Opinion | 29 Jun “Eficiencia en la gestión. Estrategia a utilizar” es el nombre de un instructivo que lanzó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), donde en 37 páginas aborda la necesidad de racionalización y coordinación de los servicios públicos.
Es un verdadero hallazgo la definición de sus objetivos: “Una función pública con independencia técnica, con medición de méritos que surgen de la evaluación del desempeño, con capacitación a fin de lograr un servicio público de calidad eliminando la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y toda forma de parasitismo y corrupción”.
El manual señala que el presupuesto de cada empresa deberá actuar como un “instrumento” que controle las responsabilidades y un paso clave para evitar los números en rojo será la identificación de actividades deficitarias. En este caso, las empresas deberán detallar ingresos y costos, en tanto el apoyo a Rentas Generales o subsidios del Estado serán “fundamentales” para su evaluación.
Los directorios de los organismos deberán “obtener la rentabilidad suficiente como para sobrevivir”, con la aplicación de “medidas correctivas”, desde las rendiciones de cuentas que se entregarán anualmente para evitar un desequilibrio económico y la remisión dos veces al año a Presidencia de la información actualizada de sus resultados financieros.
El instructivo contiene precisiones de corte filosófico que apuntan a definir la necesidad de una evaluación en la maquinaria estatal. La OPP sostiene que “se hace lo que se puede medir” y si no se miden esos resultados, entonces “no se distinguen los éxitos de los fracasos” y “si no se pude determinar el éxito, tampoco se lo puede premiar”. Por lo tanto, “se premia el fracaso” que al no visualizarlo, se imposibilita su corrección.
Este manual, que aparece como prueba del desconcierto existente en el Poder Ejecutivo y el mal estado de las cuentas públicas, es prueba irrefutable de la existencia de acciones antiéticas desde lo más alto del gobierno hacia abajo. No hace falta un manual que defina las acciones propias del parasitismo o la ineficiencia, simplemente alcanzaba con acatar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, que a través de reiterados documentos le puso el ojo técnico a las decisiones poco claras que se adoptaron en diversas empresas.
O alcanzaba con crear comisiones investigadoras para evacuar dudas y temores ante resultados inciertos, que nunca se pudieron comprobar a causa de las manos de yeso que ocupan la bancada con mayoría parlamentaria.
Y con respecto a la corrupción, se debería establecer en el instructivo quién domina los límites para tan acostumbrada conducta, en tanto los balances de Ancap correspondientes a 2014 se otorgaron pasadas las elecciones municipales para que sus resultados no impidieran alcanzar nuevamente el poder.
O la preocupación que manifiesta ahora el ministro de Economía, Danilo Astori, por la contención del gasto público y la cautela que deberá regir en la conducta fiscal del Estado; tal como si no hubiese formado parte del gobierno anterior y desconociera la ausencia de propósitos de obras tales como el Antel Arena.
Este manual será de dudoso cumplimiento y aplicación, en tanto nadie será tan “gil” como para acarrerar el costo político que esto conlleva.