Locales | 28 Jun La directiva del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) realiza una gira a nivel nacional para difundir los alcances de la nueva Ley Orgánica Policial que regirá a partir del 1º de enero de 2016, aprobada en el Parlamento con los votos de la bancada oficialista y sobre la cual presentarán un recurso de inconstitucionalidad.
En la sede gremial, los dirigentes plantearon tal posibilidad al abogado Federico Álvarez Petraglia, “en principio para mantener la sindicalización de los policías” en tanto “la nueva ley impide el derecho a huelga y viola nuestros derechos. Así se termina nuestra función y la posibilidad de participación de los socios”, señaló el vicepresidente del gremio, Alejandro Álvarez.
Explicó que “más allá de que la ley no impide la sindicalización, los efectivos no pueden hablar, movilizarse o manifestarse. Esto implica la presentación del recurso y habilitar un ámbito de negociación con el Ministerio del Interior”. Según el asesor, “la presentación es viable porque va en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores, establecidos en la Constitución de la República y no nos abre una puerta para la negociación. Reconocemos la existencia de limitaciones para las movilizaciones de los uniformados, pero no la prohibición de la huelga”, dijo Álvarez y anunció que comenzarán con “una campaña de concientización” entre los efectivos.
El presidente del sindicato, Roberto Cardozo, sostuvo que la ley se votó apresuradamente y contiene “arbitrariedades, mientras este gobierno se ha jactado de la defensa de los derechos humanos de los trabajadores. Si bien reconocemos que nos dio la libertad de sindicalizarnos, no nos da la libertad de expresión porque la nueva Ley Orgánica Policial prohíbe que saquemos a la luz todas las mentiras del Ministerio del Interior y las condiciones de trabajo de los policías”.
Según Cardozo, “lo más triste y lamentable es que un gobierno autodenominado de izquierda, viole este derecho humano fundamental, además de la Constitución. En este caso, el ministerio debió negociar, pero como es inepto e incapaz, al igual que el ministerio de Trabajo, nos llevó por delante”.
El dirigente precisó que “esa prohibición se enmarca en la necesidad de no denunciar los hechos de corrupción que ocurren en la Policía, ni la incapacidad ministerial que está de manifiesto en cada una de sus acciones. Nuestra preocupación es que esta decisión perdure en el tiempo”. Cardozo reconoció que el derecho a huelga de los funcionarios armados “debe establecerse con limitaciones, al igual que en la Salud, donde existe la esencialidad pero no la prohibición”.
Posteriormente se reunieron con el jefe de policía de Paysandú, inspector principal Alberto González, quien “manifestó que no hubo consultas a los mandos policiales, sino que se resolvió a puertas cerradas, se votó y en la actualidad quieren modificar algunos artículos a través de la Ley de Presupuesto. Nos quedan seis meses para su puesta en práctica o su declaración de inconstitucionalidad y para saber cómo comenzamos el 2016”, subrayó Álvarez.
El dirigente cuestionó los alcances de la iniciativa. “Estamos acostumbrados a una ley que tiene más de treinta años y ahora, de la noche a la mañana, tenemos otra nueva que no se ha difundido y requiere modificaciones en las estructuras internas, pero ni siquiera las jefaturas están en conocimiento de su funcionamiento”, aclaró.
Según el vicepresidente del SUPU, “tampoco se ha avanzado en las inspecciones a las cárceles para ver cómo trabajan los funcionarios --que es el tema más crítico-- y ni hablar de las dependencias policiales, donde faltan recursos humanos, equipamiento, con instalaciones eléctricas, sanitarias y de transporte en malas condiciones”.
Álvarez aseguró que se cuestionan los reclamos gremiales “porque sacamos a la luz estos hechos, pero alguien tiene que decirlo. Lamentablemente la situación de los policías que viven en el interior los desmotiva para trabajar” y denunció que “ya no hay respaldo ni para encarar un procedimiento”.