Locales | 21 Jun La redacción del semanario coloniense El Eco volvió a estar completa, cuando el Juzgado Letrado de Carmelo devolvió las computadoras con los correspondientes archivos que había decomisado ante la denuncia efectuada por un abogado que decía representar a empresas de software, y aparentemente pretendía cobrar por su uso cuando en realidad cobraba “honorarios”, y no multas por tener software informal.
El caso comenzó a principios de año, cuando el abogado Fernando Couto se presentó en publicaciones, imprentas y arquitectos del interior del país, como representante de una cámara antipiratería de marcas de software, como Adobe, Corel o Microsoft, por ejemplo, cuyos programas son popularmente utilizados, y muchas veces sin contar con la licencia correspondiente.
El abogado pretendía --y lo logró en varios casos-- cobrar aparentes “multas” o “derechos de uso” al saber que había programas sin licencias en algunas computadoras. En muchas oportunidades logró su objetivo, con cifras que irían desde los 2.600 dólares hasta los 16.000 dólares en el caso de una publicación de Florida, pero en otros no tuvo suerte, como sucedió con El Eco, que se resistió a pagar la cifra que pretendía el abogado, cercana a los 20.000 dólares. El letrado decidió hacer una denuncia judicial penal y una jueza dispuso que la Policía retirara las máquinas que tenían el software sin licencia, y hasta una laptop particular de uno de los trabajadores.

LA NOTA DE ADOBE
En medio del proceso de demanda de pago del abogado, se dio a conocer una nota oficial de la empresa norteamericana Adobe Systems donde decía que no tenía ningún representante en Uruguay que estuviera cobrando por el uso de sus programas, haciendo obvio que el abogado actuaba por su propia cuenta. A partir de ese momento, el profesional reconoció que lo que le cobraba a quienes tenían ese software era por “honorarios”, y que nada tenía que ver con multas por informalidad.
El Eco le hizo una denuncia por estafa, y el abogado una contra denuncia por difamación e injurias. El martes, y de mutuo acuerdo, las denuncias fueron retiradas, incluso la del cobro de “multas” u “honorarios”, por lo que el semanario no pagó ningún monto al abogado y recuperó sus máquinas por orden de un nuevo juez, esta vez de Rosario, quien actuó en el caso ante el retiro de la jueza anterior.
“Hoy recuperamos las máquinas del Juzgado Letrado de Carmelo, y ya están en la redacción”, dijo a EL TELEGRAFO el director de El Eco, Daniel Roselli, destacando que “lo que más nos preocupaba eran los archivos, está toda la historia del semanario desde el inicio en 1992”. Indicó que “el martes el nuevo juez Ignacio Rivero, que vino de Rosario porque la doctora Facal se había retirado de esta causa, antes que declararan los testigos que llevamos (para la denuncia por estafa, directores de medios que sí le habían pagado ‘honorarios’ a Couto) preguntó si podía haber un acuerdo. Le dijimos que si era por todo, lo hacíamos, y que incluyera la denuncia por uso de software sin licencia y la de difamación e injurias y nosotros retirábamos la denuncia que le habíamos hecho al doctor Couto por estafa, porque la gente le pagaba honorarios profesionales sin saber que eran los honorarios del abogado. Hablaron los abogados y se llegó al acuerdo en que retiramos todas las denuncias, tanto penales como civiles, y nos devolvieron las máquinas”.

REFORMAR LA LEY
Si bien el caso para El Eco se solucionó --aunque otros pagaron miles de dólares--, Roselli opinó: “A nuestro juicio esto no puede seguir pasando. Hacemos un llamado a las empresas y al poder político para que esa ley que ha permitido hacer estos allanamientos e incautaciones a lo largo y ancho del país debe ser modificada. Nosotros logramos no pagar un peso y recuperar las máquinas, pero hay una luz de alerta sobre una situación muy irregular en nuestro país con este tema. Hay algo que está mal”.
“A nosotros nos iban a salir de testigos tres o cuatro personas de San José, Colonia y Rosario que pagaron entre 3.000 y 6.000 dólares. Había que ver las caras de desconsuelo de esta gente porque se dieron cuenta que pagaron mal, que no habían tenido que pagar eso que fueron los honorarios de un abogado que ellos nunca contrataron”, añadió.
En el caso del semanario, “pudimos solucionarlo porque contamos con la APU y otros medios que dieron difusión a este caso, que sensibilizó mucho. Pero me llamó alguien de Dolores que la semana pasada le pagó 2.600 dólares y no tiene posibilidades de hacer otra cosa, así como cobró 3.500 dólares a uno de San José y 16.000 dólares a un periódico de Florida”, aseguró Roselli.

DENUNCIA PENAL
Según pudo saber EL TELE–GRAFO de fuentes vinculadas al derecho, para hacer una denuncia penal no es necesario acreditar la representación de ninguna empresa o tercera persona. Por ejemplo, en el caso de suponerse que en determinado lugar hay computadoras de uso comercial que están utilizando software sin haber pagado la correspondiente licencia de uso, cualquier ciudadano puede presentarse a hacer la denuncia judicial, y el Juzgado, para probar técnicamente que se está cometiendo el delito de usar software “pirata”, puede decomisar preventivamente las computadoras a los efectos de confirmar mediante técnicos que el software utilizado es ilegal, y también para que la empresa inculpada no pueda borrar los programas y eliminar así la prueba del delito. Ese fue el caso con las máquinas de El Eco, que a esta altura, según dijo Roselli, ya están utilizando software libre para sus actividades.