Opinion | 17 Jun A fines de mayo, los ediles del Frente Amplio y del Partido Nacional de la Junta Departamental de Salto no aprobaron un fideicomiso por 220 millones de pesos y la ampliación de un crédito por 100 millones de pesos, porque --con pleno ajuste a derecho-- no pueden pagarse sueldos con un fideicomiso, sino que este debe destinarse a obras y servicios.
Menos de un mes después, los mismos ediles aceptaron que la intendencia de Salto firme con República Afisa y con el Banco República un fideicomiso y un crédito que en total suman mil millones de pesos. La primera parte de ese monto será entregada a la administración que culmina para que pague los sueldos a los funcionarios municipales y el resto será recibido por el electo intendente, Andres Lima.
No hay dudas de la situación de extrema necesidad de caja que tiene la intendencia del vecino departamento, que no solamente no puede pagar los sueldos a sus funcionarios sino que tampoco puede comprar combustible para su parque vial. El problema es grande, sin dudas y por eso mismo hace una semana que los funcionarios están en paro y en las calles de la ciudad suman más de cuatrocientas toneladas los residuos domiciliarios, precisamente porque no hay servicio de recolección.
Pero, más allá de los problemas que afectan a todos los salteños, un fideicomiso hoy como a fines de mayo pasado no puede usarse para pagar salarios. No se trata que de acuerdo a la necesidad es cómo se puede torcer la legislación. No hay posibilidad legal alguna que un fideicomiso se use para gastos corrientes como el pago de salarios.
Puede si obtenerse un crédito bancario, aunque tampoco eso es lo aconsejable. Pero legalmente es posible y un camino de emergencia cuando se han tomado las debidas previsiones de ingresos y gastos que debe tener toda administración responsable.
Un fondo de emergencia del gobierno central era la mejor solución pero sin dudas ese camino no se siguió para “no innovar” y para que otras intendencias en el futuro no tengan la posibilidad de pedir algo similar.
Lo que se hará en Salto, si efectivamente ese dinero se usa para cumplir con los pagos a los empleados municipales, es poner en riesgo a la administración que viene, porque el monto entre fideicomiso y crédito es exactamente igual a lo que el intendente electo ha indicado es el déficit de la intendencia naranjera.
Los empleados tienen todo el derecho de cobrar en fecha y forma sus haberes, pero para eso no se debe incurrir en desconocer el marco legal.
Finalmente, si hay una manifiesta mala administración y si hay probable abuso de poder, entonces es tiempo que de una vez por todas se inicie el camino judicial para que quien mal obró tenga responsabilidad penal y pague. Ser autoridad pública no puede dar impunidad por el simple hecho de haber sido electo.