Opinion | 18 Jun Con los votos de la mayoría frenteamplista, cuestionamientos sobre falta de garantías y advertencias de vacíos legales formuladas por la oposición, fue votada en Comisión de Hacienda de Diputados y se estaba tratando ayer en el plenario el proyecto de ley para cambiar el modelo de gestión del Fondo de Desarrollo (Fondes), una iniciativa que generó polémica y rispideces también hacia la interna oficialista.
En el caso de los sanduceros, esta instancia parlamentaria tiene lugar en un momento en que nuestra sociedad está en vilo por la situación de la exPaylana, ahora Tessamérica, que gestiona la cooperativa de trabajadores Cotrapay, y que ha recibido apoyo para autogestionarse a través del Fondes en procura de mantener la fuente de trabajo para una tercera parte de los extrabajadores de Paylana.
Y nos toca muy de cerca esta situación por cuanto no hay solución buena, sino menos mala, como en tantas opciones en la vida, porque si en su momento era traumático el cierre de Paylana, también lo es la incertidumbre que se sigue generando en el tiempo, por la suerte de un emprendimiento fabril emblemático para los sanduceros y el país. Volviendo al Fondes, debe señalarse que la mayoría oficialista descartó en la media sanción al proyecto incorporar una serie de cambios promovidos por la oposición en el sentido de introducir once aditivos referidos al contralor y a la precisión de funciones.
Es así que al diputado blanco Jorge Gandini le quedaron “dudas” sobre el proyecto, y señaló que “no se dice en ninguna parte qué es lo que va a pasar y quién se va a hacer cargo” de “los clavos” que existen, en relación a los proyectos en funcionamiento bajo la anterior estructura del Fondes.
“Una mitad del fondo la administra el Instituto Nacional del Cooperativismo y la otra mitad la Agencia Nacional de Desarrollo, que se creó hace seis años y el gobierno de José Mujica nunca la integró por no estar de acuerdo. Hace más de 100 días que gobierna Tabaré Vázquez y tampoco lo ha integrado. Ni siquiera es un esqueleto. No tiene funcionarios. No vino porque la nada no puede venir a comisión. Estamos aprobando una ley al galope. El apuro no sabemos de dónde viene”, sostuvo Gandini.
Por su lado, el presidente de la Comisión de Hacienda, el astorista Alfredo Asti, dijo a El Observador que los aditivos fueron presentados por la oposición fuera de la fecha estipulada. “El miércoles pasado ya habíamos resuelto hacer una sesión extraordinaria para votarlo, no para la presentación de los aditivos”, dijo el diputado Asti.
El proyecto del Fondes es uno de los nueve remitidos por el presidente Tabaré Vázquez al Parlamento el 5 de marzo. Tras un texto inicial que tuvo reclamos del MPP, los comunistas y el Pit Cnt, y con un cuestionado decreto en el medio, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Trabajo negociaron un camino intermedio.
El Fondes fue un instrumento creado en 2011 por el entonces presidente José Mujica para dar asistencia a proyectos productivos autogestionados por trabajadores y al que la administración Vázquez quiere orientar también hacia las pequeñas y medianas empresas, es decir darle un giro distinto al mecanismo de rescate y perfil asistencial que ha tenido hasta el momento y sobre todo discrecional por encima de análisis reales de viabilidad del emprendimiento en juego.
Lo acordado entre el gobierno y los legisladores del FA implica que, a futuro, el dinero que ingrese al Fondes se dividirá en partes iguales entre los proyectos autogestionados y los empresariales. Además, se establecerá que podrá destinarse a su financiación un mínimo del 15% de las utilidades anuales del Banco República.
Es difícil, cuando se está ante la posibilidad de darle un carácter distinto al Fondes, sustraerse al antecedente inmediato del perfil voluntarista que se dio al fondo durante la administración del expresidente José Mujica, con preeminencia de la ideología por sobre la buena administración de los recursos, sobre todo cuando se está ante la cercanía de elecciones, para no pagar costos políticos.
Ello explica que sin efectuar mayores estudios sobre la viabilidad de los emprendimientos se haya apoyado iniciativas autogestionarias condenadas al fracaso, como la de la fábrica de cerámicas Metzen y Sena, la imprenta Pressur --en la cual se dilapidaron 6 millones de dólares y cerró en poco más de un año-- y la Curtiembre El Águila, entre otros, que significaron que se volcaran decenas de millones de dólares en proyectos con escasa o nula sustentabilidad. Hay que tener en cuenta que a los gastos del Fondes se le debe sumar el juego que estas empresas hacen con el Seguro por Desempleo, que muchas veces va más allá de todos los plazos legales.
Es que mantener indefinidamente personas en el Seguro por Desempleo en determinados emprendimientos no solo implica gastar discrecionalmente dinero de los contribuyentes, como incluso ha sucedido con los funcionarios de la ex Pluna, sino que se hace sin término, y además se discrimina a los miles de trabajadores de otros emprendimientos que han debido pasar por el Seguro por Desempleo sin tener tantos privilegios.
El no tener un análisis real de sustentabilidad de las empresas autogestionadas, por motivos ideológicos en gran medida, ha significado para la Administración Mujica cumplir “el sueño del pibe”, es decir pasar emprendimientos empresariales a manos del colectivo, como en los regímenes socialistas, sin asumir que las más de las veces se va a un fracaso seguro por falta de capital, de mercado, de tecnología, de capacitación o de 'aggiornamiento' hacia lo que demanda el mundo.
Lamentablemente, estos sueños cuestan muchos millones de dólares en asistencia que sale del bolsillo de todos los uruguayos, y a la vez estira la incertidumbre a familias de trabajadores que presuntamente se benefician de fuentes de trabajo ficticios.