Opinion | 12 Jun Aunque hay situaciones deficitarias en varias intendencias departamentales, que quedaron al descubierto tras el acto electoral, durante el período de transición, es realmente un rara avis que haya una comuna con superávit o equilibrada, aunque por cierto es tolerable un déficit “manejable” en la gestión, si se tiene en cuenta que el leit motiv de un gobierno departamental no debe ser el empate porque sí o tener más dinero en caja, sino llevar a cabo la mejor gestión posible en beneficio de los ciudadanos del departamento, sin comprometer por ello finanzas por encima de sus posibilidades.
El punto es que en este escenario han quedado de relieve situaciones con endeudamientos desmesurados, sobre todo en el caso de intendencias que cambian de partido, porque precisamente estamos ante contenciosos políticos, donde hay pase de facturas y no necesariamente las que están con mayores problemas son las que quedan expuestas, sino que cuando se está en un proceso interno partidario se trata de minimizar las responsabilidades para evitar la crítica de la opinión pública.
En el caso de Salto se dan precisamente los dos extremos: aparece como la más comprometida por falta de caja y gran endeudamiento, y encima ha pasado a manos de otro partido tras la última elección, con el agravante de que el exintendente Germán Coutinho había quedado sobreexpuesto en la elección nacional, al integrar la fórmula presidencial de su partido. Peor aún: su supuesto éxito a la cabeza de la Intendencia salteña era el gancho de su candidatura y tomado como ejemplo.
Y si bien en el caso de su gestión, el intendente electo y Adeom Salto estiman que hay una deuda pendiente de no menos de mil millones de pesos, y en cambio la administración saliente considera que está entre los 600 y los 800 millones, debe convenirse que en cualquiera de los casos la gestión ha dejado un reguero de damnificados, incluidos los propios trabajadores de la comuna, proveedores, organismos estatales, entidades de distinta índole y empresas públicas y privadas.
Andrés Lima, el intendente electo, encaró una serie de gestiones en procura de apoyo financiero del gobierno central, pero se encontró con que en el Poder Ejecutivo se mira de reojo esta posibilidad, porque además abrir esta perspectiva significaría un antecedente inmediato para planteos similares, porque al fin de cuentas se estaría premiando a quienes han actuado desaprensivamente en desmedro de quienes han actuado con responsabilidad.
Consecuentemente el actual intendente, el colorado Manuel Barreiro y quien será su sucesor, han considerado alternativas para el déficit de la intendencia, algo para lo que se recurre a un crédito ante el Banco de la República, como manifestara Lima a EL TELEGRAFO.
El endeudamiento requiere del voto conforme de 21 ediles por lo que será necesario que el Frente negocie con ediles de los partidos Nacional y Colorado, en tanto el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, dijo en Dolores, donde sesionó el Consejo de Ministros, que una solución es cuestión de días y que se busca que sea integral y de largo plazo.
Según las versiones, el déficit de Salto oscila entre un mínimo de U$S 26 millones y un máximo de 44 millones, pero de acuerdo a integrantes del gobierno electo “todos los días aparecen deudas nuevas”, en tanto el rubro salarios demanda más del 80% del presupuesto.
Ahora, en mayor o menor medida todas las intendencias tienen sobredimensionado el rubro salarios y aparece como muy reducido lo que realmente interesa a la gente, que es el área de obras y servicios, precisamente el que debería ser el objetivo de los recursos generados por el pago de los impuestos municipales.
El gobierno nacional tampoco está en condiciones de arrojar la primera piedra, porque al cabo de más de una década de gestión, con la mayor bonanza de la historia, igualmente tiene un déficit fiscal del 3,5 por ciento del Producto Bruto Interno, se mantienen el déficit de infraestructura y por añadidura se han incorporado nuevos funcionarios en toda el área estatal y hay un gasto rígido desmesurado.
Debe evaluarse que en las intendencias, como en el Estado en general, hay muy escasa productividad de los funcionarios, cuyo número excede el necesario para funcionar y encarar obras, y que por lo tanto su común denominador de ineficiencia y baja calidad del gasto es lo que hace que los sectores reales de la economía deban seguir aportando enormes recursos para sostener la combinación gobierno-Estado.
Ahora, sin dudas hay una absoluta falta de transparencia hacia el ciudadano común respecto a los balances de la gestión en las comunas y el propio gobierno central, incluyendo a las empresas públicas, y eso contribuye a que se “descubran” estas cuentas tóxicas recién después de transcurrido el acto electoral, porque previamente había denuncias y desmentidos, así como contradenuncias, con claro interés electoral y de llevar agua hacia el molino propio, al punto que el ciudadano común no ha contado con elementos de juicio valedero para decidir.
El punto es que en mayor o menor medida, cada partido político tiene trapitos sucios para ocultar, y a la vez procura enmendarle la plana al otro, dejándolo mal parado y pagando los menores costos posibles. Y si no, para muestra basta un botón: en la Intendencia de Salto, con decenas de millones de dólares de déficit, cualquiera sabe que un agujero negro para las finanzas municipales es el servicio de transporte urbano municipal, que según Adeom Salto pierde unos dos millones de dólares al año, lo que hace no menos de diez millones de dólares en un quinquenio.
Sin embargo, el boleto es de solo seis pesos, en tanto el electo intendente solo está “pensando” si lo va a subir. Si no lo hace, simplemente mantendrá o aumentará el déficit, en lugar de asumir la realidad de la utopía del servicio en estas condiciones.
Es su decisión, naturalmente, tras la evaluación correspondiente, pero todo indica que de dejar las cosas como están, mal podrá endilgarle a su antecesor una responsabilidad que él tampoco quiere asumir, al dejar intacta una de las causas “cantadas” del abultado déficit, con la expectativa nada novedosa de que un préstamo permita seguir estirando las cosas unos años hacia adelante.