Locales | 21 Jun Desde la sociedad civil se acaba de presentar el anteproyecto de Ley sobre Asignación de publicidad oficial, tema que tiene un antecedente parlamentario en 2009, cuando firmado por cinco diputados (Gustavo Bernini, Eduardo Brenta, Jorge Pozzi, Javier Salsamendi y Carlos Varela Nestier) no llegó a considerarse en comisión.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), junto con la Fundación Friedrich Ebert (Fesur), reafirmó la necesidad de que Uruguay cuente con una ley que regule los procedimientos y criterios para el otorgamiento de la publicidad oficial, que actualmente queda en los medios de Montevideo en un 95%, en tanto solamente el restante 5% se vuelca a la prensa del Interior. Peor todavía, estudios más recientes indican que a los medios del Interior solamente les llega el 2,5% de lo que el Estado invierte en publicidad pública.
CAinfo y Fesur realizaron un foro público sobre “Regulación de la publicidad oficial”, en la antesala de la Cámara de Representantes, con la asistencia de periodistas, empresarios y representantes de partidos políticos. Allí, se presentó un anteproyecto de ley que servirá como insumo para que el tema comience a discutirse en la sociedad e ingrese formalmente al Parlamento.

MÍNIMO 30% PARA
MEDIOS DEL INTERIOR
El anteproyecto de Ley sobre Asignación de publicidad oficial consta de veinticuatro artículos, distribuidos en siete capítulos. Uno de los puntos centrales para los medios del Interior es el referido al 30% de la asignación que deberán recibir como mínimo. Ello se detalla en el artículo 10, que señala que “deberá destinarse --al menos-- un 30% del monto total asignado de la publicidad oficial de los organismos de alcance nacional en medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas de exclusiva realización y producción local que estén radicados en localidades del Interior, sean estos comerciales o comunitarios, y que tengan como área de servicio o distribución exclusivamente a dichas localidades”.
En otros aspectos del anteproyecto se establece que “la publicidad oficial es una herramienta de los organismos públicos para informar, comunicar y explicar a través de los medios de comunicación social respecto a los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos civiles de los beneficiarios o las personas en general”.
El proyecto, que pretende regular la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial, incluye a “cualquier organismo público de alcance nacional, departamental o municipal, sea estatal o no estatal --incluyendo a las sociedades anónimas de capital estatal--, en cualquier medio de comunicación social, servicio o plataforma de información y comunicación”.
En cuanto a los principios y transparencia, “los organismos públicos comprendidos en esta ley tienen la obligación de publicar en forma completa, permanente y actualizada en su página web” el monto presupuestado, plan de inversión y monto de inversión ejecutado. La transparencia actúa también para “los medios de comunicación que reciban publicidad oficial”, que “deberán publicar en sus páginas web información detallada que dé cuenta de los montos y características de la pauta publicitaria oficial recibida. De la misma forma, las agencias de publicidad y centrales de medios deberán publicar información detallada del destino efectivo de los dineros asignados por los organismos públicos contratantes”.
Sobre el mecanismo para asignar la pauta, se hace hincapié en que “el principio general para la asignación de publicidad oficial será el procedimiento de licitación pública”.
“Toda asignación de publicidad oficial deberá realizarse mediante resolución motivada del jerarca del organismo o quien ejerza facultades delegadas, indicando las disposiciones legales en que se funda y deberá contar con los informes previos de las áreas especializadas en asuntos jurídicos y comunicaciones, marketing o similar del respectivo organismo”, expresa el anteproyecto.
Finalmente, en cuanto a los controles, la propuesta crea un órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), dotado de la más amplia autonomía técnica, la Unidad de Asesoramiento para la Asignación de Publicidad Oficial (UAPO).

“UN TEMA DE DEMOCRACIA”
Martín Prats, presidente de CAinfo, fue claro al subrayar que la regulación de la publicidad oficial es un tema de libertad de expresión, al tiempo que también se trata de un aspecto que hace a la “transparencia de cómo el Estado permite visualizar la utilización de los recursos públicos. Por lo tanto, apunta a la calidad democrática”. Centrar la atención en “cómo los organismos públicos distribuyen la publicidad oficial es un tema de la democracia”, recalcó Prats.
Gustavo Gómez, consultor de CAinfo y especialista en temas de comunicación, destacó que el proyecto plantea regular toda la publicidad oficial de cualquier organismo público, no solamente del gobierno nacional, sino también gobiernos departamentales, entes autónomos, organismos estatales, incluso sociedades anónimas con capital público.
La iniciativa “alcanza a la publicidad oficial difundida en cualquier medio de comunicación o soporte, no es solamente para la radio, la televisión o la prensa, sino que tiene una llegada más amplia; incorpora Internet, cartelería pública y redes sociales”.
Aseguró que en la norma que se presentó durante el foro se determina con precisión qué debe considerarse publicidad oficial, que “no debe confundirse con subsidio”. Se busca “evitar que la publicidad oficial sea usada para premiar o castigar, según la línea informativa de los medios. Evitar discriminar a los medios comunitarios por el simple hecho de serlos, además de prohibir que tengan fines propagandísticos de gobiernos nacionales y departamentales o que sea utilizada para promover a funcionarios públicos para cargos electivos”.
Por otra parte, no solamente se hace énfasis en la transparencia del Estado, sino que plantea la “transparencia de los actores del mercado. Muchos de ellos son privados, pero, al recibir fondos públicos, deben informar acerca de su uso”, acotó.

