Nacionales | 11 Jun En los dos últimos años fueron suspendidos por espirometrías positivas casi 14.000 conductores, lo que implica un promedio de unos 7.000 inhabilitados por año.
En 2014 más de dos mil conductores involucrados en un siniestro de tránsito presentaron alcohol en su sangre por encima del valor establecido por la ley, que es cero para conductores profesionales --transporte de pasajeros y transporte de carga-- y de 3 decigramos por litro para conductores en general, informó El País.
Según el informe “Evidencia e implicancias del binomio alcohol-conducción en el Uruguay", presentado la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), “se puede apreciar un cierto patrón o estacionalidad del porcentaje de conductores con alcohol a lo largo del año, con valores mayores en el período entre noviembre y febrero”. En tanto, la mayoría de los conductores alcoholizados tienen edades que varían entre los 30 y 34 años y los 50 y 54 años lo que, afirmó el estudio, que evidenció que no es una problemática exclusiva de los jóvenes.
“Además se trata de un factor de riesgo claramente asociado al sexo masculino”, añadió el informe. El porcentaje de conductores con alcohol en hombres casi llega al 8%, mientras que en mujeres es del 2%.
En cuanto a cantidad de conductores inhabilitados, datos del Sistema de Suspensiones con registros de los dos últimos años (2013 y 2014), establecen que 14.000 conductores fueron suspendidos por espirometrías positivas. Respecto al porcentaje de conductores alcoholizados que participaron en un accidente de tránsito, en Montevideo es donde se registra el menor valor, con un 3,6%, según el informe. Durazno, Cerro Largo, Artigas, Lavalleja, Río Negro, Rocha, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó son los departamentos en donde se observan los valores más altos, que oscilan entre el 10% y más de 13%.

PROYECTO DE LEY DE CONSTANCIA DE VOTO
El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, presentó un proyecto de ley que apunta a eliminar la obligación de presentar la constancia de voto, así como también quitar las sanciones a quienes deben controlar dicho trámite, según informó El Observador.
Según detalló el senador en el documento, la normativa vigente “impone injustamente la carga” de presentar la constancia y responsabiliza a terceros --escribanos públicos, funcionarios públicos y empleados de empresas privadas-- del control de las mismas.
Mieres aseguró que la norma “establece prohibiciones muy graves” que a su vez implican “un castigo adicional, aún más gravoso, que la propia multa originaria”.
En ese sentido, hace referencia al impedimento que genera la falta de la constancia, como la imposibilidad de otorgar escrituras públicas, la actuación ante oficinas públicas, el ingreso a la administración pública, el cobro de dietas, sueldos, jubilaciones, pensiones y otros trámites. Señaló que la norma “sanciona con multas equivalentes a un porcentaje de su salario” al ciudadano, “completando un sistema notoriamente injusto y complejo”.
Con la intención de “simplificar el procedimiento y eliminar cargas injustas”, el proyecto establece que las intimaciones de pago previstas por esta ley sean realizadas por la Corte Electoral a través de oficinas departamentales. Una vez que el plazo de pago caduque, la autoridad electoral dará lugar al juicio ejecutivo respectivo para el cobro de la multa.
De este modo, en los 120 días siguientes a la ejecución del voto, la Corte Electoral deberá remitir la lista con los nombres de los ciudadanos que no votaron, no justificaron su ausencia ni pagaron la multa al Banco de Previsión Social (BPS), a las Cajas Estatales y Paraestatales, a las Oficinas Públicas, Registros Públicos y empresas privadas.
Otros 120 días después a esa entrega, el BPS y los demás organismos deberán descontar el monto correspondiente a la no emisión del voto del salario, jubilación, pensión, subsidio o cualquier otra suma que reciba la persona. Lo mismo harán las empresas privadas con su personal. Por otra parte, el proyecto apunta a expandir la aplicación de la multa a las personas que no voten en las elecciones nacionales, departamentales, plebiscitos y/o referéndum.

APROBACIÓN DE VÁZQUEZ ES DEL 52%
A fines de mayo y comienzos de junio, cuando se cumplen tres meses del inicio de la gestión de Tabaré Vázquez en su segundo período como presidente, el juicio del público sobre su trabajo tiene un tono ampliamente favorable.
Algo más de la mitad de la población (52%) aprueba su desempeño, una cuarta parte (24%) tiene opiniones intermedias (“ni aprueba ni desaprueba”), y un 14% lo desaprueba, mientras 10% no emite opinión al respecto. En saldo neto --aprobación menos desaprobación-- es de 38 puntos, según informó Subrayado. Tanto en marzo como en abril los niveles de aprobación a Vázquez oscilaron entre 50% y 52%, y los de desaprobación entre 14% y 15% en este primer tramo de la gestión.
En este contexto, Vázquez inicia su período con un nivel de apoyo importante. El 71% de los votantes del Frente Amplio lo aprueba --y casi no tiene desaprobación interna--, mientras que entre los votantes de la oposición los juicios están más divididos, pero mantienen igualmente un tono moderadamente positivo: 32% aprueba y 24% desaprueba. Sin embargo, la aprobación a Vázquez está hoy por debajo de la que tenía a la misma altura de su primer gobierno (65% a fines de mayo de 2005), y de la que tenía Mujica en el suyo (66% en mayo de 2010).
El estado de opinión al inicio del tercer gobierno del Frente Amplio es entonces distinto a los anteriores, por una sencilla razón: Vázquez es un presidente que repite gestión y, por eso, su “luna de miel” es menos intensa.
De hecho, sus niveles de aprobación se ubican aproximadamente en los mismos niveles de su registro de voto en noviembre (53,6% lo votó como presidente en la segunda vuelta, 52% lo aprueba hoy como presidente), es decir, Vázquez no parece tener un “apoyo extra” en sus primeros meses de gestión, como sí lo tuvo en su primer período.