Opinion | 11 Jun Al transcurrir los primeros cien días de gobierno de la administración del presidente Tabaré Vázquez, se ha cumplido seguramente la primera etapa de la transición desde el gobierno anterior, que comprende no solo el tomar conocimiento directo de la situación del Estado, incluyendo las finanzas públicas, sino también la renovación de la gran mayoría de los cargos no electivos, es decir las designaciones de jerarquías en empresas públicas y organismos descentralizados, en una serie de áreas que van sumando centenares de cargos que en esencia deberían alinearse directa o indirectamente con la política de la nueva administración.
Y ya en funciones las nuevas autoridades, sigue el paso del diálogo, en respectivos ámbitos de comunicación y canales, con sectores representativos de la sociedad y el quehacer ciudadano, en su diversidad de áreas, con los responsables de la gestión de gobierno, de forma de tomar contacto con el país real y en lo posible explorar canales para “aterrizar” los programas que en el período preelectoral, los gobernantes electos habían transmitido como propuesta a estos grupos representativos.
En este contexto debe evaluarse, entre muchos otros contactos, la reciente reunión que protagonizaron autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social encabezados por Ernesto Murro, con delegaciones de los centros comerciales del Interior nucleados en la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), que representa específicamente al empresariado del Interior, cuya problemática, si bien se inserta en el escenario del país, tiene también elementos distintos a la problemática que presentan los empresarios montevideanos y del área metropolitana.
Este contacto a la vez resulta provechoso cuando el Uruguay y la región se encuentran en un período que podríamos denominar bisagra, cuando la economía regional, por un escenario internacional menos favorable, muestra signos de desaceleración o estancamiento y en algunos países de recesión, lo que presenta desafíos que hasta ahora no se habían manifestado en la última década, cuando la bonanza favorecida desde el exterior permitía disimular carencias y déficit crónicos que hoy reaparecen.
Por lo pronto, es una realidad que el país va a contar con menos riqueza para distribuir bien o mal –es de esperar que bien—y que en el caso del Interior, donde las empresas manejan volúmenes muy inferiores de actividad que en el caso de Montevideo, como regla general, hay otros parámetros de ingresos y posibilidades en la ecuación económica, que no se pueden incorporar a una realidad capitalina que tiene otro escenario.
Lo que sí es seguro, porque la experiencia así lo indica, es que la riqueza proviene del Interior, en un país de base esencialmente agropecuaria, y que es también desde el Interior que aparecen antes las situaciones que se van a trasladar luego a Montevideo.
En la crisis de 2002, como es notorio, advertimos desde el Interior que el país ingresaba en crisis, pero en Montevideo el gobierno nacional, distraído por la realidad capitalina, tardó en entender que ya al norte de Santa Lucía la recesión se había instalado y que era una señal inequívoca de que las cosas venían mal.
Todos sabemos la enorme crisis que vivió el Uruguay, y asimismo que desde el Interior se generó lentamente la recuperación que luego se afianzó en la última década, y precisamente ya en esta coyuntura, desde esta parte del país se están enviando señales sobre la degradación de la actividad económica, con directa incidencia en la salud de las empresas y consecuentemente en el caso de la actividad privada, con una problemática que afecta la estabilidad de la fuente laboral para miles y miles de trabajadores.
No se trata de ser tremendistas, sino realistas, y de asumir que si la actividad privada se estanca, todo el país se estanca, porque el Estado no genera riqueza y por el contrario, vive y funciona de lo que produce el tramado de la economía a partir del trabajo mancomunado de empresas y trabajadores, asociados en potenciar las unidades productivas, del tamaño que sean, en una alianza de mutuo beneficio, más allá de los estigmas, los eslóganes, las ideologías y las frases hechas que durante tanto tiempo se lanzaron para justificar utopías.
Ejercer la responsabilidad de gobierno no solo es tener presteza para salir con el balde para pagar incendios, sino tener la visión, el ingenio, la disposición para atender las señales que provienen de los sectores reales de la economía, tanto de adentro como del exterior, y sobre todo, actuar en consecuencia.
De la rapidez y la agilidad que se tenga para hacerlo, dependerá mucha de la suerte que sobrevendrá poco después.
Este margen no es muy amplio en el Uruguay, porque las prioridades no han ido para la generación de infraestructura ni para establecer un colchón de recursos que pudiera dirigirse al estímulo de sectores productivos y reducir además el déficit fiscal, que es del 3,5 por ciento del PBI, es decir elevado cuando venimos nada menos que de una época de bonanza, con recursos extra que debieron ser utilizados criteriosamente sin incrementar el gasto y mucho menos aún hacerlo rígido, porque lo que se puede más o menos sostener cuando la economía funciona bien, se torna en un pesado lastre cuando el viento cambia de dirección, como está ocurriendo.
Y forma parte de las respuestas que deben encararse, además de medidas propias de gobierno, el promover la capacitación de la mano de obra, el estudio, la formación en valores, la productividad, el respeto a las reglas en lugar de festejarse la “ocurrencia” de quien las viola.
Asimismo, el fomentar la cultura del trabajo en lugar de estimular el ocio pagando salarios fictos a quien sigue ajeno a vivir de su propio esfuerzo, como así también dejar de estigmatizar al empresario o a quien tiene éxito; dejar de promover la mediocridad y el pobrismo como si fueran una virtud, en lugar de generar condiciones para dotar de herramientas a quienes las necesiten a efectos de poder salir de la marginación por medios propios.