuperación de inmuebles.
Con respecto a la actualización de la ley de alquileres, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Paysandú (Cimpa), Walter Garré, explicó que se pretende adecuar una normativa que tiene más de 40 años. “Tenemos tres clientes que tenemos que atender --el propietario, el inquilino y la garantía--, y de alguna manera también tenemos que ver el futuro comprador de la vivienda que se hace de interés social, principalmente, y a su vez la persona que hace un ahorro en ladrillo, que hoy por hoy debe ser de los ahorros más seguros. Entendemos que es el momento de ir viendo para poder generar una corriente de inversores, que principalmente en el Interior se logre que la gente invierta”, señaló. Por otra parte, Gabriel Conde, presidente de CIU, agregó que si bien ha sido un instrumento que ha servido, la ley de vivienda de interés social no ha llegado a los sectores que se pretendía beneficiar. “No apunta a la vivienda de interés social. Dentro de esa ley o en una ley aparte hay que establecer los beneficios que se pudieran dar para crear realmente ese tipo de vivienda, porque si bien es muy buena, es más que nada una ley de vivienda de clase media, o media un escalón hacia arriba. Esta ley vino a contemplar lo que, a mi juicio, hacía antes el Banco Hipotecario, o sea, un segmento de mercado en el que no se construyó en los últimos ocho o nueve años”, manifestó.
Conde se mostró partidario de mantener esta ley, pero complementarla y hacer un esfuerzo mayor para llegar a los sectores que se pretendía atender con la primera. “Tiene que haber alguna otra exoneración en la construcción para que los costos puedan bajar para contemplar a esa gente. Hoy si bien las exoneraciones son buenas y muy importantes, hay una franja de la población que no puede acceder y para que esa gente acceda a la vivienda social hay que tener más exoneraciones tributarias”, sostuvo. Con respecto al planteo hacia la justicia, Garré sostuvo que el problema es lo extenso de los plazos para llegar al lanzamiento de quien incumple con los alquileres. “Primero lo que se demora en llegar al desalojo y después, cuando llegás al desalojo, lo que demora el trámite para que efectivamente se recupere la casa”, dijo. Garré explicó que incluso es una situación que afecta al propio Ministerio de Vivienda, “que generó un fondo de garantía de alquileres y que tiene muchos arrendamientos que no le cumplen. Por lo menos la experiencia que tuvimos en nuestra empresa es que directamente el 90 por ciento no les cumplió y ha tenido que responder el fondo”. La misma situación también afecta a los particulares que han salido como garantía en arrendamientos inmobiliarios.
“Hay que tratar de ver, en el relacionamiento con la sede judicial, cómo podemos de alguna manera acortar los plazos para que estén dentro de lo que nos marca la ley y, si es posible, lo más reducido posible para que no sean perjudicados los propietarios”, explicó.