GASTAR MEJOR EL
DINERO DE TODOS
Raúl Vernengo, de la Organización de la Prensa del Interior (OPI), destacó que, “por lo general, el gasto publicitario del Estado en prensa no refleja la realidad en cuanto a impacto y cantidad de lectores: la prensa montevideana se lleva más del 90% del gasto publicitario estatal y a menudo llega al 100%”.
Ese aspecto no obedece a una mayor lectura de los diarios y semanarios de Montevideo sobre los del Interior. Por el contrario, “las únicas mediciones disponibles muestran que, en prácticamente todos los departamentos del Interior del país, los uruguayos leen mayormente la prensa del Interior y no la que llega desde Montevideo”, agregó Vernengo.
Fue más allá al indicar que mientras se discute este anteproyecto de ley, “el Estado debería hacer cambios rápidos para remediar esta situación”. Aseguró que con eso “no pedimos privilegios para la prensa del Interior”, pero sí reclamar “una distribución que tenga en cuenta cuánto se lee cada periódico, y además que tenga en cuenta que, en localidades pequeñas, las personas leen (casi exclusivamente) la prensa local”.
“Aunque la venta total de ese periódico local (a nivel nacional) sea baja, la única manera de promocionar productos y servicios en esa localidad es a través de ese medio, que además suele tener tarifas publicitarias muy bajas”, acotó. Para Vernengo “no se trata solamente de una práctica de elemental justicia, se trata de que el Estado --que debe considerar la publicidad que contrata como una inversión que requiere de retorno-- gaste bien su dinero. O más bien, que el Estado gaste mejor el dinero que es de todos”.

APU APOYA EL PROYECTO
Daniel Lema, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), consideró que se “está en el momento justo para discutir sobre este tema”, ahora, en el comienzo de una nueva legislatura, para que “de una buena vez se regule en materia de publicidad oficial”.
Dijo que desde APU respaldan el proyecto presentado porque si no se “regula la publicidad oficial, se termina afectando la libertad de expresión”. Y agregó que si bien los mayores problemas en el tema están relacionados con organismos estatales nacionales, “también sabemos del peso que tienen las intendencias en el Interior del país a la hora de poner dinero en los medios”.
El representante de los trabajadores de prensa se mostró favorable a que los medios del Interior reciban al menos el 30% de la publicidad oficial.
Para nosotros es importante que los medios reciban más dinero porque cada dos años tenemos que sentarnos a negociar en los Consejos de Salarios con las empresas y tenemos una gran bandera que es que los trabajadores de los medios del Interior ganen como los de Montevideo”, indicó.

APOYO DE PARLAMENTARIOS
Del foro participaron Iván Posada, Pablo Abdala, Fitzgerald Cantero y el propio presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez. Todos comprometieron su aporte para que el tema tome estado parlamentario, pues consideran que es necesario legislar en la materia.
Sánchez agradeció a los organizadores por traer el tema al debate parlamentario y destacó la importancia que tiene que la sociedad civil se sienta en el Palacio Legislativo como en su casa y que pueda presentar propuestas concretas. Señaló como muy positivo este hecho que hace que los actores políticos busquen acuerdos y no se dejen tentar por defender o cuestionar lo actuado hasta el momento.
Adelantó que llevará el tema a la bancada del Frente Amplio y opinó que Uruguay ha avanzado muchísimo en estos temas y puso como ejemplo el acceso a la información, la asignación de nuevas frecuencias y el apoyo a las radios comunitarias, entre otros.
Desde la oposición también hubo un compromiso de buscar acuerdos, de integrar el tema a la discusión parlamentaria y de no partidizar la discusión, más allá de que en el momento del tratamiento en comisión cada uno expondrá sobre conveniencias e inconveniencias del anteproyecto propuesto.