Opinion | 15 Jun Las cifras preliminares del Ministerio de Salud Pública indican que 32 adolescentes entre 15 y 19 años se suicidaron en 2014 y, de ese total, casi un 20% resultó víctima de acoso o bullying. Incluso por cada caso concretado, hay entre 10 y 20 intentos previos, según los técnicos.
Ocurre que los adolescentes que llegan a esta instancia no se sienten escuchados por sus padres, otros adultos minimizan sus problemas y tales situaciones terminan por socavar la confianza existente en pocas personas. El paso siguiente aparece en las estadísticas y posteriormente –y esto queda ausente de cualquier informe-- los sentimientos de culpabilidad en su entorno.
La tasa permanece en 15 suicidios por cada 100.000 habitantes y no se ha logrado descenderla. Los protocolos aplicados en forma tardía, la falta de equipos multidisciplinarios y recursos humanos en diversas áreas sanitarias y educativas, la desacreditación de un problema grave, junto a la falta de capacitación del personal que recibe a un sobreviviente pesan en los resultados.
En el contexto global, Uruguay se ubica séptimo entre 48 países y territorios pertenecientes a las Américas y se considera una de las tasas más altas de Latinoamérica. Sin embargo, las cifras no han sido movilizadoras en los ámbitos de decisión; de lo contrario, no se explican las razones por las cuales el país se encuentra atrasado en la formación de docentes capaces de detectar un riesgo potencial de estas características y actuar en consecuencia.
Las nuevas tecnologías que aportan una diversidad de utilidades y las redes sociales sirven también para sacar fuera lo peor del ser humano. Allí se nota la necesidad de venganza ante hechos que disgustan o se manifiestan en largas catarsis, donde es evidente la falta de diálogo en una sociedad que se acostumbró a conversar con las pantallas.
Es así que se naturaliza el ciberacoso, enmarcado en situaciones de violencia preexistentes que se tardan en solucionar hasta que el saldo se muestra en los números, en tanto a pesar de un aumento en el uso de estas herramientas, no se manejan programas o lineamientos técnicos que aborden el problema sino que está liberado a la buena voluntad de cada centro.
Y la comunidad hace lo que puede. En Cardona se realizó el viernes una marcha de vecinos preocupados por los cinco casos de autoeliminación constatados en un mes.
En estos casos, ni la legislación alcanza. La Ley 18.097 decretó que el 17 de julio de cada año se declare el Día Nacional para la Prevención del Suicidio, fecha en que las instituciones de diversa índole promuevan “información calificada y veraz” en su abordaje. El artículo tercero señala que “será obligatoria la capacitación del personal de la salud pública y privada, bomberos y funcionarios policiales en la atención de personas con señales de comportamiento suicida”. Parece que el brazo de la ley no alcanzó a tocar otros ámbitos educativos o sociales que deberán atenderse muchos antes que el problema no tenga solución.