Opinion | 27 Jun En carácter de “paro preventivo” los gremios de la educación realizaron ayer un paro de 24 horas en reclamo de un incremento del presupuesto para el sector, ante el supuesto de que el gobierno no habrá de satisfacer el cien por ciento del pedido que formulan los sindicatos.
La ministra de Educación, María Julia Muñoz, consideró que le parece “un tanto prematuro” que los gremios de la enseñanza hicieran un paro este viernes porque “no hay apuro y el presupuesto se presentará en agosto”, y aseguró que “los sindicatos de la educación deben volver a pensar que es mucho más importante una jornada de reflexión con la participación de estudiantes y padres que dejar sin clases a los sectores más vulnerables del país que son los que tienen más problemas”.
Acotó que existen “los mismos plazos que en otras oportunidades, nadie está escondiendo nada, acá no hay ningún atraso, se está trabajando al ritmo que se trabajó siempre, no se va a instrumentar ningún cambio sin la participación de los docentes y de los gremios de la educación”.
Ocurre que este paro “preventivo”, es decir por las dudas, no es novedoso, y forma parte de la gran --y desmedida-- movilización que encaran los gremios de funcionarios públicos como regla general antes de la elaboración del Presupuesto Quinquenal de Gastos e Inversiones, de manera de ejercer presión temprana y un “ablande” del gobierno de turno para demostrar poder.
Como es norma, las movilizaciones acompañadas de medidas de fuerza vienen in crescendo y se terminan abruptamente el día que se apruebe el presupuesto a nivel parlamentario, cualquiera sea el saldo de los planteos, porque el tema queda liquidado.
Pero en este caso específico, los sindicatos de la enseñanza no tuvieron mejor idea que hacer un paro el viernes previo a las vacaciones de invierno, de forma de extender el período de asueto, es decir obtener una ventaja adicional en cuanto a los días sin trabajar y de paso lograr una mejor convocatoria, incorporando a quien pudiera tener alguna duda o a quien quisiera disfrutar de un fin de semana “largo”, lo que puede ser muy atractivo para quienes adhieren, pero hace dudar fundamentalmente de la autenticidad de la medida ante la opinión pública y mucho más aún de su pertinencia, por cuanto los grandes perjudicados son los estudiantes, sobre todo los provenientes de las familias de más modesta condición económica. Aunque claro está, la “solidaridad” para los sindicatos solo es importante cuando sirve a sus intereses.
Mientras tanto, en forma paralela a esta conflictividad presupuestal, y abonándose a las medidas “preventivas” ante el silencio del gobierno y las voces que advierten que una posible desindexación está en la mesa de conversaciones para el nuevo presupuesto, desde el Pit Cnt advierten que “un conflicto generalizado”, que una a trabajadores públicos y privados es una posibilidad para nada descabellada.
“Somos contrarios a la desindexación y ya estuvimos discutiendo el tema --dijo a El País el presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira--. Llegamos a resolver que en caso de que el Poder Ejecutivo insistiera en sus lineamientos con la desindexación, el movimiento sindical entraría en conflicto generalizado, de privados y públicos”. El líder de la central de trabajadores insistió en que están dispuestos a “hacer lo necesario para tirar abajo esa idea”.
En esta semana se dieron dos versiones distintas desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre el tema de la desindexación. Por un lado el secretario de Estado, Ernesto Murro, señaló que “de ninguna manera se está pensando en desindexar los salarios”. Pero por otro, el director de Trabajo, Juan Castillo, manifestó que mientras “desindexación es una mala palabra para el movimiento sindical, la mala palabra para el gobierno es el crecimiento de la inflación”, y señaló que ante esta realidad se va a “tener que evaluar o una cosa o la otra, o una medida entre ambas”.
Pues de eso se trata en gran medida, aunque es extraño escuchar esta reflexión sensata de Castillo, quien ahora está del otro lado del mostrador, porque alentaba este tipo de reclamos cuando era dirigente sindical, lo que da la pauta de que lo que se hacía era echar leña a la hoguera, sabiendo que se estaba ante una dicotomía a la que no se puede gambetear impunemente.
Y como no se puede estar en la misa y en la procesión simultáneamente, todo indica que esta es la postura valedera del ahora integrante del Poder Ejecutivo, y que lo que se hacía antes era simplemente pedir imposibles, o anteponer intereses sectoriales ante los de todos, porque cuando se hace oposición las responsabilidades se diluyen y a menudo se piden imposibles.
Por lo tanto, es difícil que la sangre llegue al río, por más que el Pit Cnt amenace con un “conflicto generalizado”; al menos lo seguro es que no estará Juan Castillo para organizar una marcha masiva hacia el centro de Punta del Este buscando poner en jaque al gobierno el próximo verano, como sí lo hiciera en plena temporada de 2002, durante la peor crisis económica de la historia en Uruguay, cuando el país apostaba al turismo para tratar de compensar las pérdidas de la corrida bancaria que se había disparado por el corralito argentino.