Opinion | 13 Jun El jueves la central sindical Pit Cnt llevó a cabo un paro parcial con movilización para pedir un mayor presupuesto para la salud y la educación y mejoras salariales en el sector privado, y a la vez para plantear su rechazo al acuerdo TISA para liberalizar el comercio de servicios a nivel mundial.
Marcelo Abdala, uno de los coordinadores de la central, dijo a El País que “sabemos de las restricciones para ampliar el margen fiscal, pero hay que aguzar la imaginación y apostar a la inversión de las empresas públicas”. También consideró que puede estimularse la demanda interna con el sistema de compras del Estado. “Nosotros no estamos con tesis de irresponsabilidad fiscal”, señaló.
En realidad, se trató de un primer paro contra la nueva administración frenteamplista sin llegar a grandes impactos, pero de cara a la instancia presupuestal, es decir la elaboración de la ley presupuestal para el quinquenio de gobierno, y para la que hay plazo hasta el 31 de agosto.
Es un “ablande”, sí, pero es el inicio de lo que será la escalada de paros, movilizaciones, reclamos y planteos diversos dirigidos en la misma dirección, es decir ejercer el máximo de presión sobre el gobierno, de forma de obtener satisfacción a los reclamos de reivindicaciones salariales, en muchos casos con reclamos históricos, porque una vez cerrada la instancia presupuestal, ya no hay posibilidades de torcerle el brazo al gobierno.
Lamentablemente, los reclamos, si bien en su gran mayoría legítimos, no incluyen la asunción de responsabilidades en cuanto a lograr una mayor productividad o someterse a una evaluación de resultados, por ejemplo en la enseñanza, donde la calidad sigue cayendo y en ello mucho tienen que ver los docentes.
En cambio, se sigue mentando el número mágico del 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) como una condición sine qua non para la Educación, recursos que salen del esfuerzo en aportes de impuestos de todos los uruguayos.
No es poca cosa, sobre todo cuando hay un enfriamiento de la economía, con el envío de trabajadores al Seguro por Desempleo, reducción del horario de trabajo y consecuentemente de ingresos en el sector privado, de donde salen los aportes.