Opinion | 26 Jun El nuevo escenario internacional para nuestros productos primarios de exportación, que refleja una sustancial caída en los precios en buena parte de los commodities, ha tenido una repercusión particularmente negativa en el sector de los lácteos, el que con el viento a favor de la última década había dado lugar a un crecimiento sustancial de las colocaciones en el exterior, con buenos precios y a la vez generado una corriente inversora de firmas internacionales.
Pero a la vez este cambio en el panorama se ve agravado por el incumplimiento de compradores tan problemáticos como Venezuela, aspecto del que se ocupó en las últimas horas el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, quien anunció que se trabaja desde el Gobierno para compensar la deuda “de unos 70 millones de dólares” que tiene ese país con los exportadores uruguayos, a través de un intercambio por la deuda que mantiene Ancap por petróleo.
“El monto es de unos 70 millones de dólares. Básicamente son productos lácteos, hay otros como químicos y textiles. El Gobierno está trabajando en una comisión interministerial para buscar alternativas del punto de vista del saldo de la deuda a través de alguna compensación con la compra de petróleo que hacemos a Venezuela”, afirmó el canciller.
Pero a la vez para el secretario de Estado el problema con Venezuela es “una cuestión de competencia comercial” con Nueva Zelanda, que volvió a proveer al país caribeño de productos lácteos.
“Venezuela siempre se surtió de productos lácteos de Nueva Zelanda. Cuando Venezuela entra al Mercosur deja de pagar aranceles y en consecuencia Uruguay y Argentina se vuelven (sus) grandes proveedores de lácteos y ahí desplazamos un poco a Nueva Zelanda. Ahora Venezuela está trayendo productos neocelandeses, es una cuestión de competencia comercial”, consideró.
Lamentablemente, los incumplimientos debido a la anárquica economía venezolana, que ha expuesto poco de la mentada “solidaridad” latinoamericano- bolivariana al volver a comprarla a Nueva Zelanda, cuando aún debe 70 millones de dólares a los exportadores uruguayos, repercuten seriamente en la economía de nuestras empresas.
Y más allá de las “soluciones” que se logren con la nación caribeña, que no ha vacilado en darle un puntapiés en el trasero al Mercosur --al que ingresó por una vergonzosa arbitrariedad de los gobiernos izquierdistas de Argentina, Brasil y Uruguay, sacrificando a Paraguay--, nos encontramos con que la caída de los mercados y los predios ha dejado al desnudo serios problemas de competitividad de la industria láctea, que en su momento habían sido disimulados por los precios internacionales.
Es así que en las últimas horas, tras una reunión conjunta, las gremiales lecheras de todo el país remarcaron la preocupación que tiene la lechería uruguaya ante la crisis de precios y clima, mientras demandaron al gobierno que “acelere” la adopción de líneas de crédito específicas para poder seguir produciendo.
Mientras en el ámbito oficial se analizan algunas alternativas, las gremiales lecheras demandan “una línea de crédito a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para asistir a los pequeños productores ante la crisis financiera y que puedan cubrir sus necesidades básicas”. Es que el 27% de los productores de la lechería uruguaya son productores familiares.
Las gremiales denunciaron que con un precio de U$S 0,32 o U$S 0,33 por litro de leche producido, “los tamberos están trabajando a pérdida” y explicaron que con el cierre de Ecolat y luego de Schreiber Foods hay productores que a partir del próximo 1° de julio “no saben a dónde remitir la producción”. A la vez, hay 700 tamberos que están remitiendo leche y tienen sus números en rojo, sin poder cubrir las necesidades básicas.
A la industria lechera, las gremiales le pidieron que “haga el mayor esfuerzo para captar la leche”, aunque admiten que también pasan por dificultades de precios y de ventas.
Mientras tanto, el Gobierno, si bien expresó disposición al diálogo y a considerar paliativos para la situación, cargó sus baterías contra grupos lácteos extranjeros que se van del país, como es el caso de las empresas lácteas internacionales (Schreiber Foods y Ecolat), por no aceptar continuar trabajando a pérdida y cediendo a los requerimientos sindicales.
El punto es que ningún inversor viene al país para perder plata ni por solidaridad con el pueblo uruguayo, sino que exploran el mercado, las condiciones en que se puede sustanciar una eventual inversión, la tasa de rentabilidad en los escenarios posibles y un plan B en caso de tener que retirarse, porque no son fundaciones de beneficencia.
Quien debe establecer las condiciones precisamente es el país, el gobierno de turno y en lo posible con políticas de Estado, que reduzca vulnerabilidades y establezca reglas de juego claras. Y por cierto que poner más exigencias a las inversiones extranjeras solo puede asegurar que los capitales esquiven a Uruguay, porque si por algo llegaron –unas pocas—hasta ahora fue porque servía hacerlo; pero de seguro que nadie va a pagar para invertir acá.
Lo que sí es preciso, es establecer apoyo real a los emprendimientos productivos antes de que las crisis estallen, porque es costumbre en este país ignorar las señales y culpar a las empresas y los empresarios de alarmistas sin tomar medidas correctivas que se necesitan, hasta que ya no queda empresa para seguir exprimiendo. A más largo plazo, la solución pasa por reducir el costo país, pero es impensable por los costos políticos que eso supone